Escasa incidencia ciudadana de la huelga del Parque Móvil

Con escasa o nula repercusión ciudadana, ayer iniciaron una huelga indefinida los trabajadores del Parque Móvil. El paro, que afectó a la mayor parte de los servicios y provincias, fue adoptado por los trabajadores en asamblea, tras rechazar la última oferta de la Administración.

La huelga, según fuentes de la Administración, no tiene sentido, al recoger la última oferta presentada a los trabajadores la mayor parte de las reivindicaciones planteadas por éstos. En los últimos días, en reuniones que han llegado a prolongarse hasta altas horas de la madrugada, la Administración ha discutido punto por punto todas las reivindicaciones planteadas con la Asociación Sindical de Funcionarios (ASF); CCOO, UGT y CNT. En ellas se ha explicado a las centrales, según manifestó a EL PAÍS Arturo Romani, director general del Patrimonio, la voluntad de la Administración de satisfacer todas las reivindicaciones de estos trabajadores, siempre que ello no supusiera infringir la legalidad.En la última oferta de la Administración, según la citada fuente, se ha ofrecido a las centrales la equiparación de los conductores procedentes de la Secretaría General del Movimiento con los del Parque Móvil (incluida una percepción de 3.000 pesetas mensuales en concepto de atenciones sociales), la equiparación en percepciones de los 35 aprendices del cuerpo con los oficiales de tercera, el establecimiento de horarios máximos de ocho horas diarias (cualquier prestación superior sería abonada como horas extraordinarias) y creación de turnos, la convocatoria de oposiciones para el pase a funcionariado de los 490 contratados laborales y la posibilidad de dedicación exclusiva para los conductores.

En cuanto a las retribuciones económicas, la Administración explicó a las centrales la imposibilidad de aceptar en estos momentos, cuando se está elaborando un estatuto de la función pública, una variación de coeficientes profesionales retributivos que exigiría la promulgación de una ley especial. En contrapartida, según el director general del Patrimonio, la Administración evaluó lo que supondría económicamente tal variación del coeficiente y ofreció un aumento lineal de 2.700 pesetas mensuales, con cargo a unas primas por servicios penosos, peligrosos o extraordinarios, a las que habría que añadir otras ochocientas pesetas mensuales para los conductores.

La asamblea de trabajadores, informada de esta oferta, calificada como «última» por la Administración, votó la continuidad de la huelga. Un portavoz del comité de empresa, en conversación con EL PAÍS, reconoció la imposibilidad del cambio de coeficientes, pero manifestó que al no estar las 2.700 pesetas incluidas en el salario, la Administración debería aumentar la mencionada cantidad. También añadió que el resto de la oferta de la Administración era, en líneas generales, aceptable.

A lo largo del día de ayer, por otra parte, fuerzas de la Policía Armada se hicieron cargo de los servicios esenciales (transporte de correos, medicamentos, abastecimiento de aguas y conducción de autoridades). Tan sólo algunos funcionarios de rango inferior se vieron privados de coche oficial; algunos ministros y altos funcionarios prescindieron voluntariamente del mismo.