Próximo consejo de guerra contra un actor vasco

En la primera quincena de junio se celebrará un consejo de guerra contra el actor de teatro Ramón Sagaseta, acusado de ultrajar la bandera española en la representación de la obra Vamos a contar verdades, que gozaba de todos los permisos gubernativos necesarios para su puesta en escena en un teatro de Alava.

Ramón Sagaseta, navarro de dieciocho años y miembro del grupo de teatro vasco Lagunak, tendrá que comparecer en Burgos ante un consejo de guerra en el que el fiscal pedirá dos años de prisión por «secarse el sudor de su frente con la bandera de España en la representación de la parodia que se llevó a cabo en un local de la capital alavesa».«El Gobierno es el auténtico responsable del gravísimo atentado cometido contra la libertad de expresión al permitir que la jurisdicción militar juzgue a un actor de teatro por representar el guión previamente admitido por las autoridades competentes.» Esta es la opinión de José María Sarasibar Iraizoz, que junto a su defendido, Ramón Sagaseta participó ayer en una rueda de prensa celebrada en la capital donostiarra. En la parodia Vamos a contar verdades, el actor acusa do hacía el papel de un locutor d televisión, cuya pantalla estaba cubierta, por la bandera de España y en un momento de la representación teatral, al increparle cuatro o cinco actores, se secó varias veces el sudor de la frente con la bandera nacional. Finalizada la representación, dos inspectores de policía procedieron a la detención del actor, que fue trasladado a la prisión de Segovia, donde permaneció veinte días encarcelado, hasta que el juez ordenó su libertad provisional.

En la rueda de prensa, el abogado de Ramón Sagaseta manifestó la urgente necesidad de relegar a la jurisdicción militar aquellos delitos cometidos por militares y no por civiles. A pesar de esta opinión del letrado, manifestó que no hay que culpar a los militares por la situación creada y otra que se ha producido recientemente, como el proceso contra Els Joglars, sino que la verdadera responsabilidad recae en el Gobierno por su arbitrariedad, ya que a pesar de ser el promotor del pacto de la Moncloa, hace caso omiso del artículo séptimo en el que se señala que la jurisdicción militar sólo tendrá vigencia en los asuntos que directamente le competen.