Los vecinos de Las Rozas consideran ilegales las pistas para exámenes de conducir

La construcción de las pistas para exámenes de conducir, cuyo emplazamiento se encuentra en el término municipal de Las Rozas, continúa, a pesar de las protestas vecinales plasmadas en encierros, alegaciones y recursos, presentados ante el Ayuntamiento, el Gobierno Civil y el titular del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Las citadas pistas, que serán instaladas en el terreno comprendido por tres parcelas, son ilegales, a juicio de los vecinos, ya que mientras una parte del terreno está considerada como «zona verde y de protección de carreteras», el resto está clasificado de «suelo rústico, monte a crear». Suponen, además, un peligro de accidentes de circulación para la población de esta localidad.

El pasado 13 de marzo de 1978, el Boletín Oficial del Estado publicaba la convocatoria de concurso por la Dirección General de Tráfico para la adquisición de un solar adecuado para la construcción de las pistas de exámenes de aspirantes al permiso de conducir; tres meses después se hacía pública la resolución de la convocatoria, al acordar el arriendo de dos pistas; una, sita en el término municipal de Las Rozas, en la cantidad de 1.200.000 pesetas anuales y, otra, en el término de Leganés.La construcción de la primera de estas pistas iba a desencadenar inmediatamente numerosas protestas que coincidieron con la aprobación definitiva del Plan Parcial de 1968 de Las Rozas, por parte de la Comisión del Area Metropolitana. Además de vecinos y partidos políticos, la Asociación Provincial de Autoescuelas hizo patente su posición al prever «la incomodidad y pérdida de tiempo que supone para las autoescuelas el traslado diario de vehículos, conducidos por aspirantes desde Madrid a Las Rozas; la peligrosidad del trayecto, ya que los vehículos conducidos por aspirantes deben circular por vías muy rápidas y de mucha densidad circulatoria, como son la N-IV y las comarcales», y la consideración de que «el examen de conducir obliga a un examen práctico en circulación urbana, que debe iniciarse en la misma zona de maniobras. La zona más próxima en donde se reúnen las condiciones mínimas necesarias para poder realizar esta parte del examen se encuentra a más de veinte kilómetros, lo que supone un cúmulo de dificultades que deberían superar diariamente un millar de aspirantes»; este número es el que, al parecer, se formaría con todos los alumnos de la zona Norte de Madrid. En caso de que se decidiera no recorrer los veinte kilómetros citados para realizar esta parte del examen, los vecinos temen que se decidiera hacerlo en la población más cercana, Las Rozas, «sin tener en cuenta que tiene una infraestructura viaria insuficiente y existe una concentración de zonas escolares».

Aparte de las posibles con secuencias que se deriven de la situación de las pistas, que han motivado hasta un encierro de varios vecinos en el Ayuntamiento de Las Rozas, los representantes de varias asociaciones vecina les, educativas y políticas han presentado varios recursos, entre ellos uno de alzada, ante el ministro de Obras Públicas y Urbanismo. En este recurso la Asociación de Vecinos Matasaltas ex pone que el proyecto para la instalación de pistas de conducir no puede ser considerado como plan especial, «ya que no responde al contexto mínimo que cualquier plan especial debe comportar, tales como la existencia previa de unas características como son las paisajísticas, estéticas, protección de determinados recintos y aspectos del territorio o mejora de los núcleos urbanos y zonas rurales».

«Y, sin embargo, la tramitación parece que se ha realizado como la de un plan especial, aunque Coplaco y el Ayuntamiento nunca lo denominen como tal» informaron los vecinos.

Esta tramitación permite que Coplaco quede como organismo competente sobre el proyecto, con el único requisito de que la Corporación emita un informe favorable. Se da la circunstancia de que el 15 de junio del pasado año el Ayuntamiento, en un pleno, acordó «considerar aptos los terrenos para la construcción del proyecto de instalación de pistas». Este acuerdo fue seguido por la decisión de Coplaco, el 27 de julio, al aprobar inicialmente el citado proyecto, cuyo período de información pública apareció en el Boletín Oficial de la provincia el 16 de agosto. Sin embargo, el 2 de noviembre el Ayuntamiento de Las Rozas se reunió de nuevo en sesión plenaria y acordó «no aprobar la construcción del complejo de instalaciones de pistas destinadas a exámenes de conducir y que dicho acuerdo sea remitido a Coplaco para su conocimiento y efecto». Entre los motivos de este cambio, se dice que en los primitivos informes «se omitió el hacer constar que en referida zona existía un plan parcial, que había sido aprobado inicial y provisionalmente por el Ayuntamiento».

Según informaron los vecinos en el recurso de alzada, las parcelas afectadas por la construcción de las pistas son las números 78 y 79, situadas en la margen izquierda del camino del cementerio y calificadas por el Plan General del Area Metropolitana como «terreno rústico, monte a crear», y la parcela 55, situada en la margen derecha y calificada por el plan parcial aprobado previamente por el Ayuntamiento, como «zona verde y protección de carreteras».

Esta decisión municipal motivó que el pasado 17 de noviembre el delegado del Gobierno en Coplaco enviara un comunicado al alcalde de Las Rozas, en el que le devolvía el expediente del proyecto «para que con la máxima urgencia, y a la vista del mismo, decida nuevamente el informe que ha de emitir sobre las alegaciones formuladas durante el período de información al público»-. El 4 de diciembre, el Ayuntamiento, por tercera vez y a puerta cerrada, «sin que hubiera -según los vecinos- motivo para ello», reconsideró el último acuerdo y decidió ratificarse en el primero tomado, al tiempo que se explicaba a Coplaco que no se había ido en- ningún momento contra los acuerdos previamente adoptados.

Con el acuerdo de aprobación definitiva de Coplaco, el 18 de diciembre, y la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, el 1 de febrero, finalizaron los trámites legales, que podrían continuar con la posible decisión del Gobierno Civil sobre las obras que se realizan sin permiso o con la respuesta que dé la Administración a los recursos planteados.