Estatuto de Autonomía, elemento clave para la posible pacificación de Euskadi

La comisión encargada de redactar el anteproyecto de Estatuto vasco de Autonomía deberá tener listo el próximo día 7 un texto lo suficientemente flexible como para que puedan reconocerse en él la decena de fuerzas políticas que, de una u otra manera, van a participar en la tarea. Intentar comprometer en la defensa de un mismo texto a fuerzas tan dispares como AP y el PC, como UCD y la izquierda abertzale. Sin embargo, la mayoría de las fuerzas consultadas por EL PAIS parecen estar de acuerdo en, al menos dos puntos: que el Estatuto está llamado a desempeñar un papel clave en la búsqueda de vías de reconciliación y pacificación de Euskadi. Javier Angulo y Patxo Unzueta han elaborado el siguiente informe.

Cuando los dos partidos mayoritarios de Euskadi, PNV y PSOE (51,8 % de los votos del 15 de junio entre ambos), se reunieron hace, unas semanas para contrastar criterios de cara a la elaboración del Estatuto, partían de un acuerdo previo en tomo a tres puntos: primero, que para lograr el respaldo mayoritario de pueblo vasco al Estatuto -y hacer de ese respaldo el inicio de un proceso hacia la normalización política del país- era preciso lograr antes el más amplio consenso en tomo al texto. Segundo, que había que tratar de comprometer en ese acuerdo al menos una parte de las fuerzas más radicales; tercero, que el proceso de elaboración y aprobación del Estatuto no debía ser muy dilatado: el proyecto tenía, que estar listo para el mismo día en que entrase en vigor la Constitución.Este último punto sería, sin embargo, contestado inmediatamente por algunas de las fuerzas radicales a las que se trataba de comprometer en el acuerdo: la coalición abertzale Herri Batasuna ha sido la única fuerza que no ha presentado su propio anteproyecto y ha rechazado frontalmente el plan de elaboración del Estatuto con su correspondiente calendario en base a dos argumentos: por una parte, que era preciso esperar a conocer los resultados del referéndum del 6 de diciembre para, en base al nivel alcanzado por el rechazo a la Constitución, intentar forzar los límites establecidos por ésta en materia autonómica. Por otra parte, que los resultados del 15 de junio no podían ser utilizados como criterio para determinar la composición de la comisión de elaboración y era preciso esperar a las elecciones municipales.

Otras fuerzas -como la propia AP, aunque desde otra perspectiva- recogerían la segunda parte de la argumentación de Herri Batasuna: «Mientras no se celebren elecciones municipales y se constituyan las juntas generales en nuestras provincias, nadie posee auténtica representación democrática del País Vasco para adoptar Estatutos de Autonomía», opinaba AP el pasado día 25. Pero añadía que, pese a ello, y «con el fin de entrar en el juego de discusión de nuestro futuro», había decidido presentar su propio anteproyecto.

Los que participan

Así las cosas, once partidos (PNV, PSOE, PCE, UCD, AP, ElA, ORT, LKI, PTE, EKA y DCV) han presentado textos propios, mientras que han dejado de hacerlo las fuerzas de Herri Batasuna, por una parte, y EMK y ESEI, por otra. Estos dos últimos partidos han anunciado, sin embargo, su intención de participar en el proceso, en particular mediante la presentación de enmiendas al texto que la comisión hará público el día 9 de diciembre. La ausencia de ESEI viene determinada por su «deseo de no complicar aún más la tarea de la comisión», mientras que EMK la ha explicado como protesta por haber sido excluido de la ponencia redactora, pese a contar con un parlamentario.

En su conjunto, los once partidos que han aceptado participar en el proceso representan, en base al 15 de junio, entre el ochenta y el 88 % de los votos vascos. Por otra parte -y según una clasificación establecida hace un año por el sociólogo José Ramón Recalde-, las fuerzas que se pueden considerar «genuinamente autonomistas» supondrían el 69,1 % de los votos, y el 85,1 % si se incluye en este grupo a UCD. Según la misma clasificación, las fuerzas independentistas supondrían el 6 % de los votos -aunque habría que tener en cuenta que una parte importante de esta corriente se abstuvo el 15 de junio-, y las fuerzas genuinamente centralistas, el 9, 1 %.

La impresión de que una gran parte de la población vasca sería partidaria de un Estatuto con amplias competencias autonómicas es confirmada por los objetivos que la mayoría, de las fuerzas consultadas asignan al proceso ahora iniciado.

Los objetivos

«En primer lugar, ampliar los contenidos autonómicos del Estatuto del 36», responde el nacionailista Juan José Pujana, sucesor de Ajuriaguerra en el CGV. Comenta que para esto habrá que sacar el máximo partido a las posibilidades abiertas por el artículo 150 de la Constitución respecto a las competencias del Estado transferibles a los entes autonómicos. Idea en la que coincide Benegas, del PSOE, para quien el primer objetvo es «recobrar la autonomía que el pueblo vasco tuvo en el 36, con la aspiración de lograr las cotas autonómicas que permita el texto constitucional».

Por su parte, Mario Onaindía, de ElA, concreta esos contenidos en tres puntos fundamentales: un orden público autónomo, una fiscalidad propia y la posibilidad de que Navarra no quede excluida del marco autonómico vasco.

Sobre este último punto -incorporación de Navarra-, casi todas las fuerzas consultadas son partidarias de la inclusión en el texto de una disposición adicional que permita esa incorporación, una vez que así lo decidiera el pueblo navarro, de manera automática y sin necesidad de modificar el cuerpo del estatuto.

Respecto a la articulación de los distintos territorios históricos en un ente autonómico común -objetivo considerado por el senador Goyo Monreal, de ESEI, como prioritario-, PNV y PSOE se pronuncian expresamente por una estructuración confederal de las provincias. Para ello, el PNV propugna otorgar el máximo protagonismo a las Juntas Generales, conformadas en base a los municipios. El PSOE, al igual,que ElA y ESEI, oponen a este último criterio el principio de representación comarcal sobre la base de la proporcionalidad estricta.

Jesús Viana, de UCD, sin citar expresamente la fórmula confederal, se muestra partidario de «la máxima autonomía de territorio dentro de la unidad del País Vasco». Y el presidente de AP del País Vasco, Jesús Pérez Bilbao -para quien «el primer objetivo debe ser la recuperación de la identidad foral adaptándola al presente»-, el Estatuto debe «respetar las respectivas diputaciones forales».

Vía de pacificación

Pero junto a los contenidos, la mayoría de las fuerzas vascas consideran que el proceso mismo de elaboración del Estatuto debe ser ya un paso hacia la reconciliación y pacificación del País Vasco. «Una de las principales debilida des del pueblo vasco es la perma nente divergencia entre sus partidos políticos a la hora de abordar la cuestión nacional», opina Roberto Lertxundi, secretario general del PC de Euskadi. «Por ello -aña de-, el estatuto, objetivo común de todos los partidos democráticos, puede y debe cerrar muchas brechas, acercar muchos criterios, ser vehículo de consenso democrático y nacional. » Onaindía, que confiesa haber sugerido a Txiki Benegas la idea de plantear la pacificación a partir de la «dinámica nacional creada por la batalla por el Estatuto», considera que «hay que tratar de limar diferencias y sectarismos, infundiendo entusiasmo a un pueblo desencantado».

El propio Benegas, que expuso por extenso en el Club Siglo XXI de Madrid la relación entre «un buen estatuto unitario y la pacificación del país», piensa que, efectivamente, no se puede «desligar el problema de la violencia de los problemas políticos» y que el acuerdo en torno a un texto estatutario que puede ser «el inicio de un camino que, con las posibilidades que abra, conduzca a la pacificación total». Por lo demás, prácticamente todas las fuerzas subrayan que, en palabras de Pujana, «la paz en Euskadi no se, puede implantar sólo con medidas policiales, y quien no quiera verlo errará siempre en el caso vasco». Incluso AP considera que se trata de «una oportunidad de pacificación de las actuales tensiones que no debe desaprovecharse». Tan sólo Lertxundi advierte contra el peligro de confundir «medidas políticas para la pacificación con las componendas o el cambalache con quienes practican la violencia terrorista