La reestructuración naval costará 27.000 millones de pesetas

18 jul 1978 - 00:00CEST

«No existen problemas dentro del Gobierno. Existe un acuerdo total entre todos los ministerios implicados sobre la solución que se ha dado al sector de la construcción naval para conseguir su reestructuración. El acuerdo a que se ha llegado con el sector naval es un claro ejemplo de que el Gobierno gobierna en materia industrial.»Con estas frases, el ministro de Industria y Energía, Agustín Rodríguez Sahagún, vino a definir el acuerdo que en materl a de reestructuración naval habían alcanzado las centrales sindicales y Gobierno tras más de dos meses de negociaciones y que finalizaron con la firma por ambas partes de dos documentos que regularán, a partir de ahora, el ajuste, como gusta llamar el titular de Industria del sector naval, que supondrá para el Estado un coste de 27.000 millones de pesetas.

El documento a corto plazo firrnado por las dos partes se refiere a la adaptación de los niveles de actividad de las empresas de construcción naval mediante el proceso de jubilación anticipada para el personal próximo a la edad de retiro y con capacidad disminuida, reducción de horas extraordinarias -prácticamente inexistentes en la actualidad-, y la regulación temporal del empleo, que afectará a más de 7.000 personas, tanto de las plantillas como de las contratas de los astilleros. Esta re.ulación de empleo será rotatoria y por un período máximo de seis meses y mínimo de quince días, lo que permitirá que durante el período de un año de vigencía no se romperá el vínculo jurídico con las empresas, incluidas las contratas.

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Los astilleros españoles reducirán su capacidad al 50 por ciento en cinco años

(viene de la primera página)

El objetivo básico del plan de reestructuración naval es el saneamiento, tanto en sus medidas a corto como a largo plazo, de las tres empresas bajo control estatal -Bazán, Astano y Astilleros Españoles-, cuyo índice de cobertura alcanza el 85% de la capacidad total de nuestros astilleros. El plan contempla la posibilidad de que en cuatro años la plantilla de Bazán pase de 10.000 trabajadores a 7.000; Astano, de 6.000 a 4.500, y AESA, de 14.500 a 6.800, lo que supone una reducción de plantillas de 11.500, cifra que se ve reducida a 7.000 si se contabiIlzan las jubilaciones anticipadas que se producirán en los astilleros e industrias conexas.

El segundo documento, donde se plasman las medidas a medio plazo, fija los criterios fundamentales para la reestructuración del sector naval.

En este sentido caben resaltar la diversificación de la actividad productiva, hecho éste que vendría dado por la especialización militar de la Empresa Nacional Bazán, sociedad que tiene un amplio campo que cubrir no sólo tanto para la Armada española, sino para la de otros países, especialmente de América Latina, la tendencia a la sofisticación de Astano y a la permanencia en sus actuales estructuras de AESA para la construcción de mercantes.

Otra de las medidas contempladas por el plan es la reducción de capacidad de producción, y que, según las directrices del documento firmado, supone reducir en un 50% de media ponderada la actual capacidad del sector, que pasaría en el plazo de cuatro-cinco años a tener una capacidad de 800.000 TRB anuales.

Otras acciones que está previsto adoptar son la descentralización de la gestión de las empresas, con objeto de hacerlas más agresivas y más profesionales v poder así cubrir los campos exteriores que se le ofrecen al sector, la creación de bolsas de empleo en las áreas afectadas -Galicia, Cádiz y Bilbao-, que tendrán por objeto el reciclaje de los trabajadores que queden inactivos, constitución de una comisión de seguimiento en la que participen las centrales gindicales, y que tendrá por objeto hacer las correcciones y ajustes oportunos a las medidas adoptadas, y la posibilidad de realizar inversiones públicas en las zonas señaladas en el caso de que se produzca un deterioro real en la renta de sus habitantes como consecuencia de la reducción de las plantillas de los centros de trabajo.

Como medida importante, y que tiene entidad por sí misma, cabe apuntar el decidido propósito del Gobierno de crear medidas de apoyo a la demanda -así las definió el señor Rodríguez Sahagún- y que consistirían en diversas ayudas que fomentasen la exportación en el sector.

