La campaña electoral en televisión

EL ELEVADO número de candidaturas para el Congreso -sobre todo en Madrid- ha sacado del armario, donde fue encerrado después de las elecciones del 15 de junio de 1977, al fantasma de la «sopa de letras», evocado siempre con fruición por los enemigos del sistema representativo. No parece que la alarma resulte justificada. Al igual que sucedió hace año y medio, la próxima convocatoria demostrará que sobran los dedos de lasmanos para contar las opciones políticas con auténtica implantación electoral y con posibilidades de alcanzar representación parlamentaria.La proliferación de candidaturas, la mayoría de las cuales carecen de la más mínima posibilidad de lograr un solo diputado, obedece en algunos casos a pura extravagancia. Más frecuentemente, sin embargo, se debe a propuestas de ultraizquierda, donde se mezclan la voluntad testimonial y las inconfesadas esperanzas de que los trabajadores se liberen de las compañías reformistas. Tampoco faltan las diversas variantes del falangismo, en su sempiterna lucha por conquistar el monopolio de la marca.

La indiscutible incomodidad y el considerable engorro que acarrea esa desaforada oferta de candidaturas, con

denadas, de antemano al fracaso, pueden suscitar malos humores e incluso despertar la tentación de aplicar medidas administrativas que imposibiliten, dificulten o, al menos, encarezcan los caprichos. No parece, sin embargo, que el remedio sea mejor que la enfermedad.

La complicación que creará en los colegios electorales la multiplicación de papeletas y en las paredes la diversidad de carteles es bastante menos grave que el atentado a las libertades que implicarían las mordazas destinadas a ahogar la expresión de las minorías.

Un aspecto particular de esa proliferación de listas es el atractivo que a su presentación añade la posibilidad de acceder durante la campaña electoral a los programas de televisión. La reacción del Gobierno y de los partidos con representación parlamentaria no se ha hecho esperar. La amenaza de que los recién llegados puedan ocupar en la pantalla el mismo espacio que UCD, el PSOE, el PCE o Coalición Democrática ha puesto en marcha una vigorosa contraofensiva de argumentos filtrados a los medios de comunicación y destinados a justificar por anticipado la modificación de la legislación vigente y la marginación de los partidos o alianzas menores.

Se dice, así, que la aplicación de las actuales normas daría lugar a un desbordamiento de la propaganda electoral en televisión, que terminaría por aburrir y desesperar al auditorio. También sé insinúa que no es justo que dispongan de idénticas oportunidades los partidos que fueron votados hace año y medio por millones de ciudadanos y los grupúsculos cuyos militantes difícilmente llenarían un cine de arte y ensayo. Se aduce, finalmente, que algunas de las propuestas electorales, como la de Euskadiko Ezkerra, deben circunscribirse al País Vasco y no deben tener acceso a los programas nacionales de la televisión.

El primer argumento -la tabarra que significaría un exceso de propaganda electoral- extrae parte de su fuerza de la lamentable experiencia de la campaña del referéndum. También cabe aducir que, tras la cuaresma -que en este caso dura casi todo el año- de musicales estúpidos y telediarios protagonizados por los miembros del Gobierno, el atracón de propaganda política y de pluralismo de partidos, puede producir una indigestión. Ahora bien, a lo que mueven esas reflexiones es a exigir un replanteamiento de Televisión Española para el futuro poselectoral en lo que se refiere a los derechos de los partidos a utilizarla, tanto durante las épocas de calma como durante las campañas electorales. Sería demasiado descaro y prepotencia cambiar ahora la normativa con el argumento de no abrumar y aburrir al espectador medio durante tres semanas de febrero, cuando la programación ordinaria apenas consigue otro resultado durante todo el año y precisamente en el momento en que los desvelos por el ocio de los ciudadanos coinciden con los intereses del Gobierno.

En cuanto a la supuesta injusticia de dar iguales oportunidades a partidos de desigual implantación electoral y social, no cabe aplicarla ahora, cuando la campaña electoral ha comenzado a efectos prácticos, a menos que los partidos implicados en esa oscura operación arrostraran los peligros de ser acusados con toda justicia de violar principios elementales de carácter ético y jurídico. En este sentido, la tentativa de impedir a Euskadiko Ezkerra el acceso a los programas nacionales de televisión, al que le da derecho la actual normativa, no puede ser tomada en serio por nadie que respete las libertades públicas y los derechos electorales. Ciertamente, los dirigentes de esa coalición pueden producir sobresaltos en la audiencia con sus intervenciones, pero también pueden aprovechar esa oportunidad para marcar sus distancias con respecto a Herri Batasuna y al terrorismo de ETA militar, para recordar su apoyo al Estatuto de Autonomía y para separar definitivamente su ideología independentista del recurso a la violencia armada. Pero éste es su problema. Porque lo único que ahora está en juego es que tienen el derecho, que nadie les puede quitar sin hacerse reo de una ofensa a las leyes y al espíritu constitucional, de utilizar para su propaganda electoral el espacio de televisión que las normas vigentes les conceden.

Queda, por último, un caso que no se relaciona con la representación política de los ciudadanos, sino con la defensa de grupos de intereses privados y concretos. Al parecer, la candidatura Unión para la Libertad de Expresión es un aparato gremial de los trabajadores de la antigua Prensa del Movimiento, que aspiran a utilizar los espacios televisivos de la campaña para contar sus particulares e indudables problemas a los televidente . Una manipulación de tal género en unas elecciones legislativas pone en entredicho el propio sistema representativo, desdice de la inteligencia política de sus promotores y no debe ser permitida en ningún caso. De otro modo, a alguien se le podría ocurrir en el futuro la formación de candidaturas destinadas a hacer la publicidad de intereses comerciales o de otro género, que podrían utilizar la retórica de la «libertad de comercio», como ahora se emplea la coartada de la «libertad de expresión», libertad esta de la que, por otra parte, algo habría que decirles a la Prensa del Movimiento y a sus candidatos.

Nada más lejos de nuestro propósito, con estas observaciones, que incurrir en arbitrismos. Nos mueve a hacerlas nuestra convicción de que no se debe jugar con la democracia, a menos que se la quiera destruir. Tan inadmisible nos parecen las tentativas del Gobierno y de los partidos parlamentarios de alterar unas reglas del juego establecidas hace casi dos años -tiempo tuvieron para modificarlas antes de saltar al terreno electoral- como la picaresca abusiva o maniobrera que pone en entredicho la seriedad de las elecciones a Cortes.