La CEE exigirá a España un periodo corto para su desarme aduanero mundial

Eliminar los obstáculos (arancelarios y no arancelarios) en los intercambios entre España y la CEE y aplicar por parte española la tarifa exterior común, (TEC) son los dos principios capitales que figuran en el primer documento aprobado por la CEE en su proceso de negociaciones para el ingreso de España en el Mercado Común. Este documento será objeto de una primera ronda negociadora, a nivel ministerial, el próximo martes 18 de septiembre, en Bruselas, entre Leopoldo Calvo Sotelo, ministro español de Relaciones con la CEE, y Michel O'Kennedy, ministro irlandés de Asuntos Exteriores y actual presidente en funciones de los nueve de la CEE.

El documento de la CEE relativo a la unión aduanera y la libre circulación de mercancías industriales fue aprobado ayer, en Bruselas, por el Comité de Embajadores Representantes Permanentes de la CEE (Coreper). No entra en detalles de calendario sobre el ritmo que deberá aplicar España en su proceso de desarme arancelario para integrarse en la CEE. «Convendrá fijar un calendario corto», cita sólo el documento, sin olvidar la necesidad de una «cláusula de salvaguardia» que acelere o alargue el proceso de integración, en función de los problemas sectoriales que pueda encontrar cada parte contratante.A pesar de insistir en la necesidad de un período corto, se alude a los procesos de integración aplicados en anteriores ingresos de Estados en la CEE, casos de Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, en 1973, y Grecia, que se incorporará en 1981. Aunque no se cita explícitamente en el documento, está en el aire que podría respetarse el principio de un período transitorio recíproco de cinco años, para que tanto España como la CEE reduzcan progresivamente sus barreras arancelarias, por lo menos en cuanto a productos industriales se refiere.

El documento insiste, sin embargo, en las diferencias de protección arancelaria entre España y la CEE, cuya protección media es del 6,7% por parte comunitaria, contra el 16,9% del lado español. Este desequilibrio justificaría, en opinión de la CEE, exigir a España un desarme arancelario rápido, en particular en aquellos productos cuya protección arancelaria en España no es superior al 15% de la TEC y que deberían alinearse con los aranceles comunitarios desde el momento mismo de la adhesión de España a la CEE, probablemente en enero de 1982 o enero de 1983.

Se recuerda que, en la actual primera fase de la negociación, se excluyen del documento sobre unión aduanera los problemas relativos a los productos agrícolas, agrícolas transformados, productos derivados del tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), así como la aplicación por parte española de los regímenes preferentes contratados actualmente por la CEE con países terceros.

Además de citar el desfase de promedio de protección arancelaria entre España y la CEE (donde para citar un solo ejemplo, automóviles, es de 68% de protección en España contra 11 % en la CEE), el documento aprobado por la Comunidad puntualiza la necesidad para España de armonizar las condiciones de competencia comercial, a partir de la fiscalidad.

La rápida aplicación en España del impuesto sobre el valor añadido (IVA), como mínimo en el momento de la adhesión, es una de las cláusulas principales que sugiere el informe negociador comunitario. Se citan como argumento favorable al proceso de unión aduanera España-CEE las últimas medidas de liberalización comercial españolas, decididas el pasado 27 de abril.

Otro aspecto de las líneas generales de negociación comunitaria en el sector de la unión aduanera y libre circulación de mercancías industriales, alude a la oportunidad de asociar a España a los esfuerzos comunitarios de reestructuración industrial, tanto en aquellos que sufren actualmente una crisis coyuntural (textil, siderurgia, construcción naval) como en los demás que pueden suponer un estímulo para la industria europea del futuro (aeronáutica, informática).

Otros obstáculos al respecto del principio fundamental de la CEE, que constituye la unión aduanera, serán, en el caso de la integración española, la existencia de los actuales monopolios de Tabacalera y CAMPSA, que deberán someterse a las normas comunitarias para no falsear el principio de libre competencia. La territorialidad de la unión aduanera en España, en los casos específicos de las islas Canarias, Ceuta y Melilla, también serán temas de discusión.

En resumen, este primer documento negociador de la CEE no es más que un eslabón en el conjunto de sectores que, a lo largo de año y medio o dos, deberán negociar españoles y comunitarios.

No hay que esperar de la reunión del martes día 18 resultados concretos sobre la unión aduanera y libre circulación de mercancías industriales, en un proceso negociador donde sólo el todo tendrá validez jurídica. Se aborda el tema siguiendo el ritmo aplicado en anteriores procesos de integración de nuevos Estados al Mercado Común. Después de lo aduanero, cuyas ramiricaciones se irán alargando a lo largo de toda la negociación, vendrá la agricultura, la libre- circulación de personas, el libremovimiento de capitales, la política fiscal, regional y social, por citar sólo los principales capítulos que España deberá armonizar para culminar su camino de integración en el Mercado Común. Un proceso que ya está en marcha.