El Tribunal Supremo anula la amnistía a los presuntos asesinos del señor Bultó

La concesión de la amnistía por la Audiencia Nacional, el pasado 10 de noviembre, a los presuntos asesinos del industrial catalán señor Bultó ha sido anulada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En una sentencia, hecha pública recientemente, la citada Sala ha estimado el recurso interpuesto en este caso por el ministerio fiscal.Los argumentos alegados para anular la amnistía han sido que no está probado que hubiese intencionalidad política en los hechos, así como tampoco la finalidad de reivindicar las autonomías, requisitos indispensables establecidos por la ley de amnistía de 17 de octubre pasado para aplicar dicha medida de gracia a los delitos cometidos entre el 15 de diciembre de 1976 y el 15 de junio de 1977, de los que se hubieran derivado muerte o lesiones graves.

En la sentencia aludida se estima que la intencionalidad política debe ser apreciada por el Tribunal, es decir, que éste debe valorar la veracidad del móvil alegado, «valuación que debe ir precedida de una investigación y prueba detenidas y serias, so pena de dar pie en el futuro a que cualquier banda de atracadores pueda lograr la completa indemnidad de sus fechorías alegando supuestos fines políticos».

En relación con el caso Bultó, la sentencia del Tribunal Supremo señala que resulta al menos sospechoso que ningún grupo político reivindicara la autoría del hecho, que a los detenidos no les fuera ocupada ninguna clase de propaganda, que dicho grupo careciera de nombre de combate a pesar de llevar año y medio funcionando, y que no acreditara en ningún momento la existencia de colaboración o relaciones con otros grupos independentistas catalanes.

A favor de la conceptuación del hecho como delito común, la sentencia estima la poca relevancia política del señor Bultó en comparación con su potencialidad económica, el que todos los personajes que se mencionaron como sometidos a vigilancia por dicho grupo no fueran figuras políticas destacadas, sino personalidades descollantes en el mundo de las altas finanzas catalanas y que todos los inculpados no hubieran realizado ni tuvieran en proyecto ninguna operación de significación puramente política, sino solamente lo que ellos denominaban «operaciones económicas».