Los propietarios de fincas se organizan contra el Plan Especial de Protección de Madrid
Cientos de propietarios de fincas urbanas del centro de Madrid están comenzando a organizarse para dar la batalla contra el Plan Especial de Protección, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento el pasado 8 de noviembre, y que actualmente se encuentra en período de información pública, hasta el 7 de febrero próximo. En el número 5 de la plaza de las Cortes, el abogado Javier Martínez Pina ha montado una oficina de información y asesoramiento para todos aquellos propietarios de fincas que quieran conocer exactamente los peligros sobre sus derechos de propiedad a que les expone el Plan Especial. En los días anteriores, la prensa de Madrid recogió una serie de anuncios publicitarios, con cierto matiz catastrofista, haciendo un llamamiento a los propietarios a que se informen y, a continuación, aunque esto ya no figure en el anuncio, a que presenten batalla pidiendo la derogación del plan.
En los anuncios aludidos se dice que el plan supone la «intervención del Ayuntamiento en los derechos de propiedad de su finca», «ya han suspendido las licencias de derribo, edificación, etcétera» y «puede significar la expropiación forzosa de su inmueble». Los anuncios se han revelado como un catalizador eficaz. Desde poco después de su aparición, cientos de propietarios han acudido a las oficinas a recibir asesoramiento y se espera que las alegaciones en contra comiencen a llover sobre el Plan Especial antes del 7 de febrero.
En ausencia del señor Martínez Pina, es otro de los promotores de la idea Juan García, quien expone las razones de esta oposición: «Creemos que lo que ha hecho el Ayuntamiento es un disparate. Un plan de protección debe hacerse evaluando edificio por edificio, o conjunto por conjunto, para dictaminar cuáles son los que realmente tienen un valor histórico-artístico. Pero aprobar un plan que incluye 100.000 edificios, repartidos entre el casco central de Madrid, diversas colonias y catorce pueblos de la periferia, tomando como base que se consideran incluidos todos. los edificios construidos hace más de 35 años, es una barbaridad.»
«Nosotros estábamos de acuerdo con el precatálogo, donde sí se analizaba caso por caso. Pero el Ayuntamiento lo convirtió en plan especial, mucho más amplio, con unas prisas tremendas, sin que los concejales, y creo que ni el mismo alcalde, supieran exactamente lo que aprobaban. Por otra parte, el plazo de información pública es insuficiente. En setenta días hábiles es imposible que 100.000 potenciales afectados puedan acudir al Ayuntamiento a recabar los documentos, máxime teniendo en cuenta que hasta el 13 de diciembre sólo existía un ejemplar a disposición de los interesados. Actualmente existen unos 5.000 expedientes de derribo o de modificaciones en inmuebles que están paralizados, casi todos con su correspondiente licencia concedida de alguna manera.»
El señor García manifiesta que, al menos los promotores de esta iniciativa, están totalmente en contra del Plan Especial. En ningún momento quiso facilitar el nombre de aquéllos y se limitó a informar de que fueron un grupo de personas afectadas a quienes se les ocurrió la idea de paliar la deficiente información municipal y aglutinar así el mayor número posible de propietarios en su misma situación.
