Huelga del sector del metal alemán
El mayor sindicato de rama del mundo, el del metal alemán, con 200.000 afiliados, ha decidido iniciar el martes la primera huelga del sector en este país desde que terminó la guerra. La medida afecta a la totalidad de las empresas de Renania-Westfalia, Bremen y Osnabruck, precisamente, las zonas más industrializadas de la República Federal de Alemania. Por primera vez, también un conflicto de estas proporciones tiene matizaciones de huelga política, como signo de rechazo de la actitud patronal y de los tribunales respecto del lock-out, y como premonición obrera contra una decisión del Tribunal de Garantias Constitucionales que en los próximos días se manifestará sobre el problema de la introducción de la llamada «cogestión paritaria» en las empresas. En las últimas semanas tres tribunales alemanes han sentenciado en favor del paro empresarial, al que otorgan el mismo carácter constitucional que a la huelga, como instrumento de lucha. El sindicato del metal ha combatido insistentemente en pro de la prohibición de la expulsión de los trabajadores de las empresas en base al lock-out.Los motivos inmediatos de la decisión del metal son el fracaso de cinco negociaciones tarifarias, de otras dos sobre aumento del 5% de los salarios, de la negativa de los patronos a introducir progresivamente la semana laboral de 35 horas, y la negativa a nivelar al menos los salarios en proporción al alza del coste de la vida, más un incremento en dos días de las vacaciones anuales.
El jefe del sindicato del metal, Loderer, ha hecho hincapié en lo irrazonable de las quejas patronales sobre alza de salarios, ya que las acciones en Bolsa han subido en un 12% su valor de cotización y los beneficios netos han aumentado en un mínimo del 3% en 1977, año inferior en rendimiento que el actual. El Gobierno, por su parte, ha calculado en un 4% el crecimiento económico previsto para 1979, lo cual lleva a los sindicatos a ver más que justificada su acción contra la patronal. El Gobierno de Bonn aprobó un proyecto de ley por el que se tratará, al menos, de aliviar el paro y regular más adecuadamente la reincorporación del trabajador a un puesto. Según el proyecto, será motivo legítimo de rechazo de una oferta de puesto el que el interesado no cuente en el nuevo destino posibilidades de vivienda digna y de educación para sus hijos.
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