Piden una comisión que elabore un proyecto de estatuto para los funcionarios

La Asociación Española de la Administración Pública (AEAP) y las centrales sindicales con presencia en el funcionariado -CCOO, CNT, CSUT, FETAP-UGT, SU y USO- han hecho pública una nota en la que muestran sus satisfacción por el hecho de que el último Consejo de Ministros no aprobase el proyecto de ley de bases de la función pública, y solicitan que se constituya una comisión para elaborar un proyecto de estatuto.

Los firmantes de la nota piden que se constituya una comisión de trabajo «donde participen representantes del personal al servicio de la Administración pública, junto con la secretaría de Estado, para elaborar un proyecto de estatuto de la función pública progresivo y democrático que habrá de repercutir beneficiosamente en la consecución de una Administración eficaz y responsable ante la sociedad».La agencia Efe, ha distribuido un despacho en el que informa que «fuentes próximas a la Administración» han mostrado extrañeza por las reacciones de centrales sindicales y asociaciones de funcionarios, frente al anteproyecto sobre la función pública.

Las mismas fuentes señalan que mientras algunas centrales y asociaciones han calificado de elitista el anteproyecto, en él se pretende recortar determinados privilegios de los que gozan actualmente algunos cuerpos selectos, e insisten en que el anteproyecto está abierto a mejoras y, por supuesto, a discusión parlamentaria. Las centrales y asociación antes citadas han elaborado un escrito en el que comienzan afirmando que el proyecto «fue elaborado con el desconocimiento absoluto del funcionariado y en condiciones clandestinas entre un reducido grupo de expertos».

La nota, tras señalar la irregularidad de los intentos anteriores y de la sorpresa con que se lleva al Consejo de Ministros el actual anteproyecto, se congratula de que no haya sido aprobado por el Gobierno un texto «del cual incomprensiblernente se ha llegado a decir -prosigue-el escrito- que aparentaba un intento de democratizar la Administración y estimular a los funcionarios, cuando la opinión de las centrales y AEAP, recogida en la prensa, ha sido la más drástica desaprobación, por antidemocrático y regresivo».

«No hay duda -añaden las centrales y asociación firmantes- de que el problema de alcanzar una Administración eficaz, saneada, barata y responsable es de gran envergadura. En principio puede deducirse, sin temor a equivocación, que este objetivo de racionalizar la Administración es una necesidad inaplazable del actual capitalismo desarrollado que impera en nuestro país. En buena lógica, un Gobierno como el actual (UCD) debería de proceder, sin miedo a abrir la brecha racionalizadora y cortar progresivamente la dinámica del caos administrativo y funcional. Señala el escrito que los funcionarios están interesados en ese mismo objetivo y que es necesario dar oportunidad para que se manifiesten. «Si buscamos -dice el escrito democratizar la Administración de verdad y sin demagogia, si queremos estimular al funcionario, dotándole de una moral de responsabilidad y prestigio ante el contribuyente, lo que no había que hacer nunca es fraguar secretamente las bases jurídicas de la reforma, antes bien había que proceder a abrir un debate y a contar en la elaboración de esas bases jurídicas con una representación de los funcionarios públicos y, para mayor claridad, con las fuerzas sindicales representativas del funcionariado.»

«Formulamos las consideraciones anteriores -concluye el escrito- en la confianza de que, para que la Secretaría de Estado se abra a su propio personal, no es necesario que éste recurra a posturas de fuerza, como hacen en situaciones límite otros sectores laborales del país, forzados por patronales intransigentes. Si en esos momentos, como en el ámbito de las gasolineras, el Gobierno favorece el diálogo,(¿por qué va a emplear diferente política con sus propios empleados?»