Constructores y Gobierno llegan a un compromiso sobre la revisión de precios

La pugna existente entre los constructores y la Administración acerca de la revisión de los índices de precios en los contratos del Estado adoptó, el martes un nuevo cariz, más conciliatorio, a raíz de la reunión mantenida por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. Se trataba de la segunda reunión en el curso de dos días, ya que la anterior se había celebrado el lunes, y en ella los dos representantes de las empresas constructoras habían expresado su voto negativo a las propuestas de la Administración, que los empresarios consideraron demasiado bajas por no recoger los aumentos reales de los costes de las empresas.En la reunión del martes, los representantes del sector de la construcción se abstuvieron en la votación y aprobación de las propuestas finales que el Comité ha elevado al Gobierno. Estas propuestas fueron estudiadas por los subsecretarios en su habitual reunión preparatoria del Consejo de Ministros, que se celebrará probablemente el próximo viernes.

La propuesta final es, en cierta medida, una posición ecléctica respecto a las anteriores posturas enfrentadas. El fondo de la discusión planteada las últimas semanas, hacía referencia a la necesidad de que los índices de revisión no reflejaran alzas salariales por encima del 22 %, tope máximo establecido en los pactos de la Moncloa. La discusión se complicaba, ya que ambas partes, Administración y constructores, proponían métodos contrapuestos para el cálculo de los incrementos salariales. La práctica de trabajo del Comité en los últimos tiempos, consistía en hacer el cálculo de estos incrementos salariales mediante la utilización de un «testigo», que era el peón y su retribución salarial; pero dado que el salario de los peones ha aumentado mucho más que la media de las restantes categorías laborales de las empresas constructoras, los incrementos salariales del índice estaban experimentando una deformación al alza, que ha sido puesta en tela de juicio por algunos representantes de la Administración en las últimas reuniones del Comité.

La reunión del martes parece que ha, sido bastante clarificadora respecto a este último problema, según han informado a EL PAIS en medios diversos de la Administración: Se ha tomado la decisión de realizar en el futuro el cálculo de los aumentos salariales en base a las retribuciones de las catorce categorías laborales que componen, la estructura profesional de las empresas de la construcción, lo que permitirá ofrecer resultados más ajustados a la realidad salarial de estas empresas y recoger, así, modificaciones más exactas de los índices de revisión de precios en los contratos con el Estado. Esto, por otra parte, evitará que el Estado se vea obligado a pagar más dinero del que hubiera debido abonar a los constructores, con el consiguiente ahorro para el sector público.

En cuanto a los incrementos reales producidos, se ha establecido el criterio de utilizar una ponderación nacional que permitirá no rebasar en conjunto el 22 %de costes salariales a nivel nacional, con lo que los pactos de la Moncloa serán respetados a nivel de sector. Esta posición tenía un cierto carácter de intransigencia, por parte de los representantes del Gobierno, dispuestos a que no cundiera el mal ejemplo y a que los pactos se respetasen.

No obstante el acuerdo parcial logrado, no se descarta una posible modificación de criterios antes del próximo viernes.