Reforzada la representatividad y autonomía del órgano de gobierno de la Magistratura
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados inició ayer el debate del proyecto de ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, según el texto elaborado por la ponencia, que mejora notablemente el del Gobierno y refuerza el carácter representativo y autónomo del máximo órgano rector de la magistratura española.La Comisión de Justicia, que en la primera sesión dedicada a la discusión de dicho proyecto de ley orgánica llegó al artículo 18 del mismo, aprobó casi por unanimidad el texto de la ponencia, sin introducir modificaciones, salvo una derivada de una enmienda comunista destinada a excluir al fiscal general del Estado como vocal de la junta electoral que debe convocar y organizar las elecciones para la constitución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El texto de la ponencia, sobre el que hubo ayer práctica unanimidad, es producto de previos acuerdos de los grupos parlamentarios más importantes, tendentes a hacer viable el primitivo proyecto de ley del Gobierno, ampliamente criticado en los medios más abiertos de la judicatura. La discusión del citado proyecto de ley orgánica era de urgencia política.
El texto de la ponencia ha conseguido encontrar una solución equilibrada a uno de los temas más delicados, cual es la proporción de los miembros del CGPJ en relación con las distintas categorías judiciales. El proyecto del Gobierno fijó una proporcionalidad que amplios sectores de la magistratura juzgaron como escasamente representativa. El texto de la ponencia, aprobado ayer, establece que las doce vocalías judiciales del Consejo General deberán ser desempeñadas por tres magistrados del Tribunal Supremo, por seis magistrados y por tres jueces, mientras que el Gobierno pretendía que lo fueran por un presidente de sala del Tribunal Supremo, por tres magistrados de este tribunal y por tres magistrados de tribunales inferiores, dejando tres vocalías libres para que pudieran ser desempeñadas indistintamente por unas u otras categorías judiciales.
Un intento de Coalición Democrática de reforzar el carácter jerárquico de la composición del Consejo General no prosperó, al estimar los restantes grupos parlamentarios que el texto de la ponencia combina adecuadamente los principios de representatividad y jerarquía propios del poder judicial.
Tampoco prosperó una enmienda comunista por la que se pretendía limitar las competencias del CGPJ añadiendo al artículo primero del proyecto de ley el párrafo «sin perjuicio de las correspondientes a los consejos territoriales». El representante del Grupo parlamentario Comunista calificó de «pintoresco» el hecho de que no fuera admitido dicho párrafo, precisamente al día siguiente de haberse celebrado los referendos vasco y catalán. Unión de Centro Democrático se opuso a la enmienda comunista por estimar que el único órgano de gobierno del poder judicial reconocido por la Constitución es el Consejo General, sin que sea constitucionalmente lícito proceder a su desmembración.
La próxima sesión de la Comisión de Justicia, destinada a proseguir el debate de este proyecto de ley, ha sido señalada para el miércoles que viene. En ella se abordará la discusión de los restantes artículos del proyecto, entre ellos los que regulan el derecho de asociación profesional de jueces y magistrados.
Sobre este tema persiste una fuerte discrepancia entre UCD y el PSOE, al mantener el primero de estos grupos la necesidad de que las asociaciones profesionales de jueces y magistrados sólo puedan constituirse válidamente si cuentan con la adhesión de, al menos, el 20% de quienes pudieran formar parte de las mismas. El Grupo Socialista, y con él los restantes grupos de izquierda, estiman que este porcentaje es demasiado alto y puede impedir en la práctica el ejercicio de un derecho reconocido en la Constitución.
