En busca de la ciudad prohibida /1

Doctor Ingeniero de Caminos. Profesor de UrbanismoDe los muchos aspectos del problema del tráfico y del transporte, interesa en esta breve nota señalar esa influencia que la dictadura del automóvil tiene sobre la vida del ciudadano, entendida esta palabra en su más amplia acepción, y no exclusivamente como «centauro mecánico», que es a lo que vamos a vernos reducidos, si no lo estamos ya, a menos que se cambie profundamente la orientación que hasta ahora se ha seguido.

Refiriéndonos concretamente al caso de Madrid, se observa una invasión de todo el espacio urbano por el automóvil. Esta invasión es en unos casos legal y en otros ilegal. La invasión legal, cuyo apogeo se produjo en la década 1965-75, emanaba del poder público y adoptó diversas formas: supresión de bulevares, reducción drástica de aceras, medidas de reordenación de la circulación que obligan a los peatonesla largos recorridos y cambios de nivel fatigantes, irrupción en el paisaje urbano de estructuras elevadas que deterioraban el medio ambiente.

La invasión ilegal, cuya intensidad va en aumento, ante la apatía o imposibilidad del poder público para atajarla, se produce bajo la forma de una irrupción masiva del automóvil en espacios que no le pertenecen. Se aparca en todo espació disponible, sin consideración a su carácter. Las esquinas, los pasos de cebra, los lugares expresamente reservados para determinados usos, son sistemáticamente ocupados por el automóvil. Si se quiere proteger los escasos bulevares que quedan en nuestra ciudad es necesario «fortificarlos» como única medida disuasoria. Cuando estos lugares se han agotado, comienzan a utilizarse las aceras. Cuando se acaben las aceras ¿dónde aparcarán los automóviles?

De esta invasión masiva e ilegal del espacio urbano por el automóvil son destacables dos aspectos. El primero de ellos es que supone un atentado a la esencia misma de la ciudad como lugar de convivencia. La ciudad ha abdicado de su función humana y ha pasado a convertirse en una gran autopista y un gran aparcamiento. En vez de una ciudad, vivimos en un cementerio de automóviles, que, en última instancia, nos conducirá a una ciudad-cementerio de seres vivos.

El segundo aspecto que interesa destacar es la pasividad del poder público ante esta invasión del automóvil, manifiestamente ilegal. ¿Por qué no se han adoptado, no se adoptan, las medidas legales de represión necesarias para restaurar el orden urbano, para devolver al ciudadano los espacios que le pertenecen y que necesita para continuar siendo un ciudadano? La respuesta parece estar en el carácter aparentemente impopular de estas medidas. Que las medidas de represión del caos del tráfico son impopulares en determinados estratos sociales es algo que se ha puesto de manifiesto cuando se ha pretendido establecer alguna medida de este tipo. Basta señalar el ambiente hostil hacia la grúa o el cepo, que son unos elementos mínimos de coacción. Ultimamente tenemos otro ejemplo bien claro en la contestación que ha tenido el aviso municipal de la posible retirada del carnet de conducir por infracciones de aparcamiento, medida absolutamente normal en otros muchos países.

Esta impopularidad parece que es más un problema de fuerza que de razón y número (aunque no hay estadísticas precisas, puede decirse, aproximadamente, que no más de un 30% de los desplazamientos en Madrid se realizan en automóvil). Al no estar todavía organizados los canales para la expresión ciudadana, la política municipal se ha visto coaccionada por unas minorías que, utilizando su superior situación, han dejado oír su voz. Y, siguiendo una política posibilista, la autoridad ha abdicado y ha convertido la infracción en norma.