Partidos y sectores económicos urgen una clarificación política

14 dic 1978 - 00:00CET

Mientras las fuerzas políticas e importantes sectores económicos y sindicales urgen una clarificación del calendario político, el presidente del Gobierno continúa reservando sus cartas y no da señales claras que permitan saber cuál es su decisión en el tema: investidura o elecciones. Al mismo tiempo, la Constitución va a sufrir un notable retraso en su promulgación -refrendada el día 6, no entrará en vigor hasta los últimos días de este año o primeros del siguiente-, lo cual alarga el plazo de que dispone Suárez para tomar su decisión y el del Gobierno para convocar elecciones municipales.A favor de la investidura se muestran, en la actualidad, la Minoría Catalana, el Partido Comunista y un sector importante del Gobierno y de UCD, con el vicepresidente Fernando Abril al frente. A favor de las elecciones generales están el PSOE, Alianza Popular (al menos verbalmente) y algún sector de UCD, al parecer, el más progresista. Como elemento de primer orden cabe agregar la opinión del presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales (CEOE): la investidura potencia la importancia del Partido Comunista, aunque clarifica el horizonte económico; las elecciones acentúan la incertidumbre.

La apariencia de un pacto UCD-PNV, materializado en la firma conjunta del proyecto de Estatuto de Autonomía vasco, se ha roto en cuestión de días, por lo cual el apoyo del PNV a la investidura de'Suárez es harto improbable; sin embargo, puede compensarlo con la ayuda del Grupo Mixto y tal vez de un sector de Alianza Popular, lo cual exigirá a Suárez ciertas contrapartidas.

La única convocatoria electoral inaplazable después de la Constitución es la municipal. En efecto, el texto constitucional y la ley de Elecciones Locales fijan dos plazos perentorios: treinta días después de promulgada la Constitución, como máximo, Suárez ha de dimitir- lo cual exige la presentación por el Rey al Congreso de un candidato a la presidencia del Gobierno-, o bien proponer la disolución del Congreso o de ambas Cámaras.

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En enero han de ser convocadas las elecciones municipales

(Viene de primera página)Pero existe otro plazo igualmente perentorio, y también de treinta días, que obliga al Gobierno a convocar elecciones municipales después de promulgada la Constitución, y cuya celebración ha de realizarse en el plazo máximo de 65 días después de la convocatoria.

Salvo una modificación de la ley de Elecciones Localesjos españoles serán llamados a elegir alcaldes y concejales en marzo o abril del próximo año, a más tardar. Las elecciones, locales no alteran la composición del Parlamento y, por tanto, no depende de ellas la estabilidad del Gobierno; ahora bien, un triunfo de la izquierda en los comicios locales colocaría al partido en el poder en dificultades para la futura convocatoria de elecciones legislativas. Como medio de contrarrestar un hipotético predominio izquierdista en las elecciones locales, algunos círculos políticos presionan en favor de celebrarlas simultáneamente con las generales, más susceptibles de provocar un voto favorable a la situación constituida.

En el fondo, el mantenimiento de la relativa confusión' y ambigüedad vivida hasta la fecha, en virtud del consenso, resulta cada día más difícil. El debate constitucional ha aplazado la mayor parte de las decisiones importantes para la política diaria, que ahora han de tomarse en la elaboración de leyes orgánicas y ordinarias; al mismo tiempo, la organización de los regímenes autonómicos supone una extraordinaria complicación para las tareas políticas de los próximos años.

No cabe olvidar tampoco que la derecha sociológica da muestras de no encontrar una dirección política con la que conectar de forma precisa, mientras el desgaste interno de la izquierda tampoco es desdeñable.

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