La lucha contra el terrorismo en Europa

La imposibilidad de organizar a nivel mundial un plan de represión del terrorismo ha determinado que las medidas adoptadas hasta ahora se hayan visto limitadas a ciertos actos específicos, como los convenios concluidos en el marco de la OACI referentes a la piratería aérea, o a regiones determinadas, como el convenio de represión de¡ terrorismo del Consejo de Europa, suscrito por España el 27 de abril de este año.Al mismo tiempo, algunos países han incrementado su colaboración en este campo. Una de las pruebas más recientes han sido las conversaciones secretas celebradas el pasado mes de abril en Ginebra, entre los ministros del Interior de Italia, Suiza, República Federal de Alemania y Austria.

Sin embargo, aunque en Europa existe una preocupación creciente por el tenia, las medidas adoptadas en los diferentes países han ido dirigidas sobre todo a un reforzamiento de los mecanismos de orden público, no sólo en función del terrorismo, sino del aumento general de la delincuencia. En Gran Bretaña, en 1974, se autorizó a la policía a prolongar las detenciones hasta 418 horas sin autorización del juez.

En Francia, una serie de leyes aumentaron las facultades policiales en cuanto a los registros, al tiempo que se agravaban algunas penas establecidas para determinados delitos una de estas leyes fue declarada anticonstitucional posteriormente).

En Italia, tras el secuestro de Aldo Moro, el Gobierno aprobaba una serie de medidas extraordinarias por decreto-ley, aumentando las penas a los secuestradores de personas y dando mayor autonomía a la policía en cuanto al secreto de sumarlo, interrogatorios, intercepciones telefónicas, etcétera. La República Federal de Alemania ha sido la que ha reaccionado de forma más tajante; una ley antiterrorista aprobada el pasado 14 de abril, que venía a unirse a una serie de medidas aprobadas anteriormente, establecía controles rigurososa la comunicación entre los presuntos terroristas y sus abogados, autorizaba a la policía para que en el caso de proceder a una redada pudiese detener el tráfico rodado o peatonal y para poder registrar barriadas o edificios sin previo mandamiento judicial cuando abrigase sospechas de que en ellos puede ocultarse un supuesto activista.