Polémica en Alemania sobre la participacion sindical en el sistema económico
La huelga de los metalúrgicos alemanes en las regiones del Ruhr y del Rin, núcleo de la industria de la República Federal de Alemania, se ha recrudecido sensiblemente en su cuarto día tras la aplicación por los empresarios del cierre patronal contra 80.000 trabajadores en otras zonas o en empresas no afectadas por la huelga. Esta situación se ha visto también afectada por la actuación ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de Karlsruhe Contra la ley de Cogestión Paritaria, de los representantes de 83 empresas demandantes y por las declaraciones a la revista Konkret del alcalde de Hamburgo, Ulrich Klose, sobre su visión personal del sistema capitalista. Para el alcalde, que hace un mes denunció la práctica persecutoria contra los militantes de izquierda en lo relativo a ejercicio profesional, en cierto modo es aceptable la línea stamokap (aquella que denuncia al Estado como servidor de los grandes intereses monopolistas) y, en consecuencia, debe fomentarse «un sistema en que se compatibilice la economía de mercado y su control por el ejecutivo».
El Partido Liberal se ha apresurado a responder a esta posición. Su secretario general, Verheuden, ha declarado a este respecto que si la socialdemocracia aceptase como tesis propia la del alcalde de Hamburgo, los liberales se retirarían del Gobierno. Verheuder fue elegido en el último congreso del partido con la oposición de los sectores críticos de la formación liberal y con el apoyo del presidente del mismo partido, Hans Dietrich Genscher.
Los socialdemócratas han reaccionado también, afectados por el temor de que se les pueda acusar de «izquierdistas». El canciller, Helmut Schmidt, ha llamado al orden del partido a Klose.
Hacia la huelga general
Mientras los dirigentes de los partidos en el poder y en la oposición discuten sobre estas disquisiciones, el Gobierno ha decidido ya que no puede adoptar posición alguna sobre la huelga metalúrgica. Si la huelga se hiciese general, y esto puede ocurrir a partir del 18 de diciembre, día en que comienzan negociaciones en Schleswig-Holstein, Hamburgo, Bajo Weser y Baja Sajonia. Los delegados piden más que sus compañeros ya en huelga: un 6% de aumentos salariales y cuatro días más de vacaciones, además de la semana de 35 horas. El presidente de la Confederación General de Sindicatos (DGB) ha dicho a este respecto: «Los patronos no parecen entender que no se trata de ganar un par de días inolvidables en Mallorca, y que lo que pretendemos es incrementar el número de puestos de trabajo.» Si la resistencia patronal se intensificase y la huelga se extendiese a toda la RFA, los sindicatos se verían obligados a pagar a sus afiliados semanalmente cuarenta millones de marcos en concepto de subsidio, algo que ineludiblemente terminaría por mermar las posibilidades de subsistencia de la DGB. Por ello, se han lanzado a la calle, en una primera manifestación, 10.000 metalúrgicos en protesta contra la resistencia empresarial a crear nuevos puestos laborales.En cuanto a la definitiva decisión del Tribunal de Garantías Constitucionales respecto de la cogestión empresarial, el presidente del mismo, juez Benda, ha anunciado que el primero de marzo habrá sentencia. Los empresarios han iniciado ya una campaña de «alarma contra el expolio de la propiedad privada». Frente a esta iniciativa patronal, el presidente de los sindicatos ha lanzado una denuncia que va más allá de lo puramente laboral: «En este país, muchas decisiones fundamentales no pueden ser influidas de ningún modo por los trabajadores.» Para el jefe de la rama del metal, «la actitud patronal es un verdadero escándalo político-social».
