El proyecto de las 15.000 viviendas sociales tendrá que ajustarse a la ley

Eduardo Mangada, concejal comunista encargado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, advirtió ayer a la Comisión Permanente del Ayuntamiento del riesgo de que si éste exige el cumplimiento de los trámites administrativos preceptivos para otorgar la licencia de construcción de las 15.000 viviendas sociales de Madrid, las obras se retrasen en varios meses, con lo que podría producirse una reacción popular en contra de la Corporación.

El concejal encargado de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Eduardo Mangada, expuso durante la reunión de la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Madrid, celebrada ayer por la mañana, la actual situación por la que atraviesa Visomsa (Viviendas Sociales de Madrid, SA) y que ha llevado a que en tres de los polígonos en construcción -Carmen, Fontarrón y Pozo del Tío Raimundo- se hayan paralizado las obras por orden municipal, ya que no cuentan con la preceptiva licencia para ello (véase EL PAIS del 15 de junio). El señor Mangada dijo que es necesario que las viviendas sociales que se construyen en la ciudad -unas 15.000- cuenten con un planeamiento firme, definición en el proyecto de la urbanización de los polígonos y garantías económicas para que la infraestructura de esas zonas sea ejecutada. Ninguna de esas tres condiciones se ha dado hasta ahora.El problema base, con todo, es el aval a depositar por el INV (Instituto Nacional de la Vivienda) para garantizar la ejecución de la urbanización y que podría suponer para la Administración central el depósito de miles de millones de pesetas. Sobre este punto, UCD se mostró absolutamente tajante, por boca de su concejal Juan Torres: «Todos han de ser tratados por el mismo rasero», dijo.

El comunista Eduardo Mangada insistió en que el actual programa de viviendas sociales en Madrid puede sufrir un serio retraso en su ejecución en el caso de que el Ayuntamiento no haga la «vista gorda» y no conceda las licencias de construcción pendientes, aun en el caso de que Visomsa no reúna las necesarias condiciones para ello. Por otro lado, si el Ayuntamiento exige todos los requisitos, aun con la agilización burocrática posible, el retraso es inevitable, con lo que se convertiría en «el malo de la película» -en palabras del mismo señor Mangada-, con reacciones populares que podrían convertir al Ayuntamiento, «que no hace otra cosa que impedir que aparezca una nueva Obra Sindical del Hogar», en el culpable de ese retraso.

El primer teniente de alcalde, Ramón Tamames, que presidía la reunión en ausencia del alcalde, que se encuentra de viaje en lá República Federal de Alemania, aseguró, por su parte, que «el Ayuntamiento no hará la vista gorda». «Hemos de hacer que se cumpla la ley», añadió, «aunque para ello haya que acelerar los trámites administrativos.»

Orden del día de trámite

El orden del día previsto, que abordó temas de trámite administrativo, fue aprobado en su totalidad, excepción hecha de seis puntos que, a petición del comunista Eduardo Mangada, fueron retirados. Se trataba de establecer indemnizaciones a seis vecinos de la finca de la calle de Francisco Romero, 11, expropiada por el Ayuntamiento. El señor Mangada pidió la retirada de esos seis puntos en función de que, en conversaciones con los vecinos, sle había llegado a un acuerdo más beneficioso para el propio Ayuntamiento.