Confusión, desorden y descontrol características del conflicto de los hospitales

La confusión y el desorden siguen siendo las características principales del conflicto sanitario, que ayer afectaba de manera especial a los centros madrileños de La Paz y Ramón y Cajal. Una huelga convocada para el pasado día 30 por la denominada comisión negociadora mixta (con representación de comités de empresa y de las centrales sindicales, excepto UGT) en apoyo de unas negociaciones con el INP, que han fracasado cuantas veces se han intentado, ha degenerado en un conflicto que escapa al control de los sindicatos, con independencia de que en las asambleas, en las que cada día se decide la postura a mantener, figuren trabajadores afiliados a las centrales.Sin la más mínima organización por lo que hace referencia a una huelga que afecta a un «servicio esencial para la comunidad», el conflicto está a merced de un asambleísmo radicalizado. De esta manera, cada jornada, los trabajadores que persisten en el paro deciden en asambleas hurtadas a la vigilancia de las fuerzas antidisturbios -la policía permanece en los centros sanitarios desde que el Gobierno acordara intervenir éstos, para evitar la huelga- el desarrollo de los acontecimientos.

Mientras tanto, la federación de sanidad de la UGT reitera que su postura originaria de no secundar la primera convocatoria de huelga para el pasado día 30 está siendo justificada por los mismos hechos. Es decir, la negativa del INP a negociar las mejoras económicas y sociales que reclaman los 160.000 trabajadores de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social -en base a la impotencia de la actual Administración para hacer uso de un presupuesto que aún no ha sido aprobado por el Parlamento-, vendría a dar la razón a la central socialista (siempre de acuerdo con sus planteamientos) de que «era inútil una huelga para apoyar una negociación imposible».

Comisiones Obreras, por su parte, después del llamamiento a la normalidad efectuado la víspera del día 30, una vez que el INP aceptara la negociación que trataba de reivindicar la huelga anunciada para este día (llamamiento que fue desoído por la mayor parte de los trabajadores, pues el día 30 hubo paro generalizado, y negociación que fracasó en los sucesivos intentos de hacerla realidad), viene manteniendo una postura ambigua en cuanto a las diferentes etapas del conflicto. Así, mientras que como tal central reitera sus llamamientos a la normalidad y hace pública condena de las sucesivas convocatorias de nuevos paros por parte de la denominada comisión negociadora mixta, sus afiliados miembros de esta comisión secundan los paros y, según fuentes del comité de huelga de La Paz, destacan por su beligerancia en cuanto al desarrollo del paro.

La Unión Sindical Obrera, por su parte, aparece en el conflicto como compañera de viaje de CCOO y, así, cada vez que aquélla anuncia su postura ante la situación en concreto, USO repite y secunda los planteamientos de la central mayoritaria.

Otras formaciones sindicales de carácter minoritario, caso de la CSUT, el SU y otras siglas, se limitan a mantener su originaria posición ante la huelga, es decir, servir de eco a los acuerdos de los trabajadores adoptados en asamblea, con los que aparecen escrupulosamente respetuosas. En ningún momento han aparecido las urnas para definir la postura de los trabajadores.

Quedan, finalmente, los trabajadores como tales, es decir, desprovistos de su afiliación sindical concreta, que son quienes soportan el peso de la situación y sobre cuyo protagonismo responsable en la misma existe la más absoluta falta de transparencia.

En cuanto al curso del conflicto, medios patronales han señalado a EL PAIS su preocupación por el precedente que podría sentar la Administración si, ante la falta de control por, las direcciones de los centros donde se registra el paro acerca del alcance de éste, a los trabajadores -que lo protagonizan no les fuera aplicada la normativa relativa a la huelga por lo que hace referencia a la percepción de sus salarios. Concretamente, los citados medios se interrogan sobre si a los trabajadores que secundan los paros les serán o no descontados sus salarios correspondientes a los días en que están en huelga. La duda de los medios empresariales viene motivada por la falta de conocimiento por parte de las juntas de Gobierno de los respectivos centros sanitarios de quiénes trabajan y quiénes no, ya que la huelga es ilegal, pues no se han cumplimentado los trámites precisos para su celebración.

En este sentido, el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón -que esta mañana, antes de que se cumplan las 72 horas límite que establece la ley, pondrá a disposición judicial a los cinco trabajadores de La Paz detenidos el pasado día 13-, ha asegurado que ya ha dado instrucciones a los responsables de los centros sanitarios para que se aplique la legislación vigente en materia de huelga, así como que se investigue el comportamiento laboral de los huelguistas por si hubieran incurrido en motivos de despido.