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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

En vísperas del 1 de mayo

LAS GRANDES manifestaciones anunciadas para mañana, convocadas por las centrales sindicales y autorizadas por el Ministerio del Interior para recorrer el centro de las grandes capitales, son la mejor prueba de la considerable distancia que ha recorrido nuestro país, de manera pacífica y de forma a veces tan gradual que pasaba inadvertida, en un breve lapso de tiempo. Los carnavales folklóricos con que la dictadura celebraba la festividad de San José Artesano (ingenua argucia que el régimen ideó en 1956 para ocultar los paros que se producían al ser el 1 de mayo día laborable) parecen ya perdidos en un pasado borroso; y los duros enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública con ocasión de la primera Fiesta del Trabajo del posfranquismo han dejado paso a una civilizada negociación entre las centrales sindícales y el Gobierno. Es seguro el propósito pacífico e incluso el ánimo de fiesta de los cientos de miles de trabajadores que ocuparán mañana las calles de las ciudades y de los pueblos españoles para celebrar una fecha tan hondamente arraigada en la tradición del movimiento obrero. No resultará superfluo, sin embargo, prevenir a los organizadores y a los servicios de orden contra los provocadores, que, desde la extrema derecha o la extrema izquierda, aprovecharán la más mínima ocasión para enturbiar las aguas. Aunque la libertad sindical es un derecho inalienable de los trabajadores, no deja de ser también preocupante que la existencia de otras convocatorias fuera de la anunciada por CCOO y UGT, que son las centrales mayoritarias, pueda servir de pretexto para incidentes y alteraciones del orden. Con independencia de su significación como soldadura con un pasado abrutamente roto hace más de cuarenta años y cuyos orígenes se remontan a fines del siglo XIX, y con independencia también de su carácter de símbolo de la solidaridad internacional del movimiento obrero, este 1 de mayo de 1978 posee un contenido reivindicativo específico. Medidas eficaces contra el paro, la defensa del proyecto de ley de Acción Sindical, la entrega del patrimonio sindical del verticalismo a las centrales y la inclusión de los derechos de los trabajadores en la Constitución son las principales consignas avanzadas por los convocantes de las manifestaciones. La especial mención en los llamamientos a la solidaridad internacional con Chile, Argentina y Uruguay constituye una buena muestra de que los vínculos afectivos con los pueblos de nuestro idioma no han sido destruidos por décadas de retórica y de complicidades con las dictaduras de Suramérica.

Mucho ha llovido desde que la II Internacional decidió en 1889 hacer suya la fecha con la que el sindicalismo estadounidense inició la lucha por la jornada de ocho horas. Las celebraciones sangrientas del 1 de mayo, comenzando por la que en 1886 victimizó a los «mártires de Chicago», fueron siendo desplazadas progresivamente por pacíficas fiestas populares. Lo que en su día fueron duras jornadas de paro en días laborables figuran hoy en los calendarios de todos los países civilizados como fechas de descanso. Las reivindicaciones que alimentaron a fines del siglo pasado las movilizaciones de los trabajadores han sido satisfechas hace ya muchas décadas. Las condiciones de vida de los trabajadores han mejorado espectacularmente en las sociedades industriales avanzadas, e incluso la naturaleza misma de la población asalariada ha sufrido tales transformaciones en los países democráticos que hoy día el 1 de mayo es una celebración en la que participan tanto los obreros industriales como los trabajadores de cuello blanco, integrados en un sector terciario en progresiva expansión, y los profesionales que apuestan por un nuevo modelo de sociedad.

Este nuevo paisaje de la estratificación social es lo que permite contemplar con esperanza el proceso de negociación mediante el cual las centrales sindicales, las organizaciones de empresarios y el Parlamento deben tratar de resolver las cuestiones sobre las que versan las consignas reivindicativas de este 1 de mayo. Las medidas contra contra el paro realmente resolutorias serán únicamente las que, a medio o largo plazo, logren una reactivación general de nuestra economía y un incremento de las inversiones que garanticen una situación lo más cercana posible al pleno empleo. Entretanto, un aumento de los fondos públicos asignados al seguro de desempleo que resulte compatible con los planes globales para el saneamiento de nuestra economía y una administración más eficaz y diligente de su distribución son las únicas medidas que, sin caer en la demagogia, pueden exigir las centrales; a las que, a su vez, cabe pedirles que emprendan una campaña de moralización entre los beneficiarios del seguro de desempleo, a fin de evitar abusos que, a la postre, muestran una profunda insolidaridad de clase.

La inclusión de un código de derechos de los trabajadores en la Constitución se mueve en un terreno fronterizo con el gusto por la retórica y la imprecisión de los legisladores económicos; pues la primera dificultad es delimitar el campo mismo de significación de esa categoría, que puede incluir desde el peón hasta el campesino que trabaja la tierra o el ejecutivo que precibe un sueldo.

La fórmula tiene el inconveniente añadido de disociar las categorías de «ciudadano» y «trabajador», con el evidente peligro de suscitar similares peticiones en otros grupos sociales también definidos complementariamente por sus determinaciones ideológicas o de ingresos. La devolución a las centrales históricas de los bienes que les fueron incautados tras la guerra civil y la reglamentación del uso del patrimonio acumulado por el verticalismo a lo largo de mas de tres décadas, no deben esperar más tiempo si el Gobierno desea realmente que funcionen en España unas relaciones industriales propias de un país avanzado.

En cuanto a la ley de Acción Sindical, la campaña desatada por las organizaciones empresariales y la actitud adoptada por las centrales en defensa del proyecto salido de la ponencia hacen necesario un punto de acuerdo. Es de esperar que los grupos parlamentarios más afines con una y otra postura sepan encontrar fórmulas adecuadas para sacar del actual callejón sin salida al conflicto.

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