Los vendedores ambulantes piden un lugar en la calle

El total desacuerdo existente entre los comerciantes establecidos y los vendedores ambulantes fue puesto ayer de manifiesto, una vez más, en el curso de la reunión que se celebró, a instancias del Ayuntamiento de Madrid, para estudiar el proyecto de ordenanza municipal que ha de regular la venta callejera.La reunión, que se prolongaba a la hora de cerrar esta edición, sólo sirvió para entablar constantes duelos dialécticos entre los representantes de los comerciantes y los de los vendedores ambulantes.

Nota destacada de la reunión fue la retirada de los representantes de CEPYME, que se consideraron «informalmente invitados», porque la invitación por escrito para la asistencia a la reunión les había llegado con retraso. Los representantes de CEPYME consideraron además que la reunión era tal como había anunciado el Ayuntamiento, puramente informativa, por lo que ellos se retiraban, ya que deseaban que la comisión formada tuviera carácter deliberativo y decisorio. Por otra parte, varios miembros de CEPYME hubieron de quedar a la puerta de la Casa de la Villa, ya que sólo estuvo permitida la asistencia de un representante por cada una de las asociaciones invitadas.

Los vendedores ambulantes defendieron, en el curso de la reunión y durante varias intervenciones, su derecho a vender en la vía pública, para lo que llegaron a citar un texto legal: la ley General Tributaría. Basados en ella, los vendedores ambulantes aseguraron que su tipo de comercio es «tan legal como pueda ser el de los establecimientos del comercio sedentario» y calificaron de falsa la aseveración de que exista, por su parte, competencia desleal y que no se paguen impuestos. En el mismo razonamiento, los vendedores ambulantes incluían el hecho de que para ellos la repulsa de los comerciantes establecidos debería ir contra «los hipermercados y las multinacionales».

Postura intermedia fue la mantenida por el representante de los joyeros y plateros de Madrid, que consideró como «lícita» la venta ambulante; sin embargo, pidió que esa legalidad estuviera condicionada, aunque sin asegurar en qué forma.

Las posturas más drásticas que se dieron durante la reunión, aparte de la esgrimida por CEPYME, fueron las expuestas por la asociación de comerciantes La Única y la Cámara de Comercio. Ambos representantes defendieron ante los reunidos una impugnación total al proyecto de ordenanza, ya que consideraban el tema suficientemente regulado por la legislación vigente. La Cámara de Comercio llegó a anunciar la presentación de un recurso, en el caso de que la ordenanza llegara a ser aprobada, en su actual redacción o en otra.

El representante de los vendedores callejeros tuvo una corta intervención, en la que explicó quiénes son los vendedores que pretenden comercializar productos en la vía pública. «Por lo visto», dijo, «no saben o no quieren saber quiénes somos.» «Somos tan honrados como pueda serlo cualquier otro ciudadano. Y, desde luego, no somos, como se ha pretendido calificarnos, ni drogadictos ni ladrones.» El representante de los vendedores callejeros calificó este tipo de venta como un derecho natural y lo relacionó directamente con el paro existente y las necesidades de abastecimiento de determinados sectores de la ciudad. El mismo se mostró en contra «de las mafias establecidas».

Uno de los presentes en la reunión, representante de los zapateros, pidió que en la misma reunión el Ayuntamiento se pronunciara definitivamente sobre la aprobación o no de la ordenanza. El concejal responsable de Abastos y Mercados, el socialista Luis Rufilanchas, le contestó asegurando que tal decisión correspondía exclusivamente al pleno y que la reunión no tenía otro carácter que el de recabar información por parte municipal y de facilitarla para conseguir la mejor ordenanza posible.

La reunión fue levantada, un tanto drásticamente, en el momento en que uno de los representantes del comercio minorista preguntó a los presentes: «¿Qué estamos haciendo aquí si esto no es legislativo?»