Los conservadores británicos promoverían la privatización de empresas públicas

Entre los conservadores moderados británicos comienza a cundir el temor de que la guerra fría que la cúpula del partido sostiene con los sindicatos pueda desembocar en un choque frontal de consecuencias imprevisibles si los tories ganan las próximas elecciones generales. El motivo inmediato de este malestar es la publicación en el semanario The Economist, de un documento secreto del partido en el que se perfilan planes sobre desnacionalización de sectores clave y se clasifican las industrias y los servicios según el poder de sus trabajadores para crear una situación de caos mediante la huelga.

Se trata de la segunda filtración importante de un documento conservador en materia de política laboral. El mes pasado fue publicado por el Times otro memorándum tory, sometido a la jefe del partido, en el que se contemplaba la posibilidad de que un futuro gobierno conservador sea incapaz de controlar a unos sindicatos hostiles.El nuevo informe procede de un diputado de la extrema derecha conservadora, Nicholas Ridley, y aunque no ha sido adoptado todavía como oficial por el partido se sabe que ha sido discutido en dos altos comités de la formación opositora.

Fuentes bien informadas coinciden en sugerir que se estaría librando una batalla ideológica entre los bastidores del Partido Conservador británico, en la cual el ala más radical, encabezada por la señora Thatcher, intentaría imponer a los moderados del Gabinete fantasma sus puntos de vista cara a la definición global de la estrategia del partido ante las próximas elecciones generales.

Entre los puntos fundamentales del documento sobre industrias nacionalizadas revelado por The Economist figuran los siguientes: fragmentación de algunas industrias y venta posterior al sector privado o a cooperativas de trabajadores; fin de los monopolios en el sector público; desaparición del control de precios y salarios en las industrias nacionalizadas; exigencia a las que subsistan de unos objetivos económicos irrenunciables, a cuyo logro se supeditaría todo lo demás, incluso si fuera necesario el cierre de plantas improductivas y la liquidación o venta en parte del sector.

Centrándose en las relaciones con los sindicatos, el memorándum clasifica en tres zonas de peligrosidad las industrias nacionalizadas, según la vulnerabilidad de un Gobierno conservador para enfrentarse a sus trabajadores en caso de confrontación, en el primer grupo -choque a evitar- figuran agua, electricidad, saneamiento, gas y sanidad. En el intermedio se citan los ferrocarriles, muelles, carbón y servicio de limpieza pública. El tercer grupo, el menos vulnerable al caos, está formado por otros transportes públicos, educación, puertos, teléfonos, líneas aéreas y acero.

Para luchar contra una «amenaza de los enemigos del próximo Gobierno conservador... apoyada por toda la fuerza de los agitadores comunistas» un anexo del documento Ridley sugiere medidas especiales en el sector del carbón, convertido en el más peligroso por la militancia de sus trabajadores. Entre ellas figuran la acumulación de stocks, la previsión de importaciones masivas, la conversión del sistema de combustión en las centrales eléctricas y la contratación para su transporte de camioneros no sindicados. Una fuerza policial específica, de gran movilidad y dotada de los medios necesarios, se enfrentaría a les piquetes violentos. El borrador conservador ha sido inmediatamente puesto en la picota por los ministros laboristas. Para el de Industria, Eric Varley, se trata de un «anteproyecto de guerra civil industrial». El de Energía, Tony Benn, ha acusado a la oposición de planear un choque con los sindicatos con la precisión de una campaña militar. Un largo fin de semana prolongado por la festividad del lunes ha contribuido a la ausencia de respuesta por parte de los líderes sindicales.

La profunda inquietud despertada en el seno del partido por la fuga del documento sobre desnacionalización ha obligado a una declaración conjunta de sus portavoces más afectados: el de Industria, Keith Joseph, muy próximo a la señora Thatcher, y el de Empleo, James Prior, un moderado dentro del Gabinete fantasma: «Queremos paz industrial, pero no solamente en los términos dictados por los dirigentes sindicales y dañando los intereses, de los trabajadores Y del país... Por eso es correcto considerar, como cada Gobierno debería hacerlo, la manera de proteger lo vulnerable en caso de abuso por los sindicatos de su poder», dijeron textualmente.