A la espera de una política exterior española
La política exterior española permanece a la defensiva desde la puesta en marcha del proceso democrático español, víctima de su descoordinación interna y de un múltiple acoso exterior. No hace falta distanciarse en el tiempo y en el espacio para constatar esta triste realidad. Ahí están nuestras fronteras inmediatas sometidas a oleadas de tensión y de crisis intermitentes. Francia, Marruecos y Portugal conviven con España en plena desconfianza política.En los dieciocho meses del proceso constitucional español la acción exterior del Estado ha sufrido los sopores del consenso político y de la permanente campaña electoral a la que hemos estado sometidos los españoles desde el 15 de junio de 1977. Se practicó la táctica del parcheo a falta de una seria planificación de la acción exterior, reducida a la simple normalización de las relaciones diplomáticas de España e imposibilitada por la propia estructura interna de esta política muchas veces sumida en las intrigas y competencias interministeriales y administrativas que son injustificables de todo punto en un Gobierno monocolor.
De la revalorización y posibilidades de esta política han sido más conscientes y consecuentes las primeras superpotencias y los competidores tradicionales de España en el ámbito internacional, que ya tomaron iniciativas y posiciones a la espera de la entrada definitiva de España en el laberinto internacional. No es casualidad, y sí novedad, que el presidente de Francia, Valéry Giscard d'Estaing, presente en México a su país como puente natural de las relaciones de la nación mexicana con las Comunidades Europeas, mientras París insiste en sentar a España a la puerta de la CEE con la excusa de la agricultura del midí francés.
En España se abre ahora una nueva etapa política al término de las primeras elecciones legislativas constitucionales, en cuya campaña electoral brilló por su ausencia el debate sobre política exterior. El nuevo Parlamento, si la oposición cumple con sus amenazas, promete ser una importante caja de resonancias de este abandonado debate que, hasta el momento, discurrió entre simples declaraciones de principios, faltas de toda precisión y de su necesaria argumentación ideológica-política.
Ahí está el tema mayor de la política exterior hispana, la candidatura y negociaciones de adhesión de España a la CEE como primer ejemplo de la ausencia de un concreto debate parlamentario sobre una cuestión que ha de condicionar el futuro político, económico y social de nuestro país en los próximos años. Ni Gobierno ni Oposición han realizado un inventario político y técnico de esta obligada aventura europea a medio o largo plazo. Ni siquiera cuestiones más inmediatas recibieron la atención parlamentaría obligada: se han firmado en las últimas semanas acuerdos hispano-comunitarios sobre pesca e intercambios textiles y siderúrgicos que constituyen pactos defensivos y de autolimitación española, ridículamente presentados como triunfos por parte de la Administración, que no supo obtener contrapartidas y ante el sorprendente silencio de la Oposición, que bien pudo reaccionar por su cuenta, una vez que quedaron disueltas las Cortes por la convocatoria electoral.
Es de esperar que el debate surja con motivo de la esperada negociación y ante las pretensiones comunitarias de reabrir el tema del supuesto desequilibrio del acuerdo comercial preferencial de 1970, que controla en la actualidad los intercambios entre España y las Comunidades Europeas. También se espera en esta legislatura la apertura del debate atlántico, más sabroso en los planos ideológico y político que el comunitario. Y ligados a él otras cuestiones más sometidas a consenso, como la renovación del Tratado de Amistad y Cooperación con Estados Unidos -cuya renegociación el Gobierno lleva con sigilo-, Gibraltar y la preparación de la próxima reunión en Madrid de la tercera fase de la Conferencia Europea de Seguridad y Cooperación. El diálogo Norte-Sur, las relaciones con los países productores de petróleo, la eventual presencia de España como observador en la conferencia de países no alineados y el reconocimiento de Israel al hilo de la ruta del petróleo y de la crisis del Oriente Próximo estarán también en las discusiones de los plenos del Congreso o del Senado y en sus respectivas comisiones.
De todos estos debates va a surgir el nivel de independencia de la política exterior española y su deseo de compromiso con el bloque atlántico occidental. Un equilibrio éste que debe ser compensado con plenas relaciones políticas, económicas y culturales con los países del este europeo y muy especialmente con la Unión Soviética, hoy sometidas a una malentendida prudencia que limita nuestra capacidad de movimiento en otras áreas. Por ejemplo, en nuestras relaciones con el Tercer Mundo o países en vías de desarrollo, bien relanzadas en América Latina y casi inexistentes en África y Asia entre otras cosas por falta real de medios económicos que aseguren la presencia de España en ambos continentes. También queda mucho terreno por delante en la consolidación de los contactos de España con las llamadas naciones neutrales. El acuerdo España-EFTA patina desde hace ya muchos meses por culpa de Portugal, único país pendiente de la firma.
