Los emigrantes españoles en Francia serán tratados como el resto de los trabajadores comunitarios

El medio millón de emigrantes españoles en Francia «serán considerados, a efectos de residencia en nuestro país, como si España ya hubiese entrado en el Mercado Comúm», declaró ayer el ministro francés de Trabajo, Robert Boulin. El mismo tratamiento se reserva a los griegos y portugueses, contrariamente a las medidas restrictivas que implica la nueva política francesa de inmigración. Ayer, las autoridades revelaron un nuevo proyecto de ley tendente a retirarles la carta de residencia a unos 200.000 trabajadores por año.

El nuevo proyecto de ley aprobado por el Gobierno, que será depositado inmediatamente en la Asamblea Nacional, concierne a modificaciones sustanciales en materia de residencia de los inmigrados en este país. Según valoración del ministro de Trabajo, se trata de «simplificar, clarificar y liberalizar la situación de los inmigrados». En parte, se reconoce que esta evaluación es oportuna, pero los sindicatos, las asociaciones de inmigrados y una franja de la opinión subrayan las «ambigüedades y la posible arbitrariedad» a que dará lugar la interpretación que, en la práctica, se haga de la ley.Hasta la fecha existían múltiples cartas de residencia y de trabajo que complicaban la existencia de los trabajadores y acentuaban su incertidumbre. En lo sucesivo, sólo existirá un título, de residencia y de trabajo al mismo tiempo. Este único documento tendrá dos versiones: uno, ordinario, de tres años de duración, y que será renovado o no al cabo de ese período de tiempo. Y otro, de «residente privilegiado», de diez años de duración, que será renovado automáticamente al caducar. Este último título de residencia y de trabajo será adjudicado a los trabajadores que lleven veinte años en Francia y a sus hijos escolarizados.

La carta de residente privilegiado les será ofrecida, igualmente, a los refugiados políticos cuando rebasen los tres años de estancia en el país.

Esta nueva ley, más el cierre de las fronteras a los nuevos aspirantes a inmigrados, más el abandono voluntario de Francia de los extranjeros que así lo decidan, completan el arsenal de iniciativas con las que el Gobierno francés piensa reducir, a razón de 200.000 inmigrados anuales, la cifra de los cuatro millones de extranjeros que viven hoy en el país.

La medida más inquietante de la nueva ley, anotan los sindicatos, es la que confiere a los responsables la posibilidad de no renovar las cartas de residencia de tres años de duración. Según el texto oficial, en cada región, las autoridades tendrán en cuenta la situación familiar «y el panorama laboral, es decir, la necesidad de mano de obra». A pesar de que, en caso de no renovación, se ofrece una posibilidad de recurso judicial, la ley se valora lo bastante imprecisa como para que «la arbitrariedad y razones de orden personal decidan en última instancia sobre la suerte de los obreros».

Todas estas normas restrictivas no afectan a los españoles « porque, con ello, el Gobierno desea manifestar su deseo de que España, Grecia y Portugal ingresen en la CEE».