Problemas de la seguridad ciudadana

Tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid (PSOE)La seguridad es un tema, sin duda, de la mayor importancia y para el que existe la mayor sensibilidad social, pero al que los poderes públicos no consiguen dar un tratamiento adecuado y eficaz.

A mi juicio, las carencias principales de la actuación pública se dan en tres órdenes: defectuosa conciencia cívica, insuficiente profesionalidad y exceso de mala burocracia. El proyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana, remitido por el Gobierno a las Cortes, si no experimenta importantes modificaciones, supondría muy seguramente el mantenimiento de estas deficiencias.

Es preciso ir convenciéndose de que la seguridades un problema colectivo. Todos estamos implicados y, cada uno en su esfera, tiene una responsabilidad que cubrir. Hasta ahora, las normas de seguridad más difundidas están orientadas a dejar hacer a los malhechores, para no caer en riesgos mayores -no resistir en los atracos, robos o violaciones- a fin de evitar lesiones o muertes. Es evidente que no se debe inducir a nadie a la temeridad, pero también es cierto que un entreguismo total es mucho más pernicioso para la seguridad colectiva. La tendencia debe cambiar. «No (somos) de un pueblo de bueyes... Nunca medraron los bueyes en los páramos de España», escribió un poeta-combatiente. Las facilidades y la impunidad hacen que se atrevan demasiados, con lo que los riesgos aumentan para todos. En los atracos bancarios, por ejemplo, la excesiva facilidad hace que entren en el «mercado del atraco» nerviosos aficionados, que suponen una peligrosidad mayor para clientes y empleados que los «profesionales preparados».

El ideal de algunos conservadores atemorizados -colocar un policía al lado o detrás de cada ciudadano- es de imposible e indeseable realización. El incremento numérico de los agentes de policía tiene un límite muy claro en la insuficiencia de recursos y también en la necesidad de una elevada formación profesional, que no permite una recluta indiscriminada. Debe pensarse que vigilar una puerta, o cualquier punto, de forma permanente requiere un mínimo de nueve hombres, que queden invalidados para otros servicios y, en su consecuencia, unos nueve millones de pesetas al año (dos hombres por tres turnos/día y correturnos para los días de descanso: en el coste entran salarios, equipos y uniformes y seguridad social). En muchos casos, los bienes para los que se demanda ese tipo de protección no valdrán tanto y deberán ser protegidos por medio de una vigilancia móvil, de objetivos múltiples. Lo mejor para la libertad y la economía es el incremento de la colaboración y participación ciudadanas, siendo requisito previo e indispensable para ello que desaparezcan los múltiples inconvenientes que se le presentan a quien actúa en auxilio o ayuda de los agentes de la autoridad. La lucha contra la delincuencia debe aliviarse de la carga adicional, y siempre molesta, de la lucha contra la burocracia.

No olvido, aunque lo soslaye en este momento, la necesidad de combatir las «causas sociales», que están en el origen de determinados tipos de delincuencia.

La preparación profesional es también defectuosa y preocupante. La formación fundamental -y casi exclusiva- que reciben los cuerpos uniformados de policía es de tipo militar -hacer la instrucción y conocimiento relativo de las armas-. Esta formación es, por un lado, insuficiente, y por otro, inadecuada. Los cuerpos de policía son todos de carácter cívico: es decir, no militar. Los policías tienen que tratar constantemente con los ciudadanos, dialogar con ellos y, en muchos casos, dar explicaciones. Es obvio que en la preparación militar no tiene por qué entrar ninguno de estos aspectos. Las funciones militar y de policía tienen una clara línea divisoria y es un grave error mezclarlas y confundirlas. El reciente cambio de uniforme de la Policía Nacional, aproximándolo -casi confundiéndolo- a los de las Fuerzas Armadas es una muestra de la concepción equivocada que predomina. Es muy conveniente para la sociedad, para la imagen de las Fuerzas Armadas y para la mayor eficacia policial que esta tendencia equivocada cambie.

Losproblemas burocráticos son el tercer gran mal de nuestra organización de la seguridad. En estos momentos actúan en nuestro país los siguientes cuerpos de policía:

- Cuerpo Superior (policía gubernativa y judicial, investigadores y detectives).

- Policías forales o de diputalicía Armada o guardias de asalto).

- Guardia Civil (fronteras, policía rural, tráfico y otros).

- Policías forales o de Diputación (Alava, Barcelona, Navarra).

- Policías municipales (todos los municipios importantes la tienen, con uniformidad y reglamentos distintos en cada lugar y sin ninguna coordinación entre sí).

- Policía Militar (una por cada ejército, ejerciendo también ahora funciones de custodia y vigilancia de varios lugares públicos y edificios no militares).

- Se nos anuncian policías de las comunidades autónomas.

No es necesario insistir en los inconvenientes -hay sucesos muy desgraciados recientes- que presenta esta «desorganización» policial; las competencias son concurrentes y paralelas, hay cosas que tratan de hacer todos y otras en las que surge el consabido «peloteo» y termina por no hacer nadie. Por eso se dan, al mismo tiempo, el despilfarro y la insuficiencia de medios. Una clara consecuencia: los cuerpos de policía deben reducirse en número y las competencias atribuirse de forma clara, sin repeticiones, sin intromisiones y sin lagunas.

Lo ideal sería un solo cuerpo de policía encargado de la pequeña delincuencia, de los problemas de circulación y de la presencia y vigilancia en la calle, que dependiera administrativamente de las autoridades locales, junto a un cuerpo de policía supralocal para la persecución del delito organizado o de ámbito mayor. Tanto los agentes uniformados como los detectives o investigadores deben pertenecer al mismo cuerpo -aunque a grados o especializaciones distintas-, pues no se ve la razón de eficacia para que estén en cuerpos distintos, con mandos y formaciones diferentes. Esta organización policial debería estar completada, seguramente, con un cuerpo paramilitar, de intervención, para tumultos de envergadura, sediciones, revueltas o acontecimientos de tipo grave. Este esquema sencillo, y sin duda discutible, pienso que permitiría afrontar con mucha mayor eficacia los acuciantes problemas de seguridad con los que se enfrenta una sociedad industrial, como la española, de nuestros días.