Alegato de los socialistas en contra de la televisión privada

Un alegato del Grupo de Senadores Socialistas contra la posibilidad de la televisión privada y en favor del sometimiento de este medio al control directo de los poderes públicos -que no logró prosperar- fue lo más destacable del debate sobre los artículos diecinueve a veintidós del proyecto de Constitución, con el que finalizó ayer la jornada parlamentaria de la Comisión Constitucional del Senado. Entre las escasas innovaciones introducidas en estos artículos destaca la incorporación del derecho a la producción y creación técnica, junto a la literaria, artística y científica, ya establecida por el Congreso. Asimismo, se añadió al reconocimiento del derecho de fundación la puntualización de que sea «para fines de interés general».En el debate del artículo 19 que regula la libertad de expresión, el texto quedó, fundamentalmente, sin variaciones sobre el del Congreso. A propuesta del senador de UCD Jesús Durbán se añadió la palabra «técnica» ya citada, y a sugerencia de Isaías Zarazaga (Grupo Mixto) se incluyó la posibilidad de acordar el secuestro de «otros soportes de información», además de las publicaciones y grabaciones, según lo establecido en el proyecto y en virtud siempre de resolución judicial.

Los intentos de los senadores socialistas, apoyados por los vascos y los del PSI para, potenciar la libertad de creación, expresión cultural y sus respectivas enseñanzas, no lograron prosperar.

En relación con el apartado tercero del artículo 19, el socialista Antonio López Pina se refirió a la importancia de la televisión como medio de comunicación, cuya estructura es igualitaria, pero cuya gestión no es democrática, sino que responde a una manipulación oligárquica. Reconoció que la manipulación de los medios de información no puede evitarse y añadió que, en cambio, una gestión democrática puede proporcionar una opción para todos. Tal gestión democrática intentó plasmarla el Grupo Socialista a través de una enmienda, según la cual se añadiría al apartado citado lo siguiente: «La televisión estará, en todo caso, sometida al control directo de los poderes públicos.»

El señor López Pina aludió a la capacidad de movilización democrática de la televisión y se refirió a los orígenes de TVE y a su servil complicidad. Agregó que el pueblo español no puede permitirse por más tiempo que la información no sea socializada.

El senador de la Agrupación Independiente Justino Azcárate se mostró a favor de la libertad y manifestó su temor ante el peligro de que la televisión y la prensa puedan quedar exclusivizadas en poder de un Gobierno. Admitió la posible conveniencia de la televisión privada y en todo caso se mostró contrario a la exclusión de esta fórmula de televisión.

El portavoz del Grupo de UCD, Antonio Jiménez Blanco, manifestó que la redacción adoptada por el Congreso era suficiente para asegurar el control parlamentario de los medios de comunicación social, respetando el pluralismo de la sociedad, pero sin necesidad de socializar los medios.

La enmienda socialista fue finalmente rechazada con los votos unidos de UCD y los senadores de los grupos independientes. Apoyaron a los socialistas Entesa dels Catalans, PSI y Senadores Vascos.

Otra enmienda del Grupo de Senadores Vascos, por la que pretendía que quedara garantizado el acceso equitativo a dichos medios por parte de los distintos grupos sociales y políticos, fue asimismo rechazada.

El artículo 20, que regula el derecho de reunión, así como el 21, sobre el derecho de asociación, fueron aprobados con los textos aprobados en el Congreso y rechazadas o retiradas todas las enmiendas presentadas a los mismos.

Por último, en el debate del artículo 22 el senador de UCD Manuel Iglesias intentó establecer garantías para que las fundaciones no puedan realizar fraude contra las leyes. El señor Azcárate defendió lo que consideró un ataque a las fundaciones. Por último fue aceptada unánimemente la enmienda socialista por la que se añade al texto del Congreso la exigencia de que las fundaciones se creen con arreglo a la ley para fines de interés general.