Ante la destrucción de nuestra ciudad

ArquitectosEn los momentos iniciales del debate ineludible en torno a un cambio profundo en la manera de entender los procesos que configuran la evolución de nuestra ciudad se hace necesario clarificar algunos aspectos que puedan servir a modo de sugerencia a la participación de los diferentes grupos que constituyen el entramado social y del sistema de producción del espacio urbano.

- No parece necesario insistir en que el proceso de producción de la ciudad en España es un fenómeno a clausurar en sus actuales postulados y que su evaluación presenta una magnitud de problemas cuya acumulación, sobre los problemas sociales son tan evidentes y desgarradores como lo demuestra el malestar urbano que incide de manera tan patente en nuestra convivencia comunitaria y en la dificultad para nuestra identificación personal.

Como consecuencia de este proceso de producción, apoyado por la consabida actitud del laisez-faire en una política urbana inexistente, la evolución cíclica ha sido perfectamente plasmada por el monopolio que controla los factores de producción suelo-capital. Este hecho ofrece, en primer lugar, el falso concepto de modernización en el denominado «ensanche urbano», capitalizando posteriormente la devaluación del centro de la ciudad para monopolizarlo de nuevo y reproducir la plusvalía en el clásico proceso de remodelación.

- Esta contradicción, coherente con los objetivos de una economía de mercado, ofrece el absurdo de construir la anticiudad en la periferia y destruir la ciudad verdadera

- La radicalización de estos fenómenos construcción-destrucción, debidos a la absoluta inoperancia de una política urbanística implicada en su falta de capacidad de gestión, en el abandono y temor ante los problemas sociales, en la ausencia total de un conocimiento científico y en el vacío ideológico de una teoría de ciudad, confluye, hasta convertir en auténtico tabú urbanístico, el tratamiento del centro de la ciudad.

- El nivel catastrófico de los resultados, sentado ya como base por la reivindicación ciudadana, es un hecho admitido en todos los planos de la sociedad actual española: planteándose como objetivo clave de su futuro el conseguir un entorno adecuado para el desarrollo de su actividad. Se trata de detener este acelerado proceso de destrucción, que subyace en la ciudad hoy.

- El Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid, en estos momentos sometido a discusión municipal, centra de modo significativo los problemas y procesos enunciados. Sin embargo, lo acelerado, al parecer, de su redacción, la evidente falta de discusión abierta en la adopción de sus criterios básicos, la incapacidad de hacer confluir en él los intereses ciudadanos, y la imposibilidad de enunciar las divergencias ideológicas de las distintas actitudes políticas, hace pensar que este documento hubiera exigido un tratamiento más pausado, profundo y abierto.

- Si bien un estudio plenamente integrado de la multidimensión del problema de Madrid puede presentarse como tratamiento teóricamente difícil y ahora prácticamente inviable, sí se debería exigir al menos un conjunto de estudios sectoriales que se centren en los temas fundamentales de nuestra problemática, sometidos a la opinión pública e instrumentados con proposiciones viables, aunque esto exija revisar la actual legislación innocua, por su comprensividad, ambigua para la intervención pública y privada, y descoordinada entre suelo, patrimonio artístico y los factores básicos, vivienda transporte, equipamiento y servicios, que afectan más directamente a la producción y funcionamiento de la ciudad.

-El Plan Especial de Protección del Conjunto Urbano de Madrid supone una primera aportación en este sentido, por la novedad que implica al constituirse en un documento base que puede servir de guía ante el ineludible debate político que tendrán que asumir los aspirantes al gobierno de nuestra ciudad. Está consideración justificaría, por sí sola, una exposición de sus contenidos más significativos al pueblo de Madrid.

-Parece imprescindible simultanear el tratamiento urbanístico especial del casco urbano de Madrid con su comprensión a la luz de la ley del Patrimonio Artístico, de 1933, de modo que en todo caso la intervención sea coordinada con las decisiones que le correspondan como patrimonio histórico y, sobre todo, cultural. En un momento crucial, en que esta ley de 1933 está siendo revisada con visiones anticuadas, si no retrógradas, merecería la pena tener presentes otras legislaciones más actuales, hacia lo que debería ser una nueva ley de Revitalización del Patrimonio Urbano, en la que se introduzcan nuevos valores y modelos dentro del desarrollo de la doctrina urbana contemporánea.

- Pero incluso al margen de esta coyuntura, y desde luego en ausencia de estos instrumentos, es clara la convicción de que no debería destruirse un patrimonio cuya utilización reinventada supone un proceso de creación urbana auténticamente actual en cuanto significa una incorporación creadora al nuevo proyecto de la vieja ciudad fundamentado en la evaluación del costo-beneficio social que significa la destrucción del edificio histórico o de patrimonio urbano útil, la terciarización y especialización de áreas completas de nuestra ciudad central, y la expulsión de habitantes y establecimientos cuyas ligazones sociales, culturales y económicas es imposible trasplantar.

- Ante la convocatoria a un grupo de personas interesadas en un análisis profundo y comprometido de estos aspectos, cabría asumirlos como un auténtico problema de Estado, de forma análoga a como se han realizado operaciones de estudio conducentes a su institucionalización como legislación especial en otros países, como la reconstrucción alemana, los polders holandeses o la reforma de la Administración en Gran Bretaña, constituyéndose comités de trabajo en las vertientes política, cultural y científica. Entendemos que sólo en estos extremos de estudio y responsabilidad puede ser positivo un auténtico proceso de colaboración.