Antonio Pedrol: "El abogado tiene sus funciones en un régimen democrático"

Antonio Pedrol, presidente del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de Madrid, será objeto hoy de un homenaje convocado por veintitrés consejos generales de colegios profesionales «por su dedicación y entrega generosa al servicio de las profesiones y de su inserción en la vida social española».- ¿Ha variado la función del abogado con respecto a la que desempeñaba en el régimen anterior?

-La mutación de nuestras funciones se produce porque antes la actividad del abogado se ejercía en el ámbito de los tribunales y hoy el abogado tiene que trabajar en muchos aspectos de la actividad humana. Ahora, con el régimen democrático, el abogado tendrá más amplitud de actuación en la defensa de los derechos humanos y un ejemplo es la ley recientemente aprobada por las Cámaras de asistencia de abogado al detenido desde el momento de su detención.

-¿Qué noticia le causó, personalmente, más impacto: la matanza de Atocha o la muerte del señor Mateu?

-Los dos supuestos son diferentes y ambos tremendamente dolorosos. Eran un ataque a esos valores en los que yo creo de las libertades de defensa y enjuiciamiento. Lo de Atocha fue más doloroso para mí, porque eran abogados, era un asesinato colectivo y yo asumía, por mi cargo, unas responsabilidades de decisiones que, en cambio, no me corresponden en el caso de que la víctima sea un magistrado.

-¿Cree usted que el poder judicial está desprestigiado, como dicen algunos?

-Es inevitable que, en un momento de cambio, se produzca una inseguridad en la postura de la justicia cuando va a interpretar la norma. Y los reproches son fáciles. Pero conviene recordar que la ley condiciona a un magistrado sobre cuándo puede acordar una prisión provisional y lo ciñe a los presuntos delitos a los que corresponde una pena importante. Al 80% de los presuntos delitos que la policía lleva ante el juez les corresponde una pena que no excedería de la prisión correccional. Añada a esto el aumento de la delincuencia juvenil, a la que corresponden todavía uno o dos grados inferiores de la pena, por lo que los asuntos que comportarían la prisión provisional son extremadamente minoritarios. Por otra parte, no sería lícito desconocer que los motines, incendios y destrucciones de las cárceles han provocado la necesidad de instalar a los reclusos en espacios insuficientes, donde faltan las condiciones necesarias para que los funcionarios puedan controlar el orden. En este marco, cuando el juez envía a la cárcel a un presunto delincuente joven sabe que lo expone a una muy posible violación y, si no es joven, sabe que lo envía a un lugar donde su integridad y, posiblemente, su vida estarán gravemente amenazadas.

¿Cómo hay que interpretar entonces las palabras del ministro del Interior, señor Martín Villa, cuando dice que en España ha disminuido la delincuencia y se han incrementado las detenciones en el primer semestre de este año? Antonio Pedrol se ríe antes de responder: «Cuando se habla de que ha descendido la delincuencia supongo que se hará referencia a que han disminuido las denuncias. La triste realidad es que el ciudadano está perdiendo su fe en la eficacia de la denuncia y que se están produciendo muchos delitos de los que las autoridades no llegan a tener conocimiento. Creo que la solución hay que esperarla de la ya anunciada construcción de establecimientos penitenciarios en condiciones, y de la ampliación y perfeccionamiento de los medios policiales.»