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Consejo de Ministros

El proyecto de estatuto jurídico de RTVE, enviado a las Cortes

El Consejo de Ministros, en su reunión de ayer, aprobó una extensa serie de nombramientos, entre los que destaca el de secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional, que ha recaído en el anterior subsecretario de Justicia, Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona. Destaca también la remisión a las Cortes del proyecto de ley de Estatuto Jurídico de la Radio y de la Televisión estatales, y el de Cultura Física y Deportes. De ninguno de los dos se facilita ningún tipo de información en las informaciones dadas por el Gobierno. Se ignora, por tanto, si el proyecto de RTVE ha sufrido modificaciones respecto a lo previsto por el anterior Gabinete. Tras el Consejo de ayer no se celebró la habitual conferencia de prensa

El Gobierno ya había remitido a finales del pasado año, por acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de diciembre, un proyecto de ley de Estatuto Jurídico de la Radio y Televisión estatales, proyecto que no llegó a publicarse en el Boletín Oficial de las Cortes, disueltas antes de ser sometido a discusión.La elaboración de un proyecto de Estatuto Jurídico había sido encomendada, como misión primordial, al Consejo Rector Provisional creado como uno de los acuerdos de los pactos de la Moncloa, firmados el 27 de octubre de 1977. El Consejo Rector, integrado paritariamente por consejeros designados por el Gobierno y consejeros parlamentarios, no pudo, debido a las discrepancias entre el Gobierno y la oposición, elaborar el proyecto de Estatuto en los casi dos años que transcurrieron hasta que el 6 de noviembre del pasado año Ramón Tamames, como secretario del Grupo parlamentario Comunista, presentaba a la Mesa del Congreso de los Diputados la proposición de ley de Estatuto Jurídico de Radio y Televisión.

La proposición del PCE aceleró la reanudación de las sesiones del Consejo Rector, solventado el conflicto de composición y formas de votación. UCD presentaba el 18 de noviembre las «bases para la elaboración por el Gobierno del proyecto de Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión estatales», y a mediados de diciembre de 1978, el PSOE publicaba un folleto titulado «Los socialistas y el Estatuto Jurídico de RTVE».

En el acta final del pleno del Consejo Rector, celebrado a principios de diciembre, se acordó elevar al Gobierno toda la documentación elaborada por los distintos grupos parlamentarios del Consejo Rector. Los puntos más conflictivos del articulado del Estatuto Jurídico que se debatirá en las Cortes se refieren al carácter y extensión del monopolio estatal de radio y televisión, la descentralización, el control democrático, el derecho de acceso y pluralismo político, sistema de financiación (Presupuestos del Estado, publicidad y canon), la desvinculación o no de RTVE del Gobierno, el nombramiento del director general, así como la creación y forma de composición del consejo general, o consejo de administración y otros órganos asesores.

Reforma del procedimiento tributario

Según se informa en la ampliación de la referencia oficial del Consejo, al suprimirse la competencia de los jurados tributarios en materia de impuestos sobre la renta y sobre sociedades «es necesario sustituir sus funciones de una manera que concilie la eficacia de la gestión con las posibilidades de defensa, en vía jurisdiccional, de los derechos de los contribuyentes».

Para ello, se remite a las Cortes, a propuesta del ministro de Hacienda, un proyecto de ley de reforma del procedimiento tributario, que, de acuerdo con lo anterior, afecta a la justicia administrativa en el procedimiento económico-adimistrativo, consignándose «por primera vez -dice la ampliación oficial- la obligación de la Administración de satisfacer intereses de demora en los supuestos de ingreso indebido».

El ministro de Hacienda informó al Gobierno sobre criterios para elaborarlos Presupuestos de 1980 y sobre recaudación y gasto público, «dentro de la línea de control adoptada por el Ministerio de Hacienda y el Gobierno».

Director para la

Seguridad del Estado

El Consejo ha estructurado los órganos directivos de la policía, de acuerdo con las directrices que marca la ley de Policía Nacional. Así, se suprimen la Subsecretaría de Orden Público y la Dirección General de Seguridad, y se crean la Subsecretaría del Interior -cuyo titular ya fue nombrado en el anterior Consejo- y la Dirección de la Seguridad del Estado, que tendrá categoría de subsecretario y ejercerá, « bajo la inmediata autoridad del ministro, el mando directo de la policía, y de él dependerá el director general de ésta».

Esta estructuración orgánica, según se informa oficialmente, «afecta exclusivamente a los órganos de la policía, en tanto no se promulgue la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que, con carácter de ley orgánica, establece el artículo 104.2 de la Constitución».

Seguridad en los aeropuertos

El Ministerio de Transportes ha contratado, por el sistema de concurso, sistemas de vigilancia y seguridad por televisión para los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona, Palma de Mallorca, Las Palmas, Tenerife Sur, Santiago y Málaga, y en los centros de control de Torrejón, Madrid-Paracuellos, Las Palmas, Barcelona y Palma de Mallorca, por un importe de 360 millones de pesetas.

Se ha decidido expropiar terrenos para que el aeropuerto Reina Sofía de Tenerife-Sur cuente con las instalaciones adecuadas para ayuda a las aeronaves en ruta y recalada. Se quiere también -dice la información oficial- ampliar los márgenes de operatividad del aeropuerto, manteniendo los límites de seguridad.

Urgencia para el Metro

El Gobierno ha decidido solicitar del Congreso que se tramite por el procedimiento de urgencia el proyecto de ley sobre el Ferrocarril Metropolitano de Madrid, en el que está prevista la desprivatización de la compañía «y otras medidas con las que se pretende -informa el Gobierno- evitar la ruptura en la prestación del servicio y el desarrollo de la ampliación de la red».

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de mayo de 1979

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