Plan de actuación del Gobierno contra el terrorismo

La comunicación remitida por el Gobierno al Congreso de los Diputados en relación con el debate sobre seguridad ciudadana que esta tarde celebrará el Pleno de la citada Cámara incluye un plan de actuación en materia de terrorismo, con medidas de orden legislativo, de estímulo a la sensibilidad ciudadana y de operatividad policial. El Gobierno entiende que la respuesta ante el ataque frontal del terrorismo «tiene que darse globalmente por parte de todos los grupos y fuerzas sociales».

En la comunicación gubernamental, que será leída. al comienzo de la sesión plenaria de hoy, previamente a la intervención del ministro del Interior, teniente general Antonio Ibáñez Freire, se enfoca el terrorismo como «la forma más grave de delincuencia, pues se dirige contra la esencia misma de la sociedad y del Estado». «Legitimado el poder político por la soberanía popular, y consagrado constitucionalmente el pluralismo político», declara el Gobierno, «el terrorismo es la más grave de las actividades criminales». De ahí que no se estimen suficientes los métodos y fórmulas previstos para las demás formas de delincuencia.El plan de actuación del Gobierno para luchar contra el terrorismo contempla, además de medidas de índole laboral y educativa, varios proyectos de ley, entre los que destacan la ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal, reforma del Código Penal, ley Penitenciaria, ley sobre Protección y Tutela de Menores y tratamiento legal a la falta de colaboración ciudadana.

Asimismo, el Gobierno anunciará la promoción de programas de sensibilización ciudadana entre la sociedad y los encargados de protegerla, mejora de la información sobre las actuaciones de los cuerpos de seguridad y obligación a la colaboración ciudadana. Por lo que se refiere a la operatividad policial, el Gobierno anunciará hoy al Parlamento el perfeccionamiento de las técnicas de prevención del delito, la mejora del procedimiento de formación de los miembros de las fuerzas de seguridad, especialización del personal de los diferentes tipos delictivos, redistribución de efectivos en función de los índices de delincuencia, estrecha colaboración de los cuerpos de seguridad del Estado entre sí y, en su caso, con las policías locales y agencias privadas de seguridad e investigación. Igualmente, el Gobierno anunciará la mejora de la dotación de medios materiales de la policía, la puesta en marcha de un plan de protección civil y la creación de un centro de estudios criminológicos.

La comunicación gubernamental se inicia con la constatación de que en una sociedad democrática ha quedado superado el concepto tradicional de orden público, como orden en la calle, por lo que hay que enfocarlo como concepto básico del Estado, en el sentido, más amplio, de seguridad pública, incluida la garantía de la seguridad ciudadana y la protección del ejercicio de los derechos individuales y de las libertades públicas de la persona.

El Gobierno reconoce el incremento en un 25 %, durante el último año, de los delitos contra la propiedad, así como un cierto aumento de la delincuencia en general, especialmente en Madrid y Barcelona. Concede particular importancia a la delincuencia de los menores, «cuya gravedad se refuerza», dice el Gobierno, «por la inadecuación del ordenamiento jurídico penal y la falta de establecimientos adecuados». Entre las medidas para remediar esta situación, el Gabinete anuncia la ampliación y mejora de los centros de reinserción social de los jóvenes, así como intensificación de la política de empleo juvenil y la educativa, especialmente la de formación profesional.

Declara también el Gobierno que la función policial es meramente instrumental y que concluye con la puesta a disposición del juez. En esta línea, se proponen proyectos de ley encaminados a adecuar las penas a los actos delictivos, modificación de los criterios sobre libertad provisional y agilización de los procedimientos judiciales.

Según decisión de la Mesa del Congreso, en el Pleno de esta tarde -que proseguirá mañana- se decidirá sobre la propuesta comunista y socialista sobre, la derogación del vigente decreto-ley sobre seguridad ciudadana. Otros puntos del orden del día serán la pregunta del socialista Enrique Barón sobre seguridad en los aeropuertos y la proposición no de ley comunista sobre la reforma sanitaria.