El ex alcalde de Valencia recurre contra su cese

«La Administración pública no puede ser sometida a los avatares intemos de los partidos», afirmó el ex alcalde de Valencia Fernando Martínez Castellano en la tercera rueda de prensa que convoca tras su expulsión del PSOE y en la que dio cuenta del contenido del recurso contencioso administrativo presentado contra la junta electoral de zona.El recurso, elaborado por el catedrático José Ramón Parada, señala que la gestora federal del PSOE incurrió en graves infracciones jurídicas al resolver la expulsión.

El acuerdo no puede considerarse un acto jurídicamente eficaz, por no ser democrático. «No es democrática una resolución que no va acompañada de la correspondiente motivación o fundamentación, máxime cuando se trata de la medida más grave que puede inferirse a un militante», afirma el recurso.

Más grave aún es acusarle de una infracción disciplinaria que, de ser cierta, sería constitutiva de delito, dando por probados e imputados unos hechos sin la instrucción de un expediente disciplinario, es decir, con absoluta falta de procedimiento.

Después de calificar el acuerdo de la comisión gestora de jurídicamente nulo en todos los ámbitos, y ética y socialmente reprobable, el recurso expone que no puede ser base de la intervención de la administración electoral para proceder al cese y sustitución por otro concejal. «La administración electoral no es, ni puede ser, un mero órgano ejecutivo de cualquier acuerdo partidario, que quita o coloca sus piezas en las administraciones públicas, exponiéndose a ser coautor necesario de las más graves arbitrariedades y delitos, sino que, por el contrario, está jurídicamente obligada a controlar, al menos, las formas externas de competencia del órgano, existencia de motivación y procedimiento regular, de acuerdo con los postulados democráticos y los estatutos del partido en cuestión.»

En definitiva, concluye señalando el recurso que el acuerdo de la junta electoral es nulo de pleno derecho, porque nula es su causa. Advierte a este organismo que debe seguir algún procedimiento administrativo antes de tomar un acuerdo que ordena o implica una destitución fulminante con posibilidad de un trámite de audiencia ante la propia administración electoral.

El ex alcalde de Valencia facilitó nuevas informaciones sobre su gestión administrativa cuando ocupaba la secretaría de finanzas en la anterior ejecutiva y aseguró que «el caso Martínez Castellano será caballo de batalla en el próximo congreso federal, no en los debates públicos, sino en los pasillos».