Endurecimiento del conflicto PSOE-UGT de Euskadi

Las tensiones entre la dirección política del PSOE y la UGT de Euskadi, agudizadas a raíz de la impugnación por parte del comité provincial del partido en Vizcaya de la resolución de la comisión de conflictos levantando las sanciones impuestas en diciembre a unos cuarenta militares, tienden a agravarse. El conocimiento por parte de la base del sindicato de una reciente circular de dicho comité provincial, en la que se formulan determinadas condiciones para hacer efectiva la readmisión, ha contribuido, según todos los indicios, más que cualquier otra causa, al actual enconamiento de posiciones.

La circular del comité provincial, fechada el 7 de junio, «recuerda» a los secretarios de organización de todas las agrupaciones y secciones que «todos aquellos que fueron suspendidos de militancia por acceder a cargos sindicales deben poner dichos cargos a disposición del partido». Como el origen del conflicto fue la no aceptación por una parte de los militantes del PSOE afiliados a UGT de la obligatoriedad de votar exclusivamente a los componentes de la lista avalada por la dirección del partido para la elección del comité provincial del sindicato, los sectores partidarios de una mayor independencia orgánica consideran «una injerencia intolerable» la exigencia de la circular en cuestión. «No hay que olvidar», subrayan dichos sectores, «que la actual dirección fue democráticamente elegida por los afiliados de UGT, muchos de los cuales no militan en el PSOE.»El tono de la circular es, por otra parte, bastante contundente al exigir la «renovación de los carnets que hayan podido sufrir rotura o extravío». En particular, la mención a posibles «roturas de carnet» es considerada por los sectores críticos como «una insinuación tan intencionada como poco afortunada». También debe exigirse «la actualización del cobro de las cuotas» y, si fuera necesario, «que los compañeros readmitidos manifiesten de palabra o por escrito su acatamiento de los estatutos y resoluciones del partido». Todas estas condiciones «deben estar ejecutadas en un plazo de siete días», pasado el cual «deberá remitirse a este comité provincial la relación de aquellos compañeros que no hayan solicitado la readmisión».

El texto de la impugnación basa su argumentación en «motivos de forma», por una parte, y «cuestiones de fondo», por otra. Entre las primeras se cita el hecho de que «ni siquiera ha habido una reunión formal de los miembros de la comisión nacional de conflictos». Respecto a los argumentos de fondo, la agrupación provincial considera injusto «que se dé un trato igualatorio al afiliado que se salta la disciplina del partido una sola vez y en asamblea de escasa importancia, que a aquél que ocupa cargos de responsabilidad máxima en el seno de UGT y que durante este tiempo ha hecho que el sindicato hermano haga una política de hostigamiento permanente al partido».

Fuentes del PSOE matizaron ayer que, aunque la Impugnación había sido presentada oficialmente por el comité provincial, su iniciativa correspondía al mandato recibido de la asamblea provincial celebrada en Portugalete (Vizcaya) el pasado día 9. Las mismas fuentes informaron que esperan para la semana entrante una respuesta de la comisión de conflictos.