Los grupos del consenso rechazaron la iniciativa popular como contraria a la democracia parlamentaria

Alianza Popular y el diputado republicano catalán Heribert Barrera coincidieron ayer, sin éxito, en la defensa de la iniciativa popular, como elemento corrector de la democracia parlamentaria. AP, por medio de Manuel Fraga, se empleó a fondo en este tema, reclamando la iniciativa legislativa, las delegaciones de grupos de intereses ante las comisiones parlamentarias y la conveniencia de potenciar el referéndum, punto este último en el que contó con el apoyo del señor Barrera. Los grupos partidarios del consenso constitucional -y de forma destacada UCD y los comunistas- se opusieron a estas enmiendas-, por entender que podrían estorbar la consolidación del sistema parlamentario. Las enmiendas fueron rechazadas.El primer artículo sometido a debate en la sesión de ayer, el 71, regula el derecho de petición a través de las Cámaras. Alianza Popular propuso que las comisiones parlamentarias puedan recibir delegaciones de gnupos legítimos de intereses, en sesiones públicas.

Contra esta propuesta, defendida por el seño Fraga, se expresó el diputado socialista Luis Solana, quien estimó que no debían constitucionalizarse políticas paralelas a la del Parlamento, en donde están representados los grandes intereses nacionales.

La alusión del señor Solana a los intentos aliancistas por incluir en la Constitución prácticas habituales durante los cuarenta años de dictadura, dieron pie al señor Fraga para que, en la explicación de voto, manifestara que AP pretende evitar otros cuarenta años como los anteriores, intento que no va a ser posible a causa de las posiciones de los otros grupos. Esta postura catastrofista fue mantenida a lo largo de la jornada por el señor Fraga, quien advirtió con acentos pesimistas sobre el futuro político de nuestro país.

Más tarde, y durante el debate del artículo 81, el señor Fraga defendió la iniciativa legislativa popular, solicitando que lo establecido en el texto del p roy écto se modificara en el sentido de que bastarán las firmas acreditadas de 500.000 electores para poder someter al Congreso proposiciones de ley. Como la anterior enmienda de AP, esta fue rechazada (la primera con once votos favorables y esta última con 15).

En la defensa de una nueva enmienda sobre el referéndum, que AP intentó extender a las leyes aprobadas por las Cortes y aún no sancionadas y a la derogación de leyes en vigor, el señor Fraga declaró que su grupo no buscaba una democracia sin partidos, sino el estáblecimiento de una compensación del sistema partidista, a través de una democracia directa o semidirecta. Criticó la redacción aprobada por la Comisión para el artículo 86, según la cual una pequeña diferencia de votos fraguada tal vez en un restau.rante prevalecería sobre la voluntad popular, al haber dejado subsistente solamente la modalidad del referéndum consultivo, en el que vio el peligro de que el Rey pueda,seguir una opinión contraria a la manifestada por el pueblo.

En contra de esta enmienda se expresó, por UCD, José Pedro Pérez Llorca, quien manifestó que la propuesta de AP podría producir' conflictos graves entre lit Cámara y el pueblo en el momento actual. Añadió que, uria vez consolidado un sistema parlamentario racionalizado será el momento de poderle adjuntar fórmula de democracia directa. Mientras tanto, ponderó el peligro de que minorías fuertemente organizadas puedan oponerse eficazmente a las leyes aprobadas por las Cámaras y a las propias Cámaras.

Heribert Barrera apoyó los argumentos del señor Frac-a al oponerse al carácter consult1 vo del referéndum y a la eliminación de la iniciativa popular del referéndum por parte de las comunidades autónomas.

La enmienda de AP fue rechazada con dieciséis votos favorables, 243 en contra y cuatro abstenciones, y la del señor Barrera con quince votos favorables, 241 en contra y siete abstenciones.