Socialistas y comunistas se disputan la propuesta de derogacioón del decreto-ley de seguridad ciudadana

El Pleno del Congreso de los Diputados conoció ayer el informe de la Diputación Permanente del Congreso sobre las decisiones adoptadas mientras permaneció disuelta la Cámara, y, asimismo, conoció los criterios dictados por el presidente, Landelino Lavilla, para la constitución de la Comisión de Incompatibilidades. El primer tema replanteó la oposición al decreto-ley de seguridad ciudadana, convalidado en su día por la Diputación Permanente, y como alternativa al cual socialistas y comunistas se disputan la primacía en la presentación de una proposición de ley.

Al comienzo de la sesión, el señor Lavilla comunicó los criterios por los que se regiría el Pleno, que fueron objetados por el socialista Gregorio Peces-Barba.El presidente del anterior Congreso y de la Diputación Permanente, Fernando Alvarez de Miranda, hizo un informe detallado sobre los decretos-ley estudiados por el citado órgano parlamentario, así como sobre el conocimiento del suplicatorio solicitado por la Audiencia Provincial de Alava sobre el procesamiento del diputado electo Telesforo Monzón.

De acuerdo con el criterio presidencial, no se produjo debate sobre el informe, pero cada uno de los representantes de los grupos parlamentarios presentes en la Diputación Permanente expusieron su opinión sobre el período de funcionamiento de la misma.

Marcos Vizcaya (PNV) recordó que la postura de su grupo fue contraria a la convalidación del decreto-ley de seguridad ciudadana, por ser manifiestamente anticonstitucional. Aprovechó su intervención para ofrecer la colaboración de su grupo a la Cámara a fin de obtener la libertad, la democracia y la justicia.

Macía Alavedra (Minoría Catalana) expuso un criterio discrepante con el Gobierno sobre la extraordinaria y urgente necesidad exigida por la Constitución para dictar decretos-ley y aplicada, según él, con demasiada ligereza por el Gobierno.

Manuel Fraga (AP) evocó su posición contraria al decreto-ley sobre seguridad ciudadana en los aspectos formales, pero favorablemente en los de fondo, e incluso estimándolos insuficientes.

Jordi Solé Tura (comunista) criticó el abuso por parte del Gobierno de la fórmula franquista del decreto-ley, y señaló que el relativo a la seguridad ciudadana no había sido transmitido como proyecto de ley por los votos de UCD y la ausencia de los representantes de algunas minorías en la votación decisiva (sin mencionarlo, parecía referirse a Macía Alavedra, quien, según pudo saber EL PAIS, fue invitado por el portavoz de UCD, José Pedro Pérez Llorca, a excusar su asistencia a aquella sesión).

El señor Solé Tura anunció la proposición de ley comunista encaminada a lograr la derogación de una disposición que atenta contra la Constitución.

El señor Peces-Barba atacó duramente al decreto-ley de seguridad ciudadana, y expresó su esperanza de que en el futuro no se mantendrá la unión contra natura de los Ministerios de Justicia e Interior.

El señor Garcia Añoveros defendió en nombre de UCD la constitucionalidad del decreto-ley.