El proyecto de ley sobre divorcio de UCD afectará a los matrimonios canónicos

El secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional, Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona, adelantó ayer algunas de las características del proyecto de ley de divorcio que el Gobierno remitirá próximamente al Parlamento. El señor Ortega, que participó en nombre de UCD en el coloquio sobre el divorcio organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, manifestó que el divorcio que proyecta el partido del Gobierno afectará a todo tipo de matrimonios, incluido el canónico, y que la separación previa podrá obtenerse por mutuo consenso entre los cónyuges.

Juan Antonio Ortega enumeró, al principio de su intervención, las cuatro coordenadas que, a su juicio, deben enmarcar el problema de la regulación legal del divorcio desde el punto de vista de UCD. En primer lugar, la referencia a la Constitución; en segundo lugar, el programa electoral de UCD; en tercer lugar, la situación de la opinión pública ante el tema y, finalmente, la solución que han dado a este asunto los países europeos. Al referirse al tercer punto, el señor Ortega anunció algunos resultados de diversas encuestas realizadas sobre el tema. Según estos resultados, un 25% de la población española es radicalmente contraria al divorcio y lo considera como una ofensa a su conciencia; otro 25% es radicalmente favorable al divorcio, y un 50% es favorable a la regulación del divorcio, pero con determinadas cautelas y restricciones. Refiriéndose a la regulación del divorcio en los países europeos, el señor Ortega resaltó el abandono que se está produciendo últimamente en sus legislaciones del divorcio-sanción, para pasar a reconocer el divorcio por mutuo consenso.Posteriormente, el secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional enunció los aspectos fundamentales del divorcio que proyecta UCD. En primer lugar, manifestó que este tema se abordará dentro del paquete legislativo sobre protección de la familia. Por otra parte, el divorcio que se proyecta constituye una medida general que afecta a todo tipo de matrimonios, incluido el canónico, ya que la no inclusión de éste constituiría una discriminación. El señor Ortega manifestó que el proyecto de ley del Gobierno no va a contemplar un divorcio-sanción al estilo clásico, aunque el divorcio no podrá obtenerse instantáneamente. El mutuo acuerdo de los cónyuges sólo servirá para la previa separación, pero no para el divorcio propiamente dicho, en el que la mera voluntad de las partes es insuficiente.

Se trata, concluyó el señor Ortega, de un divorcio-remedio para matrimonios en situación de ruptura irreversible, en el que el arreglo es imposible. Para constatar este extremo, se exigirá la existencia de separación previa consensual mediante el compromiso previo de los esposos y conseguida mediante sentencia. Sobre el período que debe durar esta separación previa, el secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional no aportó ningún dato, aunque manifestó posteriormente en el coloquio que este período será más corto cuando la separación sea consecuencia del mutuo consenso homologado judicialmente o de una sentencia judicial, si ha habido proceso, y más largo cuando se trate de separaciones de hecho.

El diputado socialista Félix Pons enumeró los puntos de fricción más fundamentales entre el proyecto socialista de divorcio, cuya toma en consideración fue rechazada en la Comisión de Justicia del Congreso, y el proyecto que prepara UCD. En primer lugar citó el punto referente al ámbito de aplicación de la ley del divorcio y reconoció que, al parecer, se había llegado finalmente a la coincidencia de que afecte a todos los matrimonios, cualquiera que sea su situación y el tiempo en que se efectuaron. El ponente socialista se centró a continuación en el punto fundamental que separa no sólo al proyecto socialista, sino también al comunista, del proyecto del Gobierno, es decir, el divorcio por mutuo consenso. Según el señor Pons, no recoger esta causa es «caer de lleno en la ficción y la hipocresía».

Josep Barberá, en nombre del Partido Comunista de España, negó que fuese una frivolidad hablar ahora en España de divorcio, ya que este tema afecta a muchísimas parejas que sufren y están pendientes de que se les ofrezca un cauce legal para resolver su situación. El diputado comunista insistió también en que una auténtica ley del divorcio debe moverse en el ámbito del mutuo consenso, ya que las otras fórmulas obligan a los contrayentes a enfrentarse en un proceso contradictorio. «Ellos deben decidir porque son los que conocen las razones de su decisión y deben plantear su situación al juez. Este, naturalmente, les exigirá un período de reflexión, que nosotros consideramos puede ser de seis meses. »

La intervención de Félix Pastor Ridruejo, presidente de Alianza Popular, aunque conservadora en los principios, como él mismo confesó, fue moderadamente aperturista. El señor Pastor Ridruejo resaltó que el matrimonio, una vez surgido a la realidad social y jurídica, trasciende la voluntad de las partes y se institucionaliza. Reconoció que la regulación del divorcio con la existencia de un culpable crea graves problemas, aunque a veces es inevitable que el divorcio sea el resultado de una contienda.