El nuevo juez instructor imprime un ritmo más rápido al sumario de Atocha

Tras la conmoción creada por la fuga de Fernando Lerdo de Tejada y la subsiguiente retirada del sumario por la matanza de Atocha de la competencia del juez Gómez Chaparro, que venía instruyéndolo desde hace dos años, dicho sumario parece haber entrado en un ritmo de instrucción más rápido y decidido.

Apenas nombrado para sustituir en la instrucción del sumario de Atocha al juez Gómez Chaparro, el nuevo juez instructor titular del Juzgado Central número 3 ha decidido citar para los próximos días a las tres personas que todavía faltaban por declarar, pertenecientes al grupo inicialmente propuesto por los abogados de la acusación particular en octubre de 1977. Se trata de Blas Piñar, presidente de Fuerza Nueva, citado a declarar por el nuevo juez instructor el próximo día 9; del policía José Antonio González Pacheco; segundo del comisario Conesa en la Brigada Operativa (antiterrorista), citado para el próximo día, 17, y del, antiguo dirigente de los guerrilleros de Cristo-Rey, Mariano Sánchez Covisa, citado para el próximo día 11.Mientras tanto, los dos magistrados nombrados para instruir diligencias sobre la actuación del juez Gómez Chaparro en la instrucción del sumario de Atocha prosiguen sus averiguaciones. Por el momento, dichas diligencias son previas, sin que tengan el carácter de expediente, ya que tienden precisamente a recabar información en torno a si procede o no instruir expediente a dicho juez. Los abogados de la acusación particular han denunciado reiteradamente supuestas irregularidades en la instrucción del sumario de Atocha, que, por una parte, han impedido concluir hasta ahora dicho sumario y, por otra, han obstaculizado la posible identificación de los instigadores y cómplices del atentado.

Entre las supuestas irregularidades denunciadas por los abogados de la acusación particular, una de las primeras, y más destacadas, fue el desglose del sumario de Atocha del informe emitido en abril de 1977 por la AISS sobre el carácter de exacción legal que tenían las cuotas anuales ingresadas por los transportistas de Madrid al sindicato provincial del ramo a cambio del certificado de encuadramiento y del visado en la tarjeta de transporte. Los abogados de la acusación particular han sospechado desde el principio que la financiación del quíntuple asesinato de Atocha fue realizado con dichos fondos, y así lo han manifestado en los recursos interpuestos en su momento contra el desglose de las investigaciones realizadas sobre este hecho del sumario abierto por el atentado. En uno de estos recursos, la acusación particular manifestaba lo siguiente: «La compleja realidad del delito de terrorismo, por las que están procesadas las personas implicadas en dicho sumario, exige valorar conjuntamente elementos tales como la tenencia ilícita de armas y la existencia de fondos económicos a fin de poder realizar su perfecta determinación.»

Otro conjunto de supuestas irregularidades denunciadas por la acusación particular se centran en la denegación de toda una serie de pruebas, tendentes a «completar el cuadro de otras participaciones, complicidades y connivencias, que se atisban en las pruebas practicadas hasta el momento», según se afirmaba en otro de los recursos presentados en su día contra la decisión judicial. Entre las pruebas denegadas, admitidas, no obstante, meses después por decisión de la Audiencia Nacional, figuraban determinar el supuesto origen militar de la munición empleada en el atentado, el origen del abundante armamento encontrado a los procesados y la declaración en el sumario de los inspectores de policía González Pacheco y González Gay, y de un grupo de conocidas personas de extrema derecha.