Cinco semanas para resolver el conflicto

La crisis del Ayuntamiento saltó inesperadamente el 14 de septiembre, cuando, en un pleno extraordinario, los concejales de UCD abandonaron el salón de sesiones por haber sido rechazada una enmienda propia a la moción del alcalde sobre la composición de las juntas de distrito. En esa enmienda, rechazada con el voto en contra del PSOE y del PCE, UCD quería introducir en el decreto la especificación de que el número de concejales fuera superior al de vecinos en cada junta.El decreto del alcalde decía simplemente que los siete vocales de cada junta podrían ser concejales o vecinos de «reconocido prestigio», y dejaba en manos de los tres grupos políticos el designar a unos u otros, según sus criterios. La argumentación ucedista se basaba principalmente en que son los concejales, y no los vecinos, los que ostentan la representación del pueblo madrileño. La ley Especial de Madrid, de 1963, único texto legal a este respecto, establecía que eran siete los vocales, tres concejales (de los tercios familiar, sindical o corporaciones) y tres vecinos, añadiendo que el nombramiento del presidente debería recaer, según el criterio del alcalde, en un concejal.

Al no sacar adelante su enmienda, UCD abandonó inesperadamente el pleno y dejó pendiente la votación de los presupuestos extraordinarios de Gerencia. En las dos ocasiones siguientes en que se convocó el pleno extraordinario para aprobar ese punto, los concejales de UCD no asistieron.

Desde entonces empezó un sinfín de negociaciones y contactos cruzados a todos los niveles, en los que participaron, de uno u otro modo, las ejecutivas nacionales de los tres partidos políticos. UCD exigía que se modificase el decreto para volver al salón de sesiones, y PSOE y PCE, por el contrario, manifestaban que antes de negociar la modificación los concejales de UCD deberían volver.

La dirección nacional de UCD apoyó la postura de sus concejales madrileños y la amenaza de la estatalización del conflicto estuvo latente durante casi dos semanas. El gobernador civil de Madrid medió en el conflicto, si bien PSOE y PCE desestimaron posteriormente su papel de árbitro. En estas circunstancias, y en una reunión celebrada en el Ayuntamiento el 11 de abril, se llegó al acuerdo inicial, según el cual se firmarían dieciocho decretos, uno por distrito, en los que se establecía que en cada junta habría cuatro concejales (uno de ellos, presidente) y tres vecinos, y que UCD aportaría mayor número de concejales que vecinos en relación con el PSOE.

En días sucesivos se llegó al acuerdo final, según el cual UCD aportaría 33 concejales y diecinueve vecinos; PSOE, veintitrés concejales y veinticinco vecinos, y PCE, doce concejales y diez vecinos. A cambio, UCD conseguía que una hora antes del pleno se firmaran los dieciocho decretos. (La firma se produjo una hora y media después del pleno, al parecer, por problemas de acoplamiento de los concejales y vecinos en las listas del PSOE.)

Durante los 35 días que duró la crisis, el Ayuntamiento y la Dirección General de Administración Local mantuvieron un largo intercambio de escritos, al final de los cuales este último organismo (que tiene capacidad para revocar las decisiones de los municipios) estimaba válidos los argumentos del preámbulo del decreto del alcalde, «que viene a llenar una laguna de la ley Especial de Madrid», y entendía que dicho decreto respetaba la normativa legal establecida.