Los orígenes del paro en España
EconomistaSegún publicaba un semanario recientemente, los tres jinetes del apocalipsis para los españoles en noviembre de 1978 eran el paro, el terrorismo y la inflación. Así, mientras en una anterior encuesta realizada un año antes el primer problema sólo preocupaba al 51 % de los encuestados, once meses después ya era motivo de inquietud para el 63% de los españoles. Este estado de opinión reflejaba simplemente lo que estaba sucediendo en la realidad, con un incremento en las cifras de paro de un cuarto de millón de personas al cabo de un año de ajuste.
Lo verdaderamente curioso es que, tal como señalaba recientemente un editorial de EL PAÍS, este hecho, al igual que otros muchos, lo están tratando de capitalizar los órganos de opinión y los portavoces de la ultraderecha como sí el problema hubiese surgido con la implantación de la democracia, cuando las causas del paro provienen en su mayor parte de actuaciones y esquemas de comportamientos económicos originados en el pasado. El resultado presente de aquellas políticas pasadas, protagonizadas en muchos casos por esos dirigentes de la derecha y la ultraderecha que ocuparon carteras ministeriales en el «antiguo régimen», es precisamente que ahora aparezca la totalidad del iceberg y no sólo, como en el pasado, la punta del mismo.
Al menos pueden señalarse diez causas estructurales que han originado que las cifras de paro sean de las más altas de Europa y con posibilidad de que sigan incrementándose a medio plazo:
1.ª La no adopción de medidas rigurosas a partir de la crisis del petróleo. Es decir, se tardaron casi cuatro años entre finales de 1973 y finales de 1977 en adoptar un plan de saneamiento de la economía española. Esos cuatro años perdidos sumieron al país en una fuerte inflación, una cuasi bancarrota exterior y un paro creciente y llevaron a la urgente adopción de medidas tanto de política monetaria como de rentas, más drásticas que las que hubiera sido necesario adoptar en 1974.
De haber afrontado en su momento la espectacular subida del petróleo, 1978 no habría sido un año de ajuste, sino que podía haber sido de expansión, con lo cual las cifras de paro estarían situadas por debajo de las tasas actuales.
2.ª La exportación de paro que tan profusa y cómodamente se realizó en el «antiguo régimen», lo que supuso que casi tres millones de personas (1961-1976) abandonaran obligatoriamente su domicilio para buscar trabajo en el extranjero. Por tanto, parece evidente que no puede decirse sin faltar a la verdad que en la economía española ha existido en ese período pleno empleo, como repetidamente viene señalándose, en función de que las cifras de paro sobre activos no excedían de un 2% en la mayoría de ese período.
El descenso en las cifras de la emigración a partir de 1973 coincide con el fuerte crecimiento de las cifras de paro, que en el espacio de cuatro años pasan de representar sobre la población activa de un 2,70% al 7,8%, con un incremento de casi medio millón de personas.
Simplemente, lo que sucede a partir de 1973 es que los retornos empiezan a superar a las salidas, y se importa el paro que antes se exportaba. Esos tres millones de trabajadores que emigraron al extranjero sirvieron además de válvula de escape para que se realizara un crecimiento económico sin tensiones y conflictos en el ámbito laboral y político.
El freno a la emigración ha supuesto que la tasa anual acumulativa de crecimiento de la población calculada ha pasado de un 0,84%, en el período 1955-1960, a un 1,30% en 1973-1975.
Resumiendo: como recientemente se ha señalado, «el proceso de creación de empleos fue muy contenido a lo largo de todo el período contemplado (1955-1975), ya que, salvo la etapa 1964-1971, con tasa acumulativa del 0,8%, los de los restantes períodos generaban paro y emigración al exterior. Incluso la tasa más alta del período 1964-1971 convivió con una corriente migratoria al exerior, de gran entidad, que afectó a 257.406 personas. Para que se hubiese evitado la emigración al extranjero en dicho período, hubiese sido necesario el crecimiento de los empleos en razón del 1,1 % (1).
3.ª El fuerte descenso en la población activa agraria, que ha pasado de representar un 41% de la población activa en 1960 a cifras situadas en torno al 20% en los momentos actuales, habiendo abandonado el campo en ese período cerca de dos millones de personas en busca de trabajo en las zonas industriales y. de servicios del interior o el exterior del país.
Ese descenso, que no tiene parangón con el producido en otros países europeos, ha provocado un hábito de salidas del campo que, a pesar de ser menor en los últimos años, sigue produciéndose a un ritmo de unas 100.000 personas por año. Incluso con un año excepcionalmente bueno, como 1978, tanto en climatología como en precios, han abandonado el campo 50.000 personas.
Las causas deben buscarse en el constante olvido del medio rural tanto en rentas como en equipamiento colectivo, así como en la ausencia de una verdadera planificación, que no sólo hubiera modernizado la agricultura, sino que hubiera modificado la actual distribución de la propiedad de la tierra, especialmente desigual en algunas regiones.
4.ª La falta de un balance de mano de obra ha provocado una serie de desajustes en el mercado de trabajo. Así, el paro entre los graduados universitarios es muy alto, consecuencia de la masificación de las universidades, mientras que determinadas titulaciones de formación profesional son más requeridas. El desprecio y la escasa atención a estos estudios durante muchos años se plasmaron incluso legalmente en la ley de Educación, en cuyo artículo 20 se señalaba que los menos dotados que obtuvieran el certificado de escolaridad sólo podrían acudir a los centros de formación profesional.
De esta forma se ha producido la triste paradoja, por lo que supone de despilfarro para el país, de que por falta de una planificación educativa tengan que ocupar titulados superiores puestos de trabajo cuya cualificación exigida es la de estudios primarios o medios.
5.ª El abandono que se ha sometido al pensionista en el país; la persistencia en el tiempo de pensiones bajísimas, así como la no existencia legal de jubilación obligatoria para cierta edad a determinados colectivos, ha llevado a que la edad de retiro (66 años en media) sea una de las más altas de Europa, prefiriéndose continuar en el trabajo y obtener un salario aceptable, a retirarse con una pensión deplorable.
6.ª El sistema financiero, y especialmente la política de bajos tipos de interés seguida durante muchos años, ha provocado, junto a un rígido marco de relaciones laborales, unas inversiones en sectores altamente capitalizados donde la creación de puestos de trabajo era mínima, así como la máxima automatización de los procesos productivos de los sectores intensivos en mano de obra. La importación de tecnologías de países desarrollados, cuando nuestra estructura productiva y ocupacional era de país subdesarrollado, elevó considerablemente el problema del paro.
7.ª Un sistema fiscal que como medio de estimular la inversión ha abusado de los incentivos fiscales, con unos efectos de generar inversiones ahorradoras de mano de obra y de localizarse en sectores intensivos de capital. Unido a ello se ha producido un hecho insolidario como es el traspaso de las obligaciones tributarias del trabajador al empresario, especialmente en los sectores mejor retribuidos, encareciendo no solamente los costos de producción, sino los costos de creación de nuevos empleos.
8.ª La baja dimensión del sector público (25% sobre el PIB) se manifiesta en que los bienes y servicios públicos que se ofrecen son escasos y de baja calidad. De haber contado con un sector público potente y con mejor capacidad de gestión, la absorción de paro hubiera sido mucho mayor que en la actualidad, pues es conocido que los bienes y servicios públicos son tradicionalmente fuertes generadores de empleo.
La carencia de bienes y servicios públicos a un nivel adecuado a nuestras características económicas, demográficas y territoriales es muy elevado. Así, tal como se ha señalado: «La cobertura efectiva de nuestras necesidades públicas en relación con los niveles medios comparables de gasto público que deberíamos alcanzar es muy reducido, situándose en grado medio en un 60% (2).
9.ª Un sistema de financiación a la Seguridad Social en el que la participación del Estado ha sido mínima (8 % en 1978) y en la que la casi totalidad de la misma recaía sobre las empresas adoptando la forma de un auténtico impuesto sobre las nóminas. El resultado es un incremento de los costos salariales, viniendo a representar la Seguridad Social pagada por la empresa un 20-22% de la masa salarial bruta de cada empresa, encareciendo y desincentivando la creación de nuevos puestos de trabajo.
El complejo sistema de bases, tipos y topes impulsaba la realización de horas extras, ya que su cotización se efectuaba a un tipo muy bajo en comparación con el resto de los tipos de la base complementaria y tarifada, lo cual ha provocado que en muchísimos casos se superase el tope de 120 horas extraordinarias al año fijado en la ley de Relaciones Laborales.
10.ª La existencia de un marco de relaciones laborales atípico ha incrementado igualmente el paro. Así, las empresas que habían incrementado sus plantillas en épocas de fuerte demanda, al producirse la crisis del petróleo no podían despedir a la plantilla excedente o, alternativamente, los costes del despido eran muy altos. Como resultado, los empresarios han optado por racionalizar al máximo sus procesos de producción, con incrementos de productividad notables en algunos casos, y congelar las plantillas, amortizando los puestos de trabajo que se produjeran por jubilación.
Así, los únicos incentivos estatales que han funcionado hasta ahora son aquellos que, junto a exenciones en las cuotas de la Seguridad Social, disponía que los trabajadores contratados lo eran a plazo fijo, pudiendo ser despedidos al final del mismo.
Este decálogo de orígenes del paro no pretende ser exhaustivo, pero sí quizá haya servido para demostrar que la ultraderecha y la derecha autoritaria no pueden arrojar la primera piedra, ya que los orígenes del paro en España provienen en su mayor parte de causas estructurales originadas y asimiladas a lo largo de la dictadura.
Por ello parece importante señalar la gravedad del problema del paro, y los partidos políticos en sus campanas electorales deben denunciarlo; pero, como bien señalaba el editorial de EL PAÍS, «se cometería también una serie de equivocaciones si entraran en una pugna de demagogia con la ultraderecha, pues al fin y al cabo la opción política, por lo que apuestan, podría alcanzar responsabilidades de poder en una coyuntura en la que el desempleo continúa existiendo y las posibilidades reales de eliminarlo, reducirlo o frenarlo no cuadran con las expectativas anteriormente creadas entre el electorado».
(1) Banco de Bilbao, Renta Nacional en España y su distribución provincial 1955-1975, página 33. Madrid, 1978. (2) Manuel Lagares Calvo, Las necesidades públicas en España: niveles de cobertura. Hacienda Pública Española número 36, página 120.
