Los antiguos colonos de Guinea pueden llevar al Estado español ante los tribunales
El principal grupo de españoles damnificados por la dictadura de Francisco Macías acordó, en el curso de tres recientes juntas de la entidad que les agrupa, negociar con el Gobierno español una fórmula que les permita resarcirse del daño causado por la falta de protección diplomática. De no hallarse una fórmula de resarcimiento antes de final de año, los afectados recurrirían judicialmente en contra del Estado español. La cantidad total en litigio se situaría entre los cinco y seis mil millones de pesetas.
El principal grupo de antiguos colonos españoles en Guinea Ecuatorial se agrupa en la sociedad civil Comunidad de Españoles con Intereses en Africa (CEIA), creada en 1971. La integran 431 personas, físicas o jurídicas. En su mayoría son antiguos empresarios agrícolas, profesionales y altos cargos de empresas privadas.Las cantidades reclamadas por este grupo se sitúan por encima de los cinco mil millones de pesetas, a las que deberían agregarse los derechos de personas no integradas en la sociedad e igualmente lesionadas por el proceso descolonizador de Guinea Ecuatorial y la dictadura de Macías.
La fijación de estas cantidades se ha establecido de forma muy aproximativa, o haciendo una comparación, con otros procesos descolonizadores. Se basa en el valor de las propiedades perdidas en el momento en que fue causado el daño y no tiene en cuenta el lucro cesante.
Representantes de la sociedad CEIA mantuvieron en los últimos meses tres reuniones con el director general de Coordinación Administrativa, en la presidencia del Gobierno, y otra con Pedro Aguirrebengoa, director general de Asuntos para Africa del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Las fórmulas de resarcimiento propuestas son varias: indemnización en metálico, compensación con entrega de títulos liberados, concesión a título gratuito de tierras y constitución de sociedades mixtas para el comercio entre Guinea Ecuatorial y España. En cualquier caso, los damnificados españoles requieren la responsabilidad del Estado español, el cual debería intervenir directamente en la solución. Queda, pues, excluida, por parte de CEIA, la negociación directa y sin presencia del Estado español con los nuevos dirigentes ecuatoguineanos, por considerar que, por parte española, se incurrió, en su día, en responsabilidad, al carecer los empresarios españoles de la necesaria protección diplomática.
Propietarios e industriales
La mayoría de los afectados son antiguos grandes propietarios agrícolas. Poseían en propiedad plena explotaciones de cacao y café. Figuran también algunos empresarios madereros, quienes, no obstante, no eran propietarios, sino sólo concesionarios, de las fincas, si bien resultaron perjudicados, en cuanto que perdieron los nstrumentos de producción y toda una compleja infraestructura de almacenes y carreteras.Las propiedades agrícolas de los colonos españoles habían sido adquiridas al propio Estado español. La Administración española subastaba los terrenos, que eran adquiridos por el mejor postor, quien entregaba el montante de la puja al Tesoro. Transcurridos cinco años, y después de que la Administración comprobase que aquel terreno era, efectivamente, explotado, la propiedad quedaba definitivamente en manos del comprador. Tras la subasta, el título de propiedad era provisionalmente inscrito en el Registro de la Propiedad y, después de pasados los cinco años, la inscripción se convertía en definitiva. Curiosamente, el registro de la propiedad de Guinea Ecuatorial se salvó en los desmanes de Macías, y todo ello puede ser perfectamente acreditado (en cualquier caso también acreditarían la propiedad las correspondientes escrituras de venta).
La conversión de la actual Guinea Ecuatorial en dos provincias españolas, por ley de 30 de julio de 1959 y decretos de 31 de marzo y 7 de abril de 1960, estimuló las inversiones de los colonos españoles, onvencidos de que aquella formulación implicaba una garantía real. Pero ocho años después -el 12 de octubre de 1968- España daba la independencia a Guinea Ecuatorial.
Proceso descolonizador
No existió un período transitorio -que ha caracterizado a otros procesos descolonizadores- capaz de haber permitido prever la futura situación jurídica de los españoles en el país independizado, así como sus relaciones con la antigua metrópoli. Tampoco hubo ningún tratado internacional que regulase la sucesión de Estados, explican los antiguos colonos, sino que se produjeron únicamente actos unilaterales del Estado español.Los males se iniciaron, según los afectados, con los acontecimientos de marzo de 1969, que llevaron a la dictadura de Macías, al tiempo que invalidaban la presencia efectiva de España en Guinea Ecuatorial. Desde aquella fecha la inseguridad de los españoles en Guinea Ecuatorial fue absoluta. Ello implicó una rápida huida de todos los colonos, con el correspondiente abandono de todas las propiedades, que desde entonces han estado abandonadas por completo.
En la conferencia constitucional destinada a establecer la independencia de Guinea, reunida en Madrid en 1968, no hubo ninguna referencia clara a los derechos de los extranjeros residentes en Guinea, según los afectados, condición que con la independencia adquirían los colonos españoles.