Y a vueltas con nuestros vecinos, bien vale la pena repasar la lista que nos lleva a la conclusión de que la desconfianza política mutua existe en nuestras fronteras. Al norte Francia persiste en su papel histórico de primer competidor de España en el exterior, a pesar de sus últimos gestos en el tema vasco -más guiados por el apoyo de Giscard d'Estaing a la campaña electoral de UCD-, como queda en evidencia en los temas pesquero, comunitario, comercial, mediterráneo y del norte de África, donde París y Madrid deberían establecer una acción diplomática conjunta en favor de la solución definitiva o, al menos, en la búsqueda de un principio de diálogo entre marroquíes, argelinos, mauritanos y saharauis. La crisis del Sahara se ha convertido, desde hace cinco años, en el talón de Aquiles de e la política exterior española y condiciona la presencia política de nuestro país en el Mediterráneo olvidado. El acuerdo pesquero Madrid-Rabat, no cumplido por España y sin ratificar por Marruecos, sirve de ejemplo continuo a la dureza de esta relaciones, que incluyen el problema de Ceuta y Melilla, botón de pressing de Rabat y detonador de la ultraderecha española.
Unidad en la gestión exterior
Esta es una síntesis del panorama que espera la puesta en marcha de una política exterior planificada y decidida. Sin complejos y consciente de sus posibilidades. De una gestión del Estado que ha de ser única y no repartida ni sometida a espectáculos de competencias interministeriales como los que han protagonizado, en el ámbito europeo, los palacios de Santa Cruz y la Trinidad y que debe dar a la jefatura del Estado y a la presidencia del Gobierno el espacio concreto de sus competencias.
Para ello es necesario que el ministro de Asuntos Exteriores tenga las riendas de su política y su total responsabilidad. El supuesto interés creciente del presidente Suárez sobre la acción exterior no puede redundar en una limitación de la capacidad de movimientos y del poder del jefe de la diplomacia española. Ello daría por bueno en España el argumento de que el Ministerio de Asuntos Exteriores es siempre buen trampolín, ante la opinión pública, para el lanzamiento de candidatos sobre la presidencia del Gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores debe ser un político de plena confianza de su presidente, pero nunca su valet de cámara o un simple ayudante. En él debe recaer toda la responsabilidad de la gestión exterior de su Gobierno y de su partido y, hablando de UCD, bien vale la pena recordar aquí las recientes divergencias públicas entre la secretaría de relaciones internacionales del partido centrista y el palacio de Santa Cruz, graves porque lo fueron esencialmente políticas más que personales.
Por último, hay que señalar ante la nueva etapa tres temas que condicionan la acción exterior del Estado: el presupuesto de Asuntos Exteriores y el comercio exterior, la reorganización de los cuerpos diplomático y administrativo de este departamento y la reforma necesaria de la Escuela Diplomática. No se puede hacer política exterior concreta sin un control del comercio exterior del Estado, hoy día tan ligado a esta política como lo demuestra el hecho de que muchos países tienen coordinadas ambas competencias. En España esta coordinación es necesaria en los planos político y corporativo, y al Gobierno le corresponde escoger la fórmula y dotarla de los medios económicos necesarios. Asimismo, se hace cada vez más urgente la reestructuración y ordenación de los cuerpos administrativos de Asuntos Exteriores, sometidos a escalas dispares y discriminatorias, y la profesionalización de la carrera diplomática, que sufrió en los últimos meses serios ajetreos partidarios y sindicales que ponen en entredicho la credibilidad de un cuerpo del Estado y justifican luego decisiones como los nombramientos de embajadores políticos, técnica esta sólo justificable por la idoneidad de la persona y nunca como resultado de un reajuste administrativo o del partido en el Poder. Finalmente, y para redondear la credibilidad diplomática, hay que decir que ya es hora que se reforme de pleno la Escuela Diplomática y, de manera especial, su profesorado y tribunales, que hoy por hoy permiten la continuación de su carácter elitista y casi hereditario en menoscabo de la competencia de sus diplomados.
