Tres militantes de ETA se negaron a reconocer al tribunal que los juzgaba

Tres militantes de ETA fueron juzgados ayer por la Audiencia Nacional de Madrid, acusados de diversos delitos contra edificios y miembros de las Fuerzas de Orden Público en Vitoria. Los tres acusados aceptaron su militancia en ETA, pero no los supuestos delictivos que se les imputaban, y se negaron a responder a las preguntas del fiscal porque no reconocen a un «tribunal español». El juicio, comenzó y terminó con gritos favorables a la independencia de Euskadi, y en el mismo actuó como defensor de uno de los procesados el letrado Miguel Castells, senador de Herri Batasuna.

El fiscal modificó en parte las conclusiones provisionales, por las que pedía más de sesenta años de cárcel para el conjunto de los encartados, que desde hace un año se hallan en prisión. Básicamente, las acusaciones se mantienen, aunque el fiscal ha retirado una, según la cual alguno de los acusados pudo estar implicado en el posible asesinato de un agente del orden.Los acusados son Juan Ramón Ruiz de Gauna, de veinticuatro años, soltero, a quien pidió el fiscal tres años y un día de prisión menor por delitos que podían tipificarse, según el ministerio público, como «terrorismo en grado de tentativa» o «tenencia de explosivos»; César Francisco Izar de la Fuente, de veintitrés años, soltero, a quien el fiscal pide doce años y un día de reclusión menor, si sus delitos se consideran terroristas, o siete años y dieciséis días si a sus delitos no se les califica de ese modo; y Alberto Olalde, de veintiún años, soltero a quien le pide el ministerio público una condena de diecisiete años y un día de reclusión menor, si se estima que cometió actos de terrorismo, o catorce años, dos meses y veintiún días, en total, de presidio menor, si sus actos no se consideran insertos en la legislación antiterrorista.

Para los tres defensores, el señalado señor Castells y los también abogados vascos Iñaqui Esnaola y Xabier Añúa, las diversas declaraciones de amnistía promulgadas en España tras la muerte de Franco avalan la libre absolución de los procesados. Estos, por otra parte, admitieron ser militantes de ETA, adscritos a esta organización en años diferentes; negaron ser terroristas, rechazaron los delitos que se les imputan, aunque los asumieron, y pidieron para ellos la consideración de presos políticos. En cuanto a las razones de su militancia en ETA, cada uno de ellos dio igual respuesta: la mencionada organización, cuyo carácter político remarcaron tanto los defensores como los acusados, da la respuesta a los problemas sociales, políticos y de identidad del País Vasco.

Miguel Castells, el senador electo de Herri Batasuna, preguntó a uno de ellos -César Francisco Izar- si consideraba que la mencionada coalición abertzale asumía los puntos principales que la alternativa KAS propuso para la pacificación de Euskadi. «En efecto -dijo el acusado-, los asume, igual que ETA.» Los puntos de la alternativa KAS, dados a conocer hace año y medio, incluyen, en primer lugar, la amnistía total para los presos vascos, el bilingüismo, la retirada de las Fuerzas de Orden Público de Euskadi y el control autonómico vasco, Izar dijo: «ETA quiere la paz sin doblar la rodilla.»

El mismo acusado negó también, a preguntas del señor Castells, que ETA atemorice a determinados sectores socia les de Euskadi, «sino a un sector puesto allí por la oligarquía y la burguesía española».

Los tres acusados declararon ayer ante el juez de la Audiencia Nacional que las confesiones que habían hecho en comisaría y en el juzgado con anterioridad se habían producido bajo coacción, amenazas y malos tratos.

En su intervención final, el fiscal, a quien se habían negado a responder los militantes de ETA, se extrañó de que los acusados rechazaran sus preguntas, como integrante de un «tribunal español», y aceptaran las de los defensores, cuando tanto uno como otros se hallaban en el tribunal español. La Audiencia Nacional, aseguró el fiscal, respeta todas las ideologías políticas, y sólo aplica sus criterios jurídicos cuando las acciones transgreden el marco legislativo que se le da a los tribunales, compuestos, señaló, «por unos funcionarios con unas obligaciones concretas y determinadas por las normas dadas por el poder legislativo».

Los tres defensores insistieron en la idea de que la interpretación que se hace en España del Derecho constriñe la marcha de la historia. Euskadi señaló el señor Castells, presenta una situación peculiar, cuyas características no puede olvidar el responsable de la aplicación del Derecho. Los resultados de las recientes elecciones en esa zona concreta del Estado demuestran que existe en este momento un choque entre el hecho y el Derecho, porque se han pronunciado por unos determinados modos de cultura y de convivencia, ajenos al orden estatal que se obliga a cumplir. El letrado Miguel Castells dijo que si, como afirma la Constitución, la justicia emana del pueblo, Euskadi debía tener, como pueblo reconocido en esa ley fundamental, sus propios tribunales de justicia.