La fuerza del watio

Recónditos y probablemente fácticos poderes han alterado sustancialcialmente el último proyecto del Plan Energético, en el tránsito desde la mesa del Consejo de Ministros a la Secretaría del Congreso de los Diputados. El texto aprobado por el pleno del Gabinete era ya notablemente diferenciado del que elaborara el Grupo de Trabajo en la etapa Fuentes, y que, de alguna manera, se erigió en detonante de la crisis ministerial de finales del pasado mes de febrero.Entre las modificaciones destacan las que afectan al sector eléctrico, incluido el tema de las centrales nucleares. No es una casualidad que las compañías eléctricas, inspiradoras de una campaña contra las conclusiones de aquel grupo de trabajo alaben ahora sin disimulo el texto finalmente entregado a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Es un secreto a voces que los sectores más integristas del sector eléctrico, oscurecidos a finales del pasado año, han recuperado una parte sustancial de su tradicional poder y recompuesto sus mecanismos de influencias. Es igualmente notorio que otras reformas planteadas, especialmente en el ámbito petrolero, han sido torpedeadas por las eternas estructuras de poder existentes en el seno de la Administración española. Areas de poder tras las que Inevitablemente se esconden no pocas ambiciones personales, frecuentemente de quienes consideran el ejercicio de la jerarquía en la función pública como algo inamovible y vitalicio, no importa en qué estamento, parcela o estructura concreta. Una de las características de la Administración española, en sus niveles jerárquicos, que por cierto escandaliza en no pocos medios, es que la inmensa mayoría de quienes ingresan en ella se quedan.

A partir de ahora, las Cortes y los distintos grupos parlamentarios deberán enfrentarse a la responsabilidad de estudiar y probablemente modificaíel texto que les ha llegado. Muy poco cabrá decir en favor de nuestros parlamentarios si el Plan Energético se aprueba finalmente en su actual redacción. Los criterios que subyacen en las modificaciones realizadas a última hora responden a filosofías político-económicas vergonzantes y los procedimientos utilizados para insertarlos en el texto definitivo deben ser calificados, con la terminología más suave, como claramente antidemocr,áticos.

Las mentes más preclares del sector eléctrico -que es de esperar impongan alguna vez la fuerza de sus argumentos- deberían aconsejar a sus colegas la adopción de actitudes más modernas. Porque el sector eléctrico, con su intransigencia, intenta prolongar su siniestro pasado a costa de comprometer su futuro a medio plazo, cuando sus poderes sean menos influyentes y el país más consciente de las ventajas y desventajas que puede obtener de un sector estratégico, como el eléctrico, en manos privadas. Los países que tienen fe en la economía de mercado han dado ya pasos en esta línea.

Una última consideración que engarza con lo anteriormente dicho es que el sector eléctrico no ha estado, solo a la hora de su actuación. Junto a él se han encontrado otros sectores íntimamente relacionados con los proyectos eléctricos e incluso un cierto número de parlamentarios adscritos a grupos políticos no demasiado alejados del poder que han conseguido sus objetivos tras una perseverante postura digna de mejores causas.