Seis empresas han recibido casi 5.000 millones de ayuda gubernamental en forma de crédito
A casi 5.000 millones de pesetas asciende la suma de los créditos especiales otorgados por el Gobierno a empresas en crisis durante el presente año a través del Instituto de Crédito Oficial. Las operaciones han tenido como beneficiarios a seis empresas, la última de las cuales ha sido la metalúrgica catalana La Farga Casanova, a la que el Consejo de Ministros del pasado día 19 concedió 700 millones de pesetas. En todos los casos, el desembolso del crédito está condicionado al cumplimiento de los compromisos establecidos previamente con las partes, para la aplicación de un plan de saneamiento y recuperación de la sociedad.
La concesión de créditos especiales a empresas en crisis está prevista en la ley del Crédito Oficial. Cada operación tiene que autorizarla el Consejo de Ministros, y debe publicarse la orden ministerial correspondiente en el Boletín Oficial del Estado. El otorgamiento del crédito incluye también el compromiso, por parte del Tesoro, de sufragar las pérdidas que pudiera generar la operación a las instituciones del crédito oficial encargadas de la materialización del préstamo. Para las operaciones otorgadas este año, el Gobierno ha exigido a las partes (accionistas, financieros, acreedores y trabajadores) la suscripción de un compromiso que supone la aplicación de un plan de salvación de la sociedad. La filosofía de esta nueva modalidad de apoyo estatal a las empresas en crisis se fundamenta en el principio de repartir el esfuerzo y evitar que la salvación de las empresas en dificultades culmine inevitablemente en una socialización de sus pérdidas, a través de la habitual entrada en el Instituto Nacional de Industria (INI). Sin embargo, de las seis operaciones autorizadas en lo que va de año, dos han supuesto un ingreso paralelo, más o menos encubierto, de la empresa en el holding estatal.Desde principios del presente año, seis empresas han recibido apoyo crediticio estatal para evitar el hundimiento de su actividad. La primera operación fue la efectuada en torno a la empresa vasca de bienes de equipo y siderurgia Babcock Wilcox, a la que se otorgaron 2.200 millones de pesetas de crédito, tras una laboriosa negociación con las partes, culminada con la firma de un acuerdo de salvación, que, de hecho, supuso la entrada de la sociedad en la órbita del INI, a través de diversas participaciones suscritas por empresas del grupo (Maquinista, Hispanoil y Equipos Nucleares).
Posteriormente, el Gobierno ordenó concesiones de créditos a la sociedad textil Hytasa (300 millones), a Ceventor (150 millones), Echevarría (1.250 millones) y Soler Amirall (200 millones). En el caso de esta última empresa, se ha dispuesto también su paso al INI, a partir de una inmediata fusión con SKF sobre la que se viene negociando desde hace varias semanas. La integración de Soler Amirall en SKF choca, al parecer, con la oposición del accionista extranjero de la sociedad, que ha amenazado con desprenderse de su participación en caso de que se consume la incorporación.
Setecientos millones a La Farga
La última operación autorizada por el Gobierno es la que concede un crédito de 700 millones de pesetas a la empresa catalana del sector metalúrgico La Farga Casanova, dedicada esencialmente a la forja y estampación de metales. La concesión del crédito y las condiciones pactadas con las partes previamente fueron publicadas el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado. Las condiciones de plazo e interés de la operación no se especifican, sin embargo, en la correspondiente orden ministerial.En virtud del compromiso suscrito, los accionistas de la sociedad procederán a reducir el actual capital (750 millones de pesetas), al 50%, ampliándolo. Posteriormente en otros 750 millones. El accionariado de La Farga está dividido entre Astilleros Españoles (INI), con el 20%; Banco Industrial de Cataluña (Banca Catalana), 20%; Caja de Ahorros de Gerona, 20%; y el restante 40% en manos de diversas familias catalanas (Casanovas, Torras y otras). Los accionistas se han comprometido también a otorgar nuevos créditos por importe de 300 millones de pesetas, y reforzar las actuales líneas de descuento de papel comercial en 260 millones.
Por parte de los acreedores, se ha establecido una quita (renuncia al cobro), del 30% de los créditos otorgados y amortización de los vencimientos restantes en los próximos cuatro años, sin devengos suplementarios de interés. Asimismo, las entidades financieras con créditos ya otorgados se comprometen a refinanciarlos a un plazo de once años, con ocho de carencia y reducción de los tipos de interés al 7%. También se establece el aplazamiento de los pagos de las cuotasde la Seguridad Social y de las deudas impositivas al Ministerio de Hacienda.
La parte laboral ha adquirido el compromiso de limitar sus incrementos salariales al 4%, para 1980, y a mantener un criterio de moderación en 1981. Asimismo, se comprometen a establecer un plan de mejora en la productividad, disminuir el absentismo y adecuar el nivel de empleo a las necesidades reales de producción. También se ha aceptado la movilidad de plantillas.
Aunque no se conocen las pérdidas estimadas para el presente año, la facturación prevista alcanza los 3.500 millones de pesetas. En los dos últimos años, La Farga perdió en torno a los 200 millones de pesetas.
En los próximos cinco años, La Farga se ha comprometido a acometer un plan de reestructuración interna de la empresa, con una inversión proyectada de 2.500 millones de pesetas,
Este tratamiento favorable de créditos oficiales especiales no se aplica a cualquier empresa, sino que se tienen en cuenta las características del ajuste a que están dispuestos accionistas, trabajadores financieros y acreedores. En el caso de Aceros de Llodio, por ejemplo, la propuesta de plan de saneamiento formulada hace unos días por la dirección y los trabajadores, no ha sido considerada suficiente por el Gobierno, que ha rechazado, por ahora, conceder la ayuda de 700 millones de pesetas
