La Constitución abre la puerta a una futura ley del Divorcio

Los cinco primeros artículos del proyecto de Constitución aprobados ayer por el Pleno del Congreso sólo suscitaron debates de cierta consideración en relación con la regulación de la huelga y del matrimonio. Las enmiendas de Alianza Popular sobre estos temas fueron rechazadas y los artículos aprobados con un muy escaso número de votos disidentes, excepto en lo relativo al divorcio, que produjo diecisiete votos en contra.El debate se inició sobre el artículo 26, que regula el derecho de sindicación y el de huelga. Por AP, Alberto Jarabo se opuso al texto procedente de la Comisión constitucional, por amparar la posibilidad de la huelga política.

El socialista Jerónimo Saavedra se manifestó en contra de la enmienda aliancista y aseguró que el texto debatido regula el derecho a la huelga con criterio realista y contribuirá a que la Constitución sea sentida como algo propio por amplios sectores de la población.

La enmienda fue rechazada con catorce votos a favor, 257 en contra y una abstención, mientras que el párrafo correspondiente sólo obtuvo tres votos en contra y 14 abstenciones.

En la explicación de voto, Manuel Fraga declaró que AP no pedía la prohibición de la huelga política, sino su limitación por razones de seguridad, así como evitar que una minoría la imponga a una mayoría. Añadió que su grupo tomaba buena nota de la licitud de la huelga política defendida por los socialistas.

El comunista Jordi Solé precisó que los intereses de una clase social, que no son sólo los estrictamente económicos y corporativos, pueden bastar para justificar una huelga, al margen de las garantías que la ley reguladora de la misma establecerá con base en el texto constitucional aprobado.

El socialista Gregorio Peces-Barba apuntaló la interpretación de su compañero de partido el señor Saavedra. Como ejemplo de huelga política, aludió a las realizadas contra el terrorismo en Italia, con motivo del secuestro de Aldo Moro, y se preguntó si alguien podría atreverse a calificar de ilegales huelgas de este carácter. «En la defensa de la democracia -dijo-, los trabajadores están siempre en primera línea.»

Seguidamente, se aprobó sin debate el artículo 27, que regula el derecho de petición, con tratamiento específico para los miembros de las Fuerzas Armadas. Después, se inició el estudio de los artículos que regulan los derechos y deberes de los ciudadanos.

En relación con el primero de estos deberes y derechos figura el de contribuir a la defensa de España. Una enmienda del PNV, por la que se defendía que el servicio militar, salvo necesidades de la defensa, «se cumplirá en instalaciones situadas dentro de la Región Militar en la que resida el llamado a filas», fue en principio defendida por Antonio Monforte, quien aludió a los momentos trágicos que vive Euskadi, «presagio -dijo- de otros más graves si el Gobierno se niega a reconocer reivindicaciones de derechos históricos como los del País Vasco». A continuación, el señor Monforte dijo que la propuesta de su grupo sería defendida en otro momento y anunció la retirada formal de su enmienda.

AP, contra el divorcio

El artículo 28, que incluye también la referencia a la objeción de conciencia, fue aprobado sin problemas, y asimismo el 29, sobre la obligación de todos a levantar las cargas públicas y el establecimiento de prestaciones personales y patrímoniales sólo con arreglo a una ley.

En el artículo 30, en cambio, los diputados de AP emplearon toda su fuerza argumental para oponerse a la posibilidad de que, por la puerta abierta por la Constitución, pueda colarse en el futuro el divorcio. El párrafo inicial, que establece la «plería igualdad de derechos y deberes» del hombre y la mujer, que podrán contraer matrimonio a la edad núbil.

La enmienda de Gregorio López Bravo al párrafo segundo fue rechazada con 20 votos a favor y 260 en contra. La propuesta del señor López Bravo consistía en que la Constitución dijera lo siguiente: «El Derecho Civil regulará las formas del matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y sus efectos.» El diputado de AP manifestó que no era procedente un pronunciamiento constitucional sobre el tema, en torno al cual guardan silencio -según datos que aportó- las Constituciones de 50 países, que no regulan el matrimonio, y las de otros 42, que no se ocupan de la disolución, mientras que sólo las de Cuba, Portugal, Chipre, Japón y Ruanda regulan el divorcio. Aseguró que el divorcio ofende a las conciencias de «millones de españoles» y se dirige contra la unidad y estabilidad de la familia.

Pedro Mendizábal reforzó el planteamiento de su compañero de grupo, al defender una enmienda similar en base a razones de técnica jurídica y oportunidad política. Entre las escasas posibilidades de disolución del matrimonio concebidas por el señor Mendizábal figura la muerte de uno de los cónyuges. Cuando la explicitó ante el pleno, del hemiciclo se desprendió un murmullo. Advirtió el peligro de que, ante la aprobación del texto que abre la puerta al divorcio, algunos millones de españoles, convencidos en conciencia de la indisolubilidad del matrimonio, tendrían que oponerse a la Constitución en el referéndum.

El socialista Vicente Sotillo señaló que la regulación del matrimonio prevista conduce a una ley posterior para la regulación de su disolución, y que en todo caso el divorcio no se le impondrá a nadie, ya que será una decisión de cada ciudadano y ciudadana afectados. «No se trata de imponer -dijo- sino de permitir».

La enmienda del señor Mendizábal fue rechazada con 14 votos a favor, 272 en contra y 4 abstenciones. Seguidamente, sé aprobó el texto del párrafo, que resultó aprobado por 269 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones.