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Tribuna:

Justificación municipal a una campaña electoral

La historia -la larga historia-administrativa del centro comercial de La Vaguada del barrio del Pilar ha concluido: el centro será construido y los vecinos que aún se oponen a ello -una mínima parte en comparación con los que lo hacían hace tan sólo dos años- seguirán protestando. Normal.El Ayuntamiento, el nuevo Ayuntamiento democrático, ha tenido que permitir que el centro se construya. En caso contrario, habría tenido que expropiar los terrenos, lo que le hubiera supuesto un desembolso que ayer ya se calculaba oscilante entre los 2.500 y los 4.000 millones de pesetas. Normal.

Hasta aquí la historia es perfectamente normal. Lo que ya no parece tan normal es que los nuevos munícipes salidos de las urnas del 3 de abril anuncien a bombo y platillo, nada más hacer su entrada en la Casa de la Villa, que van a suspender temporalmente la licencia de construcción del centro, aunque poco después se dijera que no era más que un aplazamiento temporal del comienzo de las obras.

Normal era también que los miembros del nuevo Ayuntamiento reclamaran su derecho -y así lo hicieron- a poder estudiar el tema a fondo. No habían participado en la resolución tomada por el anterior Ayuntamiento y querían poder tomar su propia decisión.

Pero los propios medios de información ya habían pronosticado el final que ayer fue anunciado oficialmente: habida cuenta del coste de una posible expropiación -aparte del agravio comparativo, como le llamaba el propio Alonso Puerta- y de la necesidad real de construcción del centro, éste iba a terminar por construirse. ¿A qué, entonces, asegurar en notas no oficiales y oficiales que se iba a suspender la licencia ya concedida, que se iba a proceder a una consulta popular y que se iba a forzar a la empresa promotora a financiar el centro cívico, responsabilidad municipal?

Pero esos tiros que, en principio, no parecían tener objetivo fijo, podrían tenerlo y muy concreto: el PSOE hizo unas promesas electorales de frenar la construcción del centro comercial, por mucho que el señor Barrionuevo diga ahora que no. Al llegar al Ayuntamiento, se encuentra con que no puede hacer nada. Solución, quedar bien. Se le suelta una nota a la prensa y se demora en tres meses la construcción. Al final, todo queda como al principio, pero el partido deja su responsabilidad a salvo. «Hicimos lo que pudimos», dirán en la próxima campaña electoral.

Y el PCE, que casi se entera por los periódicos de la decisión, no tiene más remedio que entrar en el juego, pues, de lo contrario, peligraría muy seriamente su pacto municipal con el PSOE y, con él, el gobierno municipal de esta ciudad durante cuatro años.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 28 de septiembre de 1979