La incorporación de los trabajadores a la gestión de la empresa en Gran Bretaña suscita fuertes reacciones

El proyecto laborista para que los trabajadores británicos se incorporen al aparato decisorio empresarial y estén representados en los consejos de administración -lo que aquí se conoce como democracia industrial- ha suscitado las primeras reacciones apasionadas y opuestas, horas después de ser presentado formalmente por el primer ministro. La Confederación de Empresarios, los directivos de las grandes compañías y el Partido Conservador han recibido el libro blanco gubernamental con manifiesta hostilidad. Los líderes sindicales moderados lo consideran un peldaño esencial en el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Para la izquierda laborista y los dirigentes obreros radicales, las sugerencias del Gobierno son un «maquillaje de democracia» en la empresa que no cambiará nada sustancial.

Las cautelosas propuestas hechas públicas por James Callaghan, casi año y medio después de la publicación del llamado. Informe Bullock, sobre la modificación de las relaciones industriales en Gran Bretaña, no serán operativas, si lo son alguna vez, hasta por lo menos pasados cinco años.La mera y fundamental razón es que es necesaria una sólida mayoría laborista en los Comunes para que sea aprobada la legislación oportuna. Lo que condiciona el proyecto decisivamente al resultado de las próximas elecciones generales. La segunda es que el proyecto laborista contempla el cambio como algo no compulsivo, sino como fruto de acuerdos y pactos entre empresarios y trabajadores que no podrán, en ningún caso, modificar las estructuras vigentes antes de 1982 ó 1983.

El leit motiv gubernamental es que en un Estado democrático, la democracia no puede acabarse en las puertas de las fábricas o las oficinas y que el sistema actual de hipotética consulta entre dirigentes y empleados deja mucho que desear. Para el señor Callaghan -se trata de sustituir la coexistencia defensiva por una asociación positiva- es necesario que los trabajadores tengan una voz más decisiva en la dirección de su empresa, puesto que las decisiones que ahora son tomadas sin su participación afectan sus intereses de forma directa y a veces grave.

El libro blanco «Democracia Industrial» anticipa que no es propósito del Gobierno imponer por ley sus puntos de vista, pero si anuncia la disposición del Gabinete a hacer aprobar un esqueleto legal que facilite la conversión que considera imprescindible para mejorar la eficiencia de la industria británica, anticipando que proseguirá sus consultas con todas las partes interesadas antes de introducir proyectos de ley concretos.

El Gobierno ha enunciado claramente sus dos objetivos fundamentales:

- Que en las compañías que emplean a más de quinientas personas, la dirección esté obligada a discutir previamente con los representantes de los trabajadores los puntos fundamentales de su estrategia: inversión, fusiones, expansión, absorciones, cambios de organización, etcétera. Para evitar la dispersión que supondría tratar estos temas con cada sindicato implicado en la actividad de la empresa, el Gobierno propone la creación de un comité intersindical.- Que en las compañías con más de 2.000 trabajadores, éstos tengan el derecho, si así lo solicitan y lo votan, de sentar a sus representantes en el consejo de administración, junto a los accionistas. El Gobierno propone dos niveles de consejo netamente diferenciados: en el primero, donde estarían los representantes de los empleados, e integrarían los estrategas empresariales, quienes dirigen la política general de la compañía y toman las decisiones importantes. El segundo escalón estaría formado por gerentes y directivos, encargados del desarrollo cotidiano de la actividad de la compañía, y sería más técnico y administrativo, aunque en el Informe Bullock que ha dado pie el libro blanco, se sugería un número igual de representantes para los accionistas y los trabajadores, el Gobierno británico no ha ido tan allá en sus propuestas y, sin descartar la paridad como objetivo deseable, lanza como globo-sonda la idea de un tercio del alto consejo en manos de los empleados.

El señor Callaghan dijo al Parlamento, y después a los periodistas, que es propósito de su Gabinete llevar también a las empresas nacionalizadas hacia la democracia industrial. Para ello, los presidentes de las compañías estatales deberán tener listas en agosto propuestas viables de participación discutida con los representantes de los trabajadores. Todas las sugerencias acumuladas serán de nuevo sometidas a crítica y consulta con empresarios y sindicatos.

El primer ministro ya ha salido al paso de las primeras objecciones prácticas planteadas por los conservadores al asegurar que, si bien considera la vía sindical como cauce directo para conducir el, proceso, los trabajadores no afiliados sindicalmente no sufrirán ningún tipo de marginación y su voz y su voto tendrán idéntico valor que el del resto en la reforma sugerida.