Igualmente reseñable es la puesta en marcha de un plan de inversión regional. para lo cual el ministro aludió a la coliboración del sector público y privado, y que tendrá como objeto la creaelón de industrias con un elevado índice de mano de obra. Este plan consistiría en reducir los costes a los empresarios que estén dispuestos a crear industrias en estas zonas mediante subvenciones u otras fórmulas y conseguir la financiación adecuada, para lo cual se contará con la participación de la banca y cajas de ahorro. Las estimaciones realizadas indican la posibilidad de crear en un período de cuatro-cinco años cerca de 6.000 puestos de trabajo en sectores como el aeronáutico y electrónico, por considerarse que son los que generan más empleo. Los expertos no consideran descabellado este proyecto, ya que se cree que estos sectores son los que requieren una mayor inversión para un país con un desarrollo como el español.

La financiación, lo más difícil

El plan de reestructuración naval irá arropado por un programa financiero que supone, sin duda, tino de los aspectos más complicados de todo el texto, Ya que el presupuesto, tal como está enfocado, no resulta válido para situaciones de reestructuración industrial como lo demanda la actual situación de la economía española. En este sentido, el recurso de los créditos extraordinarios -decisión del Gobierno- se considera absolutamente básico y de lo que depende el éxito, no sólo de la operación con el sector naval. sino también con el siderúrgico. La decisión, pues depende del Ministerio de Hacienda, último escalón antes de presentarlo a las Cortes para su aprobación definitiva.

El programa financiero que contempla el plan prevé inicialmente un total de 11.000 m Illones para ampliación de capital en las tres empresas afectadas y que se repartirán entre Bazán (mil millones), Astano (3.000) y Astilleros Españoles (7.000). Además, se requiere un total de 16.000 millones de pesetas para refinanciación de la deuda de las tres industrias navales. Esta necesidad de recursos suman un total de 27.000 millones de pesetas que deberán llegar ví,a crédito extraordinario tras su aprobación en las Cortes.

En este sentido, se apunta que no existe otra vía de financiación dada la estructura del presupuesto del Estado, ya que el INI, entidad que podría hacerse cargo de esto, cuenta con unos recursos para estos fines absolutamente insuficientes.

Como ejemplo de cuál es la situación Financiera de las tres empresas implicadas en la reestructuración, cabe señalar los siguientes datos: las pérdidas para las tres empresas, en 1978, estaban previstas en torno a los 9.500 millones. El déficit financiero de AESA al finalizar el presente año ascenderá a 17.000 millones, déficit al que deberá añadirse el de Astano. por un importe de 3.600 millones y el de Bazán, de 2.300 millones. El déficit financiero conjunto, a finales del presente año, se elevará a cerca de 23.000 millones de pesetas, el cual hasta el momento se ha financiado por la vía de impago a los proveedores y, Seguridad Social.

Otro aspecto de los costes que supondrá la reestructuración del sector es el de la Seguridad Social y la cifra que supondrá realizar la regulación de plantilla prevista. Aunque el ministro no ha querido adelantar cifras en torno a este tema. círculos bien informados han significado que la cifra anual podría superar ampliamente los 4.000 millones de pesetas.

Acuerdo del Gobierno

Una de las mayores complicaciones con que se ha encontrado la aprobacíón del plan de reestructuración del sector ha sido la buena cantidad de competencias interministeriales que confluyen en el tema. Así, Transportes, Sanidad y Seguridad Social, Comerclo, Hacienda, Economía e Industria, son departamentos que han tenido algo que decir, por lo que las tensiones entre ellos han sido habituales.

Esto, al parecer, se ha solucionado desde que el Ministerio de Economía ha tomado cartas en el asunto y se ha centralizado en la vicepresidencia la discusión del plan de ajuste. Ello hace esperar que la puesta en práctica del programa, una vez que cuenta con las bendiciones del vicepresidente segundo, no se enfrente con problemas graves de competencias.

En la medida en que es posible, las centrales sindicales consultadas han mostrado su acuerdo con la solución adoptada y así lo han dejado señalar en una rueda de prensa realizada al efecto.