A pueda cerrada

SERIA UTOPICO pretender que los principios de transparencia informativa en el mundo político, de luz y taquígrafos para sus actores, fueran llevados siempre y en cualquier circunstancia hasta sus últimas consecuencias prácticas. Esta resignada conclusión alcanza no sólo a la vida pública estatal, sino también a los comportamientos de los partidos, que, principales protagonistas del régimen democrático, tienden a no aplicar dentro de casa las fórmulas que predican para el sistema en su conjunto. Resulta comprensible que determinadas negociaciones y tomas de decisión no reciban una plena iluminación de los focos, y también que ciertos aspectos del funciona miento interno de las instituciones, en particular los relacionados con temas financieros, se resistan a la publicidad. Sin embargo, la decisión de cerrar a cal y canto a los periodistas el acceso a las multitudinarias asambleas de la Federación Socialista Madrileña no puede acogerse a ninguna excusa seria. Máxime cuando los periodistas, obligados por exigencias de su oficio a informar sobre ese acontecimiento político, han de buscar de todas maneras, con el esfuerzo añadido de cribar las influencias intoxicadoras, el procedimiento para reconstruir ese debate, del que se les expulsa como apestados. Las posiciones de Felipe González y de los defensores de la polémica ponencia política aprobada en el XXVIII Congreso, que motivó la retirada del secretario general, no son ningún misterio. A través de artículos, discursos y declaraciones, unos y otros han expuesto sus puntos de vista. Así pues, el secuestro informativo de esa reunión ideológica y masiva no tiene como víctima las intervenciones preparadas por los líderes, sino el desarrollo mismo del debate; esto es, las réplicas de los críticos y las contestaciones improvisadas de los oradores.

Una razón de ese temor a que la discusión sea registrada con minuciosidad podría ser la decisión de restar importancia, ante la opinión pública, a los puntos en litigio que dividen a las diversas corrientes dentro del PSOE y a la intensidad de sus enfrentamientos. Sin embargo, el proyecto de Felipe González de realizar la síntesis entre esas tendencias tendría que pasar por el claro reconocimiento de su existencia y por la libre expresión de las posiciones respectivas no sólo entre las cuatro paredes de una reunión, cuyo desarrollo se aspira inútilmente a mantener en secreto, sino ante la invisible, pero real, audiencia de la sociedad entera.

De esta manera, los militantes socialistas se comportan como si existiera un foso infranqueable entre los afiliados al PSOE y los votantes que lo apoyan. Sus cinco millones y pico de electores son equiparados así a la condición de obligacionistas de una sociedad en la que sólo tienen derechos activos los accionistas o de cuentacorrentistas en un banco cuyos directivos hacen lo que les viene en gana con las imposiciones que administran. La información de prensa es la única mediación entre una asamblea de militantes y la vasta audiencia de electores. Al ocluir ese canal de comunicación y censurar las fuentes que lo alimentan, los afiliados al PSOE hacen gala de una concepción patrimonial de la opción política a la que sirven, que se compadece muy mal con las ideas que proclaman acerca del cambio de la sociedad, la profundización de la democracia y el desbloqueo del monopolio gubernamental de la Televisión. ¿O tal vez su encendida defensa de los medios de comunicación estatal, vulgo Prensa del Movimiento, es un anticipo de su modelo de relación entre los poderes políticos, sean o no gubernamentales, y la prensa? ¿Es preferible una prensa controlada y controlable, aunque cueste miles de millones de pesetas a los contribuyentes, a los riesgos de una información independiente?

Sartre escribió una obra dramática, titulada A puerta cerrada, para dar forma escénica a la tesis de que «el infierno son los otros». Esta representación socialista, también a puerta cerrada, parece querer demostrar que el infierno son los periodistas.