La conflictividad laboral en Pamplona empieza a convertirse en problema de orden público

Después de dos semanas de huelga, el conflicto del sector del metal de Navarra entró ayer en una fase crítica, derivando hacia una cuestión de orden público, al hacer presencia un importante contingente, de la Policía Nacional, que impidió una concentración en la plaza del Castillo, en Pamplona. Al término de quince días de continuas manifestaciones pacíficas, en las que han participado diariamente de 4.000 a 20.000 personas, el Gobierno Civil de Navarra ha decidido sacar a la calle, de forma ostensible, a la Policía Nacional, en un intento intimidatorio para que finalicen las movilizaciones de trabajadores.«Como centrales sindicales -señalaron a EL PAIS varios miembros de la mesa negociadora del metal- no vamos a provocar a las FOP. Si hay enfrentamientos, será por las acciones de las FOP, y no por nuestra culpa. Creemos que en dos semanas de movilizaciones nos hemos comportado correctamente. No sabemos qué actitud va a tomar la policía en lo sucesivo; pero nosotros nos jugamos el pan de nuestras familias y vamos a seguir en la lucha. Si con las manifestaciones no hemos conseguido que la patronal negocie, buscaremos otras medidas.» En cuanto al despliegue de fuerzas de la Policía Nacional por las calles de Pamplona que se dejó notar especialmente ayer, los delegados de los trabajadores del metal manifestaron que «la presencia masiva de las FOP no contribuye en nada a serenar los ánimos». La patronal navarra intenta que la policía intimide a los trabajadores para que vuelvan al trabajo.

Unas treinta furgonetas de la Policía Nacional, con dotación antidisturbios, impidieron, sobre las doce del mediodía de ayer, que la mesa negociadora del convenio del metal y otros trabajadores se encerrasen en el Palacio de la Diputación Foral de Navarra, como habían anunciado. A esa hora, una manifestación de varios miles de trabajadores, que se dirigían a la zona, fue invitada por la policía a disolverse, después de anunciarse por un megáfono que, en caso contrario, la Policía Armada cargaría contra los manifestantes. Sin embargo, unas quinientas personas se dirigieron hasta el Ayuntamiento, encerrándose en las dependencias interiores. Mientras, el gobernador civil llamaba al alcalde de Pamplona para que desalojara a los encerrados, postura que no fue aceptada por éste, quien señaló que «el Ayuntamiento es la casa de todos». Los funcionarios municipales abandonaron la casa consistorial ante la amenaza de colocación de un explosivo que una voz anónima había anunciado por teléfono.

Pasadas las cuatro de la tarde, un importante contingente de la Policía Nacional rodeó por completo la zona y sus alrededores, mientras un comandante entraba en el Ayuntamiento para indicar a los trabajadores encerrados que «o abandonan el encierro o nosotros les sacamos por la fuerza». En esta situación, los trabajadores decidieron abandonar su postura, desalojando el Ayuntamiento. Unas horas antes, una manifestación de 3.000 personas había cortado el tráfico en una zona céntrica de Pamplona, después de recorrer otras calles dando gritos contra UCD y CEOE, y en favor del convenio del metal, mientras un helicóptero de la policía sobrevolaba continuamente la capital navarra.

Sobre estos hechos, la mesa negociadora del metal ha difundido un comunicado en el que manifiesta su enérgica protesta por la actitud de las asociaciones patronales y contra las fuerzas del orden público «por coaccionar a los trabajadores con la presencia de un auténtico ejército».