La concesionaria de la grúa a se niega a readmitir a dos despedidos
Dos trabajadores despedidos por la empresa concesionaria de la grúa municipal, Cemesa, vieron ayer su caso en la Magistratura de Trabajo número 4. El despido se hizo en base a que los trabajadores habían acusado a la empresa de corrupción, en unas declaraciones hechas al semanario de la Organización Revolucionaria de Trabajadores (ORT) En Lucha el pasado 8 de julio. La decisión del magistrado, señor Linares, se conocerá en el plazo de cuatro días.Francisca Sauquillo fue la encargada de la defensa de los despedidos, el matrimonio formado por Jesús Martínez Parra y Amanda Pascual Cifuentes. Como representante de la empresa actuó el abogado Fernando Vizcaíno Casas.
Francisca Sauquillo pidió la readmisión para el señor García Parra; mientras que para su mujer dejó la opción entre readmisión o indemnización. El primer caso tratado fue el de Amanda Pascual. Ambas partes llegaron al acuerdo de indemnizarla con 125.000 pesetas, más la liquidación.
La defensa del marido se centró en que el titular del artículo (« Los trabajadores de la grúa madrileña estamos en contra de la corrupción de la empresa») no se ajustaba literalmente a las declaraciones hechas por su defendido y en que el despido fue efectuado sin que tuviera conocimiento de ello el comité de empresa.
El primer punto de la defensa fue ratificado por el autor de la entrevista, Antonio Cruz, mientras que el segundo lo confirmó Félix Romero, miembro del comité de empresa y afiliado a la Unión General de Trabajadores. El señor Cruz declaró también que Jesús García Parra fue el trabajador que más votos obtuvo durante las pasadas elecciones sindicales, que la empresa presentó una alegación en la Delegación de Trabajo para impugnar las elecciones -escrito que no invalidó las elecciones- y que miembros de la patronal habían manifestado en más de una ocasión que querían despedir al señor García Parra.
El abogado representante de la empresa, señor Vizcaíno Casas, manifestó que Cemesa no admitía la readmisión del señor García Parra por haber hecho una acusación sin pruebas contra la empresa y porque había infringido la ley de Relaciones Laborales en los artículos en que ésta exige lealtad a la empresa.
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