Contradicciones en torno a la eficacia de Orevasa

La sociedad anónima Orevasa (Ordenación y Realojamiento de Vallecas, SA) ha sido definida por el sector del movimiento ciudadano que participa en la misma. como la única solución viable para conseguir el realojamiento de más de 12.000 familias que por sí solas no disponen de recursos económicos para procurarse una vivienda. Los estatutos de la sociedad, sin embargo, presentan algunos aspectos contradictorios que conviene analizar. A la constitución de Orevasa se llega a través de un período de resistencia, y después de ofensiva, del movimiento ciudadano para echar abajo los tres planes parciales de Vallecas, promovidos por la iniciativa privada, y que suponían la expulsión de la mayoría de los habitantes. El consejo de administración de la misma está formado por once miembros de organismos oficiales (Coplaco, INV, INUR, Gerencia de Urbanismo y Subsecretaría de Ordenación del Territorio) y diez representantes del movimiento ciudadano (seis asociaciones de vecinos, dos abogados y dos arquitectos). El consejo es el órgano encargado de la gestión, estudios de planeamiento y ejecución de las obras.

En cambio, el artículo diez de la sociedad señala que el órgano máximo de la misma es la junta general de accionistas. Como el único accionista es el INUR, que ha suscrito los cincuenta millones de pesetas que forman el capital social, es realmente este organismo quien domina la sociedad, aspecto este que podría hacer entrar en conflicto al INUR y a la representación ciudadana.

De hecho, la impresión que hasta ahora han sacado los representantes ciudadanos es positiva, por varias razones. A través de una serie de discusiones y tiras~y aflojas, se ha conseguido que la sociedad sea totalmente oficial, sin que en ella estén representados los propietarios privados, que poseen casi el 90 % de los terrenos, que habrá que expropiar, o negociar su entrega a cambio de permitirles edificar en otras zonas. Igualmente, se consiguió que los vecinos no tuvieran que aportar cantidad alguna, aunque fuera simbólicamente. Las viviendas serán de promoción directa, y no a través de contratas con constructoras privadas. Se rechazó la participación de Visomsa en la sociedad y en cambio se exigio y logró la integración en la misma de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que en un principio se mostraba reacia a participar. Por último, el secretario del consejo, entre cuyas funciones se incluye la redacción de los acuerdos tomados, se ha encomendado a Francisca Sauquillo, abogada del movimiento ciudadano.

Todas estas características permiten suponer a los vecinos que la sociedad tiene bastantes posibilidades de cumplir su cometido, aunque subsista un problema fundamental: los cincuenta millones del capital social abarcan sólo el pago del personal necesario, la redacción de estudios y los gastos de funcionamiento. Los cientos de millones necesarios para la expropiación de los terrenos y las edificaciones deberán ser aportados por cada organismo, y aquí entra un condicionamiento importante. Basta que cualquiera de los organismos no pueda cumplir su parte por falta de presupuesto, por ejemplo, para que todo el proceso quede detenido.