PSOE y PCE quieren reducir el papel del Estado en el consorcio de transportes

Los grupos parlamentarios comunista y socialista han preparado conjuntamente tres enmiendas al proyecto de ley sobre consorcio de transportes, tomado en consideración por el Congreso el pasado año y que se encuentra actualmente en tramitación. La proposición de ley que fue defendida el 23 de noviembre por el hoy alcalde Enrique Tierno contó con el apoyo de la mayoría en el Congreso, motivo por el que se envió a la comisión correspondiente.Como consecuencia de las elecciones generales, tanto esta proposición como la que regulaba la desprivatización del Metro, quedaron pendientes hasta principios de este mes, en que se cerró para ambas el plazo de presentación de enmiendas.

Según las propuestas que han presentado socialistas y comunistas se debería variar la participación en el capital, que en el proyecto era de un 75% para el Ayuntamiento y un 25% para el Estado. El nuevo porcentaje sería, según la enmienda, de un 50% para el Ayuntamiento, un 30% para la Diputación Provincial, y un 20% para el Estado. Todos aquellos ayuntamientos que se encuentren conectados con las redes municipales del transporte o que, por razones de ordenación, deban participar en él deberán asimismo fijar su participación, que se restará de la atribuida a la Diputación, sin que ésta al final pueda ser inferior al 15 %. La transmisión al consorcio de la titularidad de las acciones de la Empresa Municipal de Transportes que posee el Ayuntamiento se ha sustituido en el nuevo texto por las acciones que Ayuntamiento y Diputación posean de la EMT y de la Compañía Metropolitano de Madrid. Asimismo, y dentro de las competencias de este organismo, que abarcaría todos los transportes del Area Metropolitana, se incluye el establecimiento, tarifas y regulaciones a las que deberán someterse todas las empresas privadas de transporte colectivo de viajeros que operen en el ámbito del consorcio.

Sobre la composición del consejo general y de la comisión ejecutiva de este organismo, las enmiendas presentadas varían su número, ya que, frente a los veintiocho propuestos inicialmente, se pide ahora que sean veinticuatro. Se mantienen los dos representantes del Ministerio de Hacienda, se resta uno al Ministerio de Transportes y se excluye a los dos miembros de la comunidad autónoma en que se incluya Madrid. Los quince representantes del Ayuntamiento se dividen, en la enmienda, en ocho del Ayuntamiento y siete de la Diputación; a todos ellos se unen los seis miembros de centrales sindicales. Con respecto al nombramiento del presidente, lo realizaría el consejo, en vez del ministro de Transportes, como se pedía originariamente